La mayor tragedia en el Mar de Alborán, las 49 personas desaparecidas frente a las costas españolas, alertaron una vez más sobre un drama que no es nuevo, que en nuestras aguas fronterizas se repite cada año, cada mes, aunque en menores dimensiones y casi en silencio. Tras el último naufragio, en el que tan solo sobrevivieron tres personas que permanecieron aferradas durante horas a los restos de una barca semihundida, el número de fallecidos en la zona del Estrecho ha superado la cifra registrada en el mismo periodo de 2016: las vidas de 109 migrantes se han perdido en poco más de seis meses de 2017.
A finales del mes de julio del año pasado, 97 personas habían perdido la vida en la frontera sur de Europa intentando alcanzar España desde el norte de Marruecos, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La cifra está muy cerca de superar el número de fallecidos registrado durante todo el año pasado.
El último recuento oficial elaborado por la OIM, actualizado por última vez el 3 de julio, indica que 60 personas han fallecido intentando llegar en patera a través de la zona del Estrecho. Si se suman las 49 personas desaparecidas en el Mar de Alborán esta semana, contabilizadas hasta el momento por la OIM, el número de muertos y desaparecidos es levemente inferior a las 128 personas que, según la OIM, fallecieron frente a las costas españolas en todo 2016.
No obstante, la estimación realizada por la Agencia de las Naciones Unidas en la ruta que recorre el norte de Marruecos hasta las costas andaluzas no incluye las muertes registradas en la zona de las Islas Canarias, el camino más largo y peligroso para alcanzar suelo español. El recuento realizado por otras organizaciones, como Caminando Fronteras, que sí incluye estos incidentes, indica que 388 migrantes murieron en su objetivo de llegar a España entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016. El 31%, denuncian, eran menores.
En lo que va de 2017 también se han disparado las llegadas en patera a las costas españolas con respecto al año pasado, en concreto un 378% más, según el organismo de la ONU. Frente a los 1.352 migrantes que hace un año habían logrado pisar suelo español tras arriesgar su vida en las aguas fronterizas con Marruecos, ya son 6.464 las llegadas registradas desde enero.
Pero no todos lo consiguen. El Mediterráneo Central continúa siendo la ruta más mortífera del mundo para los migrantes y refugiados. Sin contar el mes de julio, 2.247 personas han muerto en su intento de llegar a Italia hacia el continente europeo en lo que va de 2017.
La última tragedia en el Mar de Alborán se suma a una larga lista de casi 6.000 personas que, según ha denunciado este martes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), han muerto tratando de cruzar el Estrecho de Gibraltar desde 1997.
Los cálculos de la asociación apuntan a que, desde entonces, 5.946 migrantes, una media de 300 cada año, han fallecido en la zona. El máximo histórico, señalan, tuvo lugar en 2006, durante la llamada “crisis de los cayucos” con nada menos que 1.167 muertes, según sus datos.
La ONG andaluza, sin embargo, estima que la cifra de víctimas es “muy superior”, ya que “según los expertos de la OIM por cada persona que se ha comprobado su fallecimiento, otras dos no se supo nunca de ellas”, concluye.
Vías legales y seguras
Las muertes en el Estrecho son evitables, según reiteran las diferentes ONG que, naufragio tras naufragio, exigen que se pongan en marcha vías legales y seguras para que las personas no tengan que arriesgar su vida en el mar ni quedar expuestos a redes de traficantes.
Entre ellas, organizaciones como CEAR demandan al Gobierno que se pueda solicitar asilo en embajadas y consulados españoles, así como emita visados humanitarios a los refugiados que lo soliciten. También recuerdan que las personas de origen subsahariano no pueden pedir protección internacional en las oficinas de asilo levantadas en las fronteras de Ceuta y Melilla, dado que tienen el acceso restringido por defecto. Según recuerdan, ninguna persona negra ha podido registrar una petición mediante esta vía.
Otro de los mecanismos legales de entrada que España podría aplicar es, según Acnur, la autorización de visados estudiantiles y la creación de becas humanitarias para que las personas de terceros países “puedan estudiar o continuar su formación” en nuestro país.
Por otro lado, también se ha demandado que se flexibilicen los requisitos para lograr la reagrupación familiar. Según ACNUR, las personas que se quedan fuera son “los que se lanzan al mar desesperados”.
Son muchas las voces que se han pronunciado contra las “trabas” que el Gobierno pone a este proceso. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), en un informe publicado este miércoles, expresa su preocupación por “la baja flexibilidad demostrada por las autoridades” en España a la hora de aplicar los criterios que determinan “quién es elegible” para venir a vivir con sus familiares a España. Según Oxfam, mientras los gobiernos europeos concedieron en 2015 más de 78.000 visados por razones familiares a refugiados, el español solo concedió 327.
Por último, las ONG piden de forma unánime que el Gobierno cumpla con los programas de reubicación y reasentamiento para traer a personas refugiadas de forma legal al país. De las 17.337 personas acordadas, hasta la fecha han llegado a España 1.488, 1.070 por la vía de la reubicación desde Grecia e Italia y 418 por la de reasentamiento desde países como Líbano o Jordania.