Del Tarajal a Melilla: muertes de migrantes sin culpable oficial

Julio de 2020. La sede en Ceuta de la Audiencia Provincial de Cádiz da carpetazo a la causa del Tarajal, que investigaba la muerte de 14 personas en la frontera de la ciudad autónoma en un intento de entrada a nado respondido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo lanzados hacia el agua. La intervención se hizo, según los jueces, “de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”. Los guardias civiles implicados, que llegaron a estar imputados y procesados, “no tenían obligación de socorrer” a los migrantes, apuntó el auto, ratificado por el Supremo en junio de este año tras un largo procedimiento que nunca culminó en la apertura de juicio oral. 

Diciembre de 2022. La Fiscalía archiva la única investigación abierta sobre la tragedia de Melilla. “Los agentes mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española”, concluyó el Ministerio Público. “Los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio, por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió”.

Entre las muertes del Tarajal y la tragedia de Melilla transcurrieron más de ocho años, pero -al menos por el momento- el resultado de las investigaciones abiertas en España ha sido el mismo: carpetazo sin culpables oficiales, olvido de las familias de las víctimas y escasa cooperación con Marruecos para esclarecer lo ocurrido. Aunque con menor repercusión mediática, otros casos de fallecimientos de personas migrantes en su intento de alcanzar suelo español también han tenido desenlaces semejantes. 

Seis meses después de los hechos sucedidos en la valla melillense, los allegados de la mayoría de fallecidos y desaparecidos continúan sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos, no han sido reparados por las autoridades ni han alcanzado respuestas por parte de la Fiscalía. Nueve años después de las muertes del Tarajal, los familiares de las víctimas, organizados en una asociación en Camerún, tampoco han encontrado justicia y cuatro de los cuerpos siguen sin identificar, reposando en nichos sin nombre en Ceuta. 

No son casos excepcionales, se trata del destino habitual de las investigaciones sobre tragedias migratorias. No siempre llegan a iniciarse pero, si lo hacen, estos procedimientos suelen acabar archivados sin culpables oficiales. El hecho de que las muertes ocurran entre dos países, la colaboración habitual entre autoridades de distintos Estados para frenar las entradas irregulares, la opacidad que suele reinar en las zonas de seguridad impuestas en los perímetros fronterizos y la “deshumanización” de las personas migrantes son algunas de las razones escondidas detrás de la “impunidad”, alertan las expertas consultadas por elDiario.es. 

“Los dos casos más graves, Tarajal y Melilla, han quedado sin culpables. Además del archivo de la tragedia del 24 de junio, nueve años después, las muertes de Ceuta también siguen impunes. No ha habido juicio en los dos ejemplos prácticos que tenemos, donde han fallecido un importante número de personas. A las familias no se les ha contado una verdad jurídica sobre qué ha ocurrido con sus familiares, no ha habido reparación”, sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Fallamos a las familias, pero también falla el sistema: si quedan impunes se puede volver a repetir”, añade la letrada. 

Helena Maleno, investigadora de migraciones y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, y su equipo han estado en contacto directo con las familias de miles de personas fallecidas o desaparecidas en nuestras fronteras, a través de su sistema de monitorización y alertas de personas en riesgo en el mar. Durante más de dos décadas, su organización ha llamado la atención de cada muerte fronteriza de la que tenía confirmación. Su balance: “Nunca hemos tenido constancia de que haya habido ninguna condena por un fallecimiento en una frontera”. 

Causas

La dificultad de acceso a la justicia es otro de los muros con los que se chocan los familiares de las víctimas. “La impunidad forma parte de la idiosincrasia de la frontera. La impunidad define a la frontera. La colaboración transnacional en la frontera provoca que sea muy complicado buscar culpables desde los tribunales nacionales”, apunta Maleno. 

Las expertas mencionan, por un lado, las características propias de las migraciones clandestinas y la respuesta de las autoridades para explicar los motivos que obstaculizan la búsqueda de responsabilidades en los tribunales. “A nivel jurídico, es complejo vincular la imputación de delitos a las personas responsables. Y, en las fronteras pueden jugar distintos ordenamientos jurídicos de distintos países, lo que deriva a que estemos ante procedimientos más complejos”, añade Muñoz.

Por otro lado, ambas especialistas apuntan a la falta de voluntad ligada al racismo institucional y social: “Si esto sucede en un avión o en un ferri y fallecen decenas de personas, habría una investigación. Y, como sociedad, también se exigiría una investigación hasta que se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades”, considera la abogada de CEAR. “El control de las fronteras es un negocio y, ello, acompañado del racismo institucional provoca que haya una impunidad total y absoluta. Si eres una persona negra y migrante te pueden enterrar sin buscar tu identidad, pero si una persona blanca aparece en el mar en otras circunstancias, la reacción sería otra”, indica Maleno.

El ejemplo del Tarajal

En junio de este año, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación presentados por varias organizaciones contra la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de archivar la causa del Tarajal. La sentencia ratificó el cierre de un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial de Cádiz, hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

La Corte descartó acusar de homicidio imprudente a los 16 agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”, concluyeron los jueces. 

Sobre la denegación de auxilio a los migrantes que trataban de rodear el espigón a nado, la Audiencia Provincial descartó que los agentes imputados tuviesen el deber de auxiliarles. “Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores”, sentenciaron los tres magistrados de la Sala. La Corte justificó que “no se ha acreditado que los mismos les hicieran algún requerimiento al respecto” ni “existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro”.

Durante los ocho años de procedimiento, los juzgados pasaron de señalar a los inmigrantes como responsables de su muerte, a afirmar que las fronteras no son “una zona de excepción” y apuntar a los guardias civiles ante un posible delito de homicidio imprudente. De considerar que estos “no precisaban ayuda”, a concluir que “los agentes investigados podían haberles auxiliado y se abstuvieron” sin justificación. Y, finalmente, llegó el archivo definitivo. 

La acusación popular –formada por tres ONG– denunció trabas constantes a las diligencias solicitadas. Un ejemplo: pasaron cinco años y dos archivos provisionales hasta que el juzgado ceutí encargado del caso accedió, empujado por la Audiencia Provincial, a llamar a declarar a algunos de los supervivientes de la tragedia, testigos claves de los hechos. La magistrada llegó a justificar su negativa a solicitar su declaración por residir “sin papeles” en Alemania, algo que finalmente se demostró que no era impedimento para formalizar la testificación a través de una videollamada. 

Tirar de la 'doctrina Botín'

En 2019, el último archivo librado por el juzgado ceutí tiró de la misma argumentación jurídica que libró al banquero Emilio Botín de sentarse en el banquillo: la doctrina Botín. Las trabas con las que se han chocado las familias de dos de las víctimas en la identificación de los cuerpos hallados en Ceuta y la consiguiente denegación de su personación como acusación particular se convirtieron en claves del auto que desencadenó el cierre de la causa. Los familiares de los fallecidos, aunque lo intentaron, no lograron personarse, explica su letrada. Los progenitores de seis de las víctimas solicitaron sin éxito hasta en tres ocasiones su participación en el proceso. De haber encontrado una respuesta positiva por parte del juzgado, la doctrina Botín no podría haberse aplicado.

Algunos de los padres, madres y hermanos de las víctimas de la tragedia del Tarajal se encontraron con otro escollo a lo largo del procedimiento judicial, el que más dolor provoca a las familias afectadas: casi nueve años después, de los cinco cadáveres localizados en Ceuta los días posteriores a las muertes del Tarajal, solo uno ha sido identificado por las autoridades españolas. La Guardia Civil puso nombre meses después a Roger Nana, de nacionalidad camerunesa, gracias a un teléfono móvil que guardaba en sus pantalones.

Los otros cuatro cuerpos aún reposan en nichos sin nombre del cementerio ceutí de Santa Catalina, después de ser enterrados poco más de 24 horas después de su hallazgo. Mientras, los ocho cuerpos encontrados en el lado marroquí de la frontera fueron identificados en la morgue de Fndeq (Castillejos) y Mdieq (Rincón) por amigos de las víctimas y por la ONG Caminando Fronteras, a través de fotografías enviadas por sus familiares, según la organización.

Los cuerpos de tres de las víctimas, Larios Fotio, Ousmane Hassan y Samba Banjai, no han sido identificados de manera oficial. La ONG Caminando Fronteras intuye que podrían corresponder a los cadáveres hallados en Ceuta, pero las familias también se han topado con constantes obstáculos en su intento de someterse a las pruebas de ADN para lograr una confirmación.