La última tragedia en el mar Mediterráneo, donde se hundió el miércoles un pesquero con cientos de migrantes a bordo, es una tragedia anunciada y, probablemente, no será la última porque no existen políticas ni mecanismos de la Unión Europea (UE) en su conjunto o de los países de destino para prevenir los naufragios de aquellos que intentan alcanzar el continente huyendo de la miseria, la violencia o la persecución.
El hundimiento del pesquero frente a las costas de Grecia es el más mortífero ocurrido en aguas de ese país en lo que va de año y podría ser uno de los mayores que se han registrado en los últimos años, si se confirma que a bordo viajaban más de 700 personas. Pocas más de cien han sido rescatadas con vida y, además, la Guardia Costera griega pudo recuperar 78 cuerpos de los náufragos, pero se teme que muchos más se hayan hundido en una zona profunda del mar Jónico.
Tras el naufragio, el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, admitió que la gestión migratoria está fallando y que es necesario “llegar a un acuerdo sobre un enfoque global y coherente” desde las instituciones comunitarias. “Hay que trabajar con los Estados miembros para garantizar que contamos con operaciones y medidas operativas lo más eficaces posibles”, defendió, antes de asumir que hasta el momento han fracasado: “¿Ya lo hemos conseguido? Está claro que no. El trabajo debe continuar y eso es lo que estamos haciendo”.
Políticas fallidas
El naufragio ha tenido lugar justo en el tramo final del debate sobre el Pacto de Migración y Asilo que a la UE se le resiste desde hace casi más de una década. La intención es que se culmine antes de que acabe el año, bajo la batuta de la presidencia española. Los 27 parten de la “solidaridad obligatoria flexible” que pasa por una reubicación de 30.000 refugiados que los estados podrán sortear pagando 20.000 euros por cada persona rechazada.
Hungría y Polonia ya han advertido de que no cumplirán ese acuerdo y la Eurocámara, por su parte, es más ambiciosa y rechaza la 'solidaridad a la carta'. Esa negociación no incluye a priori nada relativo a las operaciones de salvamento marítimo, que las ONG que operan en el Mediterráneo consideran fundamentales para salvar cientos de vidas. Mientras no la UE no impulsa un mecanismo de auxilio a nivel europeo, también obstaculiza aquellos lanzados por las organizaciones para llenar el hueco dejado por las instituciones, al tratar de frenar sus misiones de rescate.
Desde la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), Riccardo Gatti, jefe de rescate del barco Geo Barents, dice a elDiario.es que la última tragedia del Jónico “era previsible y evitable” pero es una consecuencia de “las políticas europeas de rechazo y de falta de cuidados hacia las personas”.
“Estas personas han muerto porque no se les ha rescatado” afirma Gatti, quien agrega que no ha sido por omisión: “No rescatarles es es una decisión”. El jefe de rescates de MSF se encuentra a bordo del Geo Barents, que actúa en el Mediterráneo Central, una de las rutas migratorias más transitadas y donde se han producido los peores naufragios de los últimos años.
Ignorar a las ONG de rescate
“Conocemos las condiciones de estos barcos y, aún así, no se puso en marcha un operativo de rescate” para el pesquero que se acabó hundiendo. Explica que el mismo Geo Barents estaba cerca de Sicilia y que podría haber acudido al rescate de los migrantes si “se lo hubieran pedido, pero nadie avisó” a los barcos más próximos para que intervinieran.
Gatti denuncia que las políticas europeas “obstaculizan y criminalizan a los barcos de las ONG”, como el de MSF, y que las autoridades de los países del sur de Europa y la propia Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) no comparte las coordenadas de los barcos en apuros ni colaboran con estas organizaciones que desempeñan un papel fundamental.
“Frontex no nos informa, ni siquiera si estamos cerca (del barco que necesita ayuda). Informa antes a las autoridades competentes, como las de Libia o Malta”, denuncia. Malta viene negándose a socorrer a los migrantes en sus aguas territoriales, mientras que las libias los interceptan y los llevan de vuelta por la fuerza, también en virtud de un acuerdo con Italia desde 2017, que autoriza a la Guardia Costera a devolver a los migrantes a Libia, donde son encerrados en centros de detención en los que la propia ONU ha documentado abusos y crímenes contra la humanidad.
En opinión de Gatti, que desde 2021 trabaja a bordo del Geo Barents y acumula más años de experiencia en otras ONG de salvamento, “ha habido un cambio muy grande desde 2019 en el mar: las operaciones de socorro y rescate han pasado a ser operaciones policiales” por parte de Frontex y de los países miembros.
En concreto, las autoridades italianas “han desmantelado el operativo de rescate y criminalizan cada vez más a los migrantes y las ONG” que los rescatan. Por ello, Gatti pide que se deje de “criminalizar a estas personas y a las ONG”, además de crear “un operativo de rescate institucional” desde la UE que se coordine con las organizaciones para salvar cuantas más vidas porque, en la mar, “todo el mundo en peligro debe ser rescatado”.
Las tragedias se repiten
Las tragedias se vienen repitiendo en el Mediterráneo ante la mirada impasible de Europa, cuyas políticas no han evitado tantas muertes, a las que los ciudadanos europeos se han acostumbrado. El director de medios europeos de la ONG Human Rights Watch, Andrew Stroehlein, lamentó en un tuit que esas muertes son como los tiroteos masivos en Estados Unidos: “Siguen ocurriendo. Cada vez que ocurren, los políticos fingen estar preocupados. Y cada vez, los políticos mantienen las políticas gubernamentales que están en el origen del problema. Y siguen ocurriendo”.
Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), más de 27.000 personas han desaparecido en el Mediterráneo desde 2014 y, en lo que va de año, más de un millar han perdido la vida en el mare nostrum.
El naufragio más reciente es el de Cutro, en el sur de Italia, a cuyas costas intentaban llegar decenas de inmigrantes el pasado mes de febrero: se sabe con seguridad que 80 murieron, sus cuerpos fueron rescatados o arrojados por las olas en la playa de esa localidad, que se convirtió en un símbolo de las políticas antinmigración del Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.
Sin embargo, esas muertes no han impedido que se consuma otra tragedia a pocos meses de distancia. En los pasados años, cientos de personas han muerto tras zarpar de Libia, con rumbo a Italia, uno de los países que, junto a Grecia, recibe más migrantes a través del mar. En octubre de 2013, la muerte de más de 300 personas frente a la isla de Lampedusa conmocionó a las autoridades europeas. Sus declaraciones y lamentos parecían augurar un antes y un después en las muertes del Mediterráneo. Pero nunca lo fue.
En abril de 2015, unas 850 personas desaparecieron en aguas del Canal de Sicilia, según la Fiscalía italiana. Dos meses antes, otras 300 murieron en ese mismo lugar, 29 de ellas por hipotermia y el resto al naufragar las barcazas en las que viajaban desde Libia. En octubre del año anterior, 360 migrantes fallecieron en el naufragio de su embarcación antes de alcanzar la isla de Lampedusa (Italia).
Desde principios de 2023, han aumentado considerablemente los barcos que zarpan desde Túnez. El pasado día 11, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con Meloni y el presidente de Países Bajos, Mark Rutte, viajaron a ese país para sellar un acuerdo en materia migratoria, con el objetivo de que la dictadura de Kais Said haga de policía en las fronteras sur del Mediterráneo a cambio de mil millones de euros, de los que 105 son ayudas directas sin necesidad de devolución.
Siguiendo la misma estrategia y los mismos programas que puso en práctica en Libia, la UE financia y apoya instituciones poco democráticas, como las autoridades y guardacostas libios, para que eviten la salida de los migrantes o los intercepten en el mar y los devuelvan al país, incluso cuando los derechos de estas personas no están garantizados, como en el caso de Túnez, donde los migrantes subsaharianos han sufrido la persecución del Gobierno y de los propios ciudadanos.
Una señal de alarma
“El naufragio de Grecia es una nueva señal de alarma, por una parte, de la urgencia del problema migratorio y, por otra parte, de que la actual gestión de los flujos migratorios no está funcionando”, afirma a elDiario.es Lorena Stella Martini, del centro de investigaciones European Council on Foreign Relations.
Aparte de que no esté funcionando, “existe un problema que podríamos definir como 'burocrático', que dificulta intervenir en situaciones de emergencia, como la que se registró hace pocos días frente a las costas griegas”. En ese caso, “tanto las autoridades griegas, como Frontex así como las autoridades italianas sabían lo que estaba sucediendo y nadie actuó”, explica la investigadora desde Roma. Cree que esa actuación o falta de actuación manda un mensaje a los países del sur del Mediterráneo que “miran hacia Europa y ven la retórica europea en las palabras y en los hechos”. Es más, considera que la política migratoria europea afecta a su política exterior porque hace que los países de la orilla sur puedan “ejercer presión por al papel de guardián de los flujos migratorios para obtener concesiones por parte de países europeos”.
Martini dice que es necesario “cambiar la narrativa y el concepto de migración en Europa” y “cambiar el planteamiento de los países europeos hacia el Mediterráneo que siempre ha sido de emergencia y de seguridad”, como demuestra la decisión del Gobierno italiano, que declaró el estado de emergencia frente a la llegada de migrantes esta primavera. “Todo indica que los flujos migratorios irán en aumento en los próximos años y por tanto es necesario construir una política distinta”, señala la investigadora.
“A menudo no podemos hablar de la cuestión humanitaria frente a gobiernos que, como muchos en Europa, son cada vez más radicales y de derechas (...) sino que hay que ver la migración desde un punto de vista práctico: necesitamos esos trabajadores porque tenemos carencia de mano de obra, con unas poblaciones cada vez más envejecidas” en Europa, dice. Pero destaca que “ver la migración no como una amenaza sino como una oportunidad” conlleva “cultivarla con políticas de integración en los países de acogida”.
Mientras, en los países de origen, Europa “no puede sólo aprovechar los recursos” sino “crear las oportunidades para que los migrantes no quieran marcharse e, incluso, quieren quedarse”. Para ello, “se necesitan herramientas, financiación y mucho tiempo”.
A día de hoy, Martini propone trabajar en dos líneas: “poner las herramientas necesarias para evitar las tragedias en el mar Mediterráneo, que no podemos permitir que sucedan desde el punto de vista humanitario; e intentar trabajar en el medio y largo plazo con una política más sostenible, también desde el punto de vista económico y demográfico”.