Migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar y sin ayudas del Gobierno: “Pedimos una regularización”

La manta que daba de comer a Djiby y la familia que dejó en Senegal lleva un mes guardada en el armario. Bappy trabajaba de relaciones públicas en una conocida discoteca de Madrid. Por cada cliente captado y trasladado al local obtenía tres euros; no era mucho, lo suficiente para sobrevivir. Diana no ha pagado el alquiler ni la factura del teléfono después de dejar de limpiar dos casas ante el riesgo de contagio. Tras la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha insistido durante las últimas semanas que trabaja en un plan social para “no dejar a nadie atrás” ante la emergencia del coronavirus. Ninguno de ellos se siente parte de ese “nadie”.

No tienen papeles y sus únicas posibilidades de empleo se escondían en la economía sumergida. Vivían “al día”, cuentan a eldiario.es varias personas en esta situación. Ante el confinamiento obligatorio, muchos no pueden salir a trabajar pero tampoco acceden a las ayudas del plan de emergencia lanzado por el Ejecutivo para paliar las consecuencias sociales del estado de alarma. Son manteros, lateros, trabajadoras del hogar, empleados de restaurantes y otros trabajadores en la clandestinidad. Apoyados por más de 200 organizaciones, piden al Gobierno una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación irregular y aquellos solicitantes de asilo que llevan años a la espera de la respuesta de su petición.

Djiby solía trabajar horas y horas con su manta a cuestas en el centro de Madrid. El dinero obtenido le permitía pagar el alquiler, comer y enviar el resto del salario a Senegal. Ahora pasa sus días en casa, como la mayoría, acompañado de sus cinco compañeros de piso, cuatro de ellos manteros.

Empieza la segunda quincena de abril y pagar el alquiler le resulta imposible. Las últimas semanas ha comido gracias a la caja de resistencia del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, donde desde hace años sus integrantes aportaban lo que podían para tener un colchón en caso de necesidad. La crisis ligada a la pandemia ha disparado las peticiones de ayuda, por lo que Djiby ya empieza a tirar de las iniciativas de reparto de alimento de otras organizaciones vecinales.

Él, a pesar de su situación, se siente afortunado. Como miembro del Sindicato de Manteros y Lateros, recibe peticiones de ayuda de numerosas personas en circunstancias aún más complicadas. “Hay gente que acaba de llegar y no tiene nada. Yo tenía algo guardado y redes que me apoyan, pero otros no tienen ni eso. Así que también estoy sacando de mi bolsillo para darles dinero para que hablen con su familia, comprarles comidas, ayudarles...”, sostiene el ciudadano senegalés.

“Entre todos compartimos lo poco que tenemos. Si recibo una ayuda que me dura 15 días, solo me aguanta una semana porque lo reparto con mis vecinos que no llevan aquí mucho tiempo, que no saben y tienen mucha hambre. Están sufriendo mucho”, lamenta Djiby por teléfono desde su hogar.

Vive en España desde hace nueve años y aún no ha logrado regularizarse. Tras superar los tres años de residencia en el país -uno de los requisitos-, lo ha solicitado en tres ocasiones pero la Administración se lo deniega debido a las duras condiciones impuestas por la Ley de Extranjería a los contratos laborales exigidos para demostrar el arraigo, una burocracia que el Ejecutivo actual se comprometió a flexibilizar antes de la propagación del virus. “Todo esas ayudas que promete el Gobierno no valen para nosotros. Pedimos una regularización, porque si no, nos quedamos fuera”, dice el hombre, de 35 años.

“La crisis por el COVID-19 nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social”, asegura Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que se ha unido a la petición. Desde su organización, reparte alimentos en muchos de esos hogares que no están incluidos en los planes de ayudas del gobierno por encontrarse en situación irregular.

“Es una situación terrible, muy difícil. Si una persona sobrevive en función de lo que consigue cada día, si no sale a trabajar no gana nada. ¿Cómo va a tener dinero para pagar sus necesidades?”, se pregunta Sarr. “Hay gente que ya sufre por la cuarentena, pero tienen dinero, tienen Netflix y todas sus necesidades cubiertas. Que imaginen lo que es no tener nada”, apunta el portavoz de los manteros de Barcelona.

200 ONG piden una regularización extraordinaria

Alrededor de 200 organizaciones, entre las que se incluyen, Sos Racismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Alianza por la solidaridad, el SJM e Iridia, entre otras, han lanzado la campaña “Regularización ya” para apoyar su petición.

“La regularización amplia y extraordinaria de todos los migrantes que viven en territorio español es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas pueden hacer frente a esta crisis sanitaria y económica”, sostienen en un comunicado desde CEAR. El Gobierno ha prometido la aprobación de un ingreso mínimo vital en el marco del paquete de medidas de protección social ligado al estado de alarma. “No puede dejar a nadie atrás. Promover el proceso de regularización es clave para lograrlo”, apuntan.

El Gobierno de Portugal anunció a principios de abril una regularización extraordinaria de validez temporal a aquellos migrantes que ya hubiesen solicitado dicho trámite. La medida buscaba la cobertura sanitaria y social de estas personas ante la emergencia de la COVID-19. Según aseguraron entonces fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a eldiario.es, el Ejecutivo ha descartado una medida similar. Tan solo han tanteado posibles regularizaciones de inmigrantes sin papeles para trabajar en aquellos sectores profesionales con mayor necesidad de mano de obra durante la crisis: el agrario y el sanitario.

“Ahora no hay nada”

Bappy espera al final de una larga fila de personas formada a las puertas de una de las mezquitas del barrio madrileño de Lavapiés. Como todos los que le rodean, aguarda su turno para recibir la bolsa de alimentos básicos proporcionada por la Asociación Valiente Bangla. Tras tres años en España, había empezado a activar su proceso de regularización poco antes de que la epidemia lo frenase todo.

Trabajaba sin contrato como relaciones públicas en una discoteca de Madrid. Su fluido inglés le permitía conseguir camelar a los turistas angloparlantes. “Es un local muy bonito, hablo con la gente me gusta el trabajo. Cobraba tres euros por cada cliente que llevaba”, explica el ciudadano bangladesí. Entre semana, su sueldo no solía superar los 10 euros al día. Los fines de semana podía conseguir “diez, 20 o 20 clientes”, detalla el joven con cierto orgullo. “No es mucho dinero, pero me daba para vivir y mandar algo a mi familia. Ahora no hay nada”, añade el joven, quien estudió Márketing y Negocios en su país.

El cierre de la discoteca le ha dejado sin empleo, como a todos sus compañeros de trabajo, pero Bappy no puede acceder a ninguna prestación social. Solo cuenta con el apoyo de los movimientos vecinales organizados para acceder a quienes el Gobierno no llega.

No es difícil encontrar a más compatriotas en su situación. Delante de él, Ahmed (nombre ficticio) aguarda su turno con su boca oculta tras una mascarilla. También sin papeles, lleva tres meses en el país, y no tuvo tiempo de conseguir un trabajo para salir del paso antes de que la vida se paralizase a causa del coronavirus. Sus compañeros de piso le sostienen para salir adelante.

Unos metros más allá, Mohammed repite una historia similar. Él sí consiguió un empleo en el poco tiempo que lleva en España, aunque la declaración empujó a su jefe a pedirle que se quedase en casa. El negocio no ha cerrado, es una frutería, pero el dueño temía que el aumento de la presencia policial en las calles se tradujese en una sanción por dar trabajo a una persona sin papeles. Y aquí está, esperando una bolsa de aceite, leche, huevos, verdura y legumbres donada por sus compatriotas.

Un mes sin empleo en las dos casas donde trabaja

Diana (nombre ficticio) lleva 25 años trabajando en España como empleada doméstica y la propagación del virus la forzó a quedarse en casa durante el último mes. En la casa donde limpiaba por las mañanas, varios miembros de la familia cayeron enfermos con COVID-19. “Mi jefa me dijo que no viniese hasta que se recuperase”, relata por teléfono. Sus empleadores en la vivienda de las tardes le solicitaron que no acudiese para evitar el contacto con el exterior del anciano al que cuidaba y reducir el riesgo de contagio.

“Me dijeron que iban a pagarme, pero aún no me he cobrado marzo”, lamenta la mujer de nacionalidad paraguaya. Sin papeles, no puede acceder al subsidio extraordinario aprobado por el Gobierno para este colectivo, pues solo contempla a quienes están dadas de alta en la Seguridad Social. Según UGT y Comisiones Obreras, más de 200.000 trabajadoras del hogar están en la economía sumergida. Tampoco tiene capacidad para presionar a sus empleadores, ante el temor de ser despedida sin ninguna garantía. “Siempre hemos sido invisibles, ahora no va a ser menos”, cuestiona.

Este mes, Diana no ha podido pagar el alquiler ni la factura del teléfono. “No tengo ahorros porque todo lo que me sobra lo envío a Paraguay, a mi hijo y a mi padre”, apunta la trabajadora doméstica, quien también tiene que mantener a otro de sus hijos que reside con ella. Ha financiado la comida gracias a la red de apoyo generada junto a otras compañeras paraguayas, también empleadas domésticas y el apoyo de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Este lunes, la mujer se ha reincorporado en una de las casas, una vez que sus empleadores dieron negativo en coronavirus, explica.

“Muchas trabajadoras del hogar se han quedado en la calle, para evitar tener contacto con personas de riesgo. Otras, internas, no pueden salir, no pueden disfrutar de sus descansos y no les pagan más dinero por trabajar más horas, pero no tienen capacidad para negociar porque saben que si se quedan en la calle, sin papeles, no tienen nada”, critica Edith Espinola, portavoz de SEDOAC, otras de las organizaciones que exigen la regularización extraordinaria para paliar las circunstancias de exclusión que muchas familias en situación irregular están viendo agravadas durante el estado de alarma.

Mientras Djiby, Diana, Bappy, Ahmed superan cada día gracias a la ayuda recibida por amigos, compatriotas, vecinos y organizaciones sociales que de forma voluntaria intentan mirar hacia donde el Ejecutivo de momento no se detiene. “Desde el Gobierno, dicen que no van a dejar a nadie atrás pero nos han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social, por eso estamos ayudando, pero no es suficiente”, cuestiona el portavoz de los vendedores ambulantes de Barcelona.