Lo que dicen los datos sobre el supuesto vínculo entre inmigración y delincuencia agitado por Vox en campaña

Vox ha dado un paso más en su retórica para agitar el miedo a la inmigración. Si bien la supuesta vinculación de la llegada de migrantes con la criminalidad ha sido una constante en el discurso de la formación liderada por Santiago Abascal –en sintonía con los argumentos empleados por otros líderes de extrema derecha en diferentes partes del mundo–, esta vez ha decidido que sea el eje de uno de sus vídeos electorales, en el que relacionan sin tapujos ambos fenómenos utilizando imágenes de peleas callejeras y de personas intentando saltar una de las vallas con Marruecos. Televisión Española ha decidido frenar la emisión del vídeo durante el horario de máxima protección infantil por “su extremada violencia”.

Sin embargo, la imagen alarmista proyectada por el partido de extrema derecha no casa con lo que dicen los datos. En primer lugar, España no vive una crisis de seguridad ciudadana sino que se trata de uno de los países más seguros de Europa.

Si atendemos a las cifras que miden, por un lado, la evolución del fenómeno migratorio y, por otro, la criminalidad en España, encontramos que entre el año 2000 y el 2014 la población extranjera residente en nuestro país aumentó de forma exponencial: de representar el 2,28% pasó al 10,74%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato mide el número de personas empadronadas, es decir, tiene en cuenta a quienes tienen autorización de residencia, y también a quienes se registran en el padrón sin tener papeles.

Este incremento no vino acompañado de un repunte de las tasas de criminalidad –que mide el número de infracciones penales por cada 1.000 habitantes–, más bien al contrario: estas se redujeron levemente en este mismo periodo, del 45,9 al 44,7, de acuerdo con los balances del Ministerio del Interior. En otras palabras, durante los años en los que España ha visto cómo crecía el número de extranjeros en su territorio, los niveles de delincuencia han descendido.

Por el contrario, en 2018 –el dato más reciente–, la tasa de criminalidad ha sufrido un ligero aumento, hasta los 45,6 delitos por cada 1.000 habitantes. ¿Qué ha pasado en este mismo periodo con la población extranjera que reside en España? La dirección es la contraria: del 10,74% sobre el total de la población ha caído al 10,13%, según el INE. Una vez más, este dato no solo se refiere a personas que no tienen su situación administrativa regularizada, aquellas contra las que Vox dirige especialmente su discurso. En 2018 se registró el máximo histórico de entradas irregulares en España, con 58.569 llegadas por mar. Pero no hay datos oficiales que precisen cuántas personas se encuentran actualmente sin papeles en nuestro país. En muchas ocasiones, tras cruzar la frontera española, no se quedan en el país, sino que continúan su trayecto migratorio hacia otros Estados europeos.

La mayoría de los delincuentes son españoles

“Que nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente suelen ser extranjeros, le tire del bolso”, afirmó Abascal en un mitin de Vistalegre hace algo más de un año. La idea de que la mayoría de los criminales son inmigrantes, propagada por Vox, es falsa. No existen estadísticas oficiales sobre población inmigrante y delincuencia. Lo que el INE permite conocer cada año es la nacionalidad, por continentes, de los condenados.

Si se analiza en términos absolutos, en 2018, el grueso de las personas a las que los tribunales declararon responsables de delitos –desde homicidios hasta amenazas– eran españolas, el 76,3% (218.695 de 286.637). O lo que es lo mismo, uno de cada cuatro delincuentes era de nacionalidad extranjera. Procedían principalmente de algún país de la UE (22.218), seguido de América (20.291) y África (19.074), y solo suponen el 1,43% del total de inmigrantes que, según el INE, viven en nuestro país.

La tendencia se mantiene más o menos estable a medida que se desgranan los diferentes delitos, también los que Vox menciona explícitamente en su spot, las “agresiones contra las mujeres y los homosexuales”. Según los informes de Interior, la gran mayoría de los investigados y detenidos por delitos sexuales (70,1%, en 2017), sufridos predominantemente por mujeres, y los delitos de odio (79,7%, en 2018) –que incluye discriminación por orientación sexual pero también otros como el racismo–eran españoles.

Durante el debate, el líder de Vox utilizó datos falsos una vez más para tratar de unir inmigración y violencia sexual, asegurando que tras 'la manada' de Pamplona ha habido “otras cien manadas” y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. No hay datos oficiales en España de violaciones grupales: la estadística sobre delitos contra la libertad sexual no detalla cuántas de esas agresiones se producen en grupo. Según el portal Feminicidio.net, que recoge los casos publicados, hubo 18 agresiones grupales en 2016, 14 en 2017, 60 en 2018 y 63 en 2019. No hay datos sobre la nacionalidad de los agresores imputados por este delito. Si se mira de nuevo los datos global de todos los delitos contra la libertad sexual, los datos de 2017 muestran que el 30% de los detenidos fueron extranjeros.

Sin embargo, si se compara con la población a la que representan –el 10,13% de los habitantes en España son extranjeros– la proporción de no españoles sobre el total de condenados por todos los delitos contabilizados es algo mayor, el 23,7%.

Expertas como Elisa García España, profesora titular de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga, señalan la necesidad de mirar las condiciones de la sociedad de acogida. García sostiene que cuando se trata de población extranjera detectada como delincuente en España, “en una mayoría de casos el elemento común es la situación administrativa” irregular motivada por la Ley de Extranjería y que, en el caso de los inmigrantes, “una gran mayoría se encuentra en situaciones o contextos de marginación derivadas” de lo que supone vivir sin papeles, concluye en un estudio de 2014.

En esta situación, prosigue la especialista, “al inmigrante se le impide desarrollar aspectos fundamentales para su integración prosocial en el país, como son la reagrupación familiar, contactos fluidos y constantes con el país de origen, el acceso al trabajo regular, la participación en actividades sociales, el acceso a derechos básicos, etc.”. Así, la consecuencia de la normativa de Extranjería “es la marginación de los inmigrantes irregulares, quedando estos relegados a la economía sumergida”.

Según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 56% de las personas cuya nacionalidad no pertenece a la Unión Europea vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social. El dato es muy superior a la tasa de españoles que viven en esas condiciones, el 23%, y el 47% en el caso de los ciudadanos de la UE. Los extranjeros procedentes de países que no son de la UE también tienen niveles de renta mucho menores. En 2018, la renta media de los nacionales de terceros países fue de 6.715 euros, frente a los 12.282 de la población española, un 45% menos.

“El hecho de ser inmigrante no aporta nada a la motivación delictiva, si no es por el contexto de carencia de oportunidades estructurales legítimas –por ejemplo, migrar de forma regular, con un visado–”, explica García. No obstante, la experta insiste: “Por supuesto, muchos inmigrantes en situaciones de ausencia de oportunidades estructurales y materiales legítimas presentan una alta resistencia a la delincuencia”.

El supuesto vínculo entre la concentración de inmigrantes en determinadas zonas y el nivel de delincuencia ha sido estudiado en países como Bélgica. Tras realizar un análisis durante cinco años, los investigadores rechazaron que hubiera una relación entre inmigración y la delincuencia, y concluyeron que las condiciones socioeconómicas, en especial el desempleo, explican mejor la criminalidad que la procedencia extranjera. También influye en la tasa de delincuencia, como recuerda García en este artículo, las condiciones de violencia de las áreas de acogida.

“Los inmigrantes se ubican de manera desproporcionada en áreas desfavorecidas donde el delito es mayor, simplemente porque no pueden permitirse el lujo de quedarse en áreas más caras o porque tienden a ubicarse en áreas donde hay una gran población de residentes del mismo origen étnico”, sostiene otro informe de 2014 estudió la relación entre la inmigración y los delitos contra la propiedad en Inglaterra y Gales. En el caso de España, con datos del INE, la proporción de extranjeros como responsables de hurtos aumenta respecto a la participación total (del 23% al 34%), aunque la mayoría de los autores siguen siendo españoles.

El estudio sobre el contexto británico concluía que los inmigrantes están menos involucrados en este tipo de delitos, aunque subraya que “los modelos económicos de delincuencia coinciden en que los resultados del mercado laboral son importantes” para explicar que los cometan –por ejemplo, el hecho de que “los inmigrantes sean, en promedio, más pobres y más propensos a estar desempleados”–.

También, mencionan la importancia de las “actitudes de riesgo”, es decir, arriesgarse a la probabilidad de ser detenido y castigado. “Hay algunas razones que sugieren que los inmigrantes pueden estar menos dispuestos a correr riesgos asociados con actividades criminales. Por ejemplo, los delitos son más costosos para los inmigrantes, porque una posible detención pondría en peligro su integración sin problemas en la sociedad del país anfitrión. Incluso puede resultar en la deportación que (...) es un desincentivo importante para cometer delitos”, sostiene el autor del estudio, Georgios Papadopoulos.

En 2012, un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid analizó la inmigración y la delincuencia en España y descartó una correlación alta entre ambos fenómenos. Sus autores coinciden en que “en los países en los que los inmigrantes están mejor integrados, se espera que se cometan menos delitos penales”. Tras desarrollar un modelo empírico propio, los autores llegaron a la conclusión de que la delincuencia se concentra en los varones jóvenes –cuya población es mayor entre la población inmigrante– y en las personas con menos educación.

Vox ha sido especialmente beligerante con los menores extranjeros no acompañados. Según han cuantificado los Mossos d’Esquadra, el 18% ha cometido algún delito desde su llegada a Catalunya, es decir, la inmensa mayoría no caen en la delincuencia. Varios expertos coincidieron en explicar a eldiario.es cómo son el abandono y la falta de recursos públicos los que acaban favoreciendo el conflicto y la exclusión de los menores inmigrantes en España.

“Inmigración y delincuencia son dos realidades que se conectan más por el tratamiento informativo de algunos medios de comunicación y por falsas creencias que por la realidad que ofrecen los datos”, recalcan desde la Agencia Stop Rumores, de Andalucía Acoge. “Es importante poner en marcha medidas contra la exclusión social y la prevención de la xenofobia. Siempre teniendo en cuenta que la inmigración no es una realidad homogénea y no debe ser tratada como tal”.