Ningún menor migrante tutelado ha sido trasladado a la península desde que Canarias pidió ayuda hace dos meses

El pasado 26 de noviembre, el ejecutivo canario hizo un llamamiento al Gobierno central y al resto de comunidades autónomas. Necesitaban ayuda para acoger a los menores migrantes que han llegado solos al Archipiélago ante el incremento de las llegadas de pateras a sus costas. El Ejecutivo regional pedía la distribución por otros puntos del país de 500 de los 2.600 niños y adolescentes que acoge actualmente. Dos meses después, y a pesar de las ofertas de algunas comunidades autónomas, ningún menor extranjero no acompañado ha sido trasladado a la península. “No podemos seguir así”, dicen desde la Consejería de Derechos Sociales de las islas.

Desde entonces, las comunidades autónomas han ofrecido al Gobierno canario un total de 150 plazas, pero los obstáculos burocráticos ligados a los traslados de menores tutelados entre comunidades autónomas retrasan su formalización, según explica la Consejería de Derechos Sociales, que pide al Ejecutivo central la creación de un marco jurídico que permita con carácter “urgente” la distribución de menores desde las islas, ante una situación que Canarias ya califica de “emergencia humanitaria”. 

“La comunidad autónoma está haciendo un enorme esfuerzo ante esta emergencia humanitaria. Pedimos el mismo esfuerzo por parte del resto de actores”, ha alertado esta semana la viceconsejera canaria de Derechos Sociales, Gemma Martínez, que solicita al Gobierno central y a la Unión Europea un mayor apoyo en la gestión de la acogida de los menores extranjeros no acompañados. La saturación de los recursos de acogida y el retraso de las pruebas de determinación de la edad en el Archipiélago están derivando en una atención menos garantista hacia estos niños y adolescentes, aseguran desde Save The Children.

Aunque la competencia sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados recae en las comunidades autónomas a donde llegan, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene la capacidad de coordinar y facilitar la distribución territorial. Tras la solicitud de apoyo para la atención de niños migrantes en las islas, el Gobierno central se comprometió a “abrir el debate” con el resto de comunidades autónomas para impulsar el reparto de menores, además de aprobar una ayuda de 10 millones de euros destinada a mejorar la atención a la infancia migrante en el archipiélago. 

Fondos para las comunidades que ofrezcan plazas

En el último Consejo Territorial de Derechos Sociales, celebrado el pasado 15 de enero, la Vicepresidencia de Pablo Iglesias compartió con las comunidades autónomas una primera propuesta de reparto de los cerca de 28 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado que pretenden apoyar la atención prestada por las comunidades autónomas a los niños migrantes no acompañados en España. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, busca apoyar con fondos extra a las zonas que más menores atiendan, así como a aquellas regiones que ofrezcan plazas para recibir de manera solidaria a adolescentes extranjeros desde las comunidades con afluencia de chavales debido a su posición geográfica. 

Gráfico: Ana Ordaz

“Se financiará con una cantidad por determinar a la Comunidad Autónoma de destino, por día y persona menor de edad, siempre que se acredite su traslado efectivo desde Canarias a la península”, indica la propuesta del Gobierno, cuyas condiciones se pretenden fijar próximamente. Según fuentes de Derechos Sociales, este mecanismo para fomentar el reparto de niños y adolescentes extranjeros a otras regiones se encuentra en una etapa preliminar y “todavía queda mucho trabajo por delante”. 

Por el momento, han ofrecido plazas en su red de protección de menores Catalunya (40), Extremadura (10),  Navarra (10), Castilla y León (25) y la Comunidad Valenciana (18). Otras, como Aragón, País Vasco, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha se han mostrado dispuestas a recibir niños y adolescentes desde las islas, pero aún no ha trascendido la cifra concreta. Fuentes próximas al proceso aseguran a elDiario.es que de momento se han propuesto alrededor de 150 plazas.

Los trámites burocráticos retrasan los traslados

Como se trata de una competencia autonómica, el traslado de menores desde Canarias debe hacerse por convenios bilaterales entre las comunidades autónomas implicadas, por lo que podría impulsarse sin necesidad de la intervención estatal. No obstante, la Consejería de Bienestar Social se está chocando con un marco legal autonómico que conlleva una serie de trámites que podrían demorarse hasta 6 meses, según sus cálculos, por lo que piden al Gobierno central un “mecanismo jurídico que permita hacer esos traslados de manera ágil”.  

En 2008, tras la crisis de los cayucos, se firmaron una serie de convenios entre Canarias y otras comunidades autónomas u organizaciones sociales, que permitían el traslado de menores migrantes tutelados a otros puntos del país. No obstante, el gobierno canario modificó en 2019 la legislación regional para hacer más garantistas estos traslados de niños y adolescentes. 

“Al final, de tan garantista, está siendo muy ineficaz”, indica la viceconsejera canaria de Derechos Sociales, quien asegura que en la actualidad firmar un convenio de estas características con una comunidad autónoma supone pasar el filtro del “Consejo Consultivo, el Consejo de Gobierno y del Parlamento de Canarias”. Este trámite habría que hacerlo, sostienen, con cada uno de los acuerdos de traslado alcanzado con cada Gobierno regional, lo que demoraría cerca de seis meses su ejecución, según su posición.

“Como es muy urgente, hemos buscado una alternativa que consiste en utilizar al Estado como paraguas para hacer estos acuerdos, a través de un convenio marco que podría impulsarse en la conferencia sectorial de inmigración. De ese convenio general, penderían los diferentes protocolos con las distintas comunidades autónomas”, defiende Gema Martínez.

Las comunidades, a la espera del Gobierno central

Algunas de las comunidades autónomas que se han prestado a acoger y tutelar a menores migrantes llegados a Canarias aseguran estar esperando una contestación del Gobierno central a su oferta. Una de ellas es Catalunya, que a principios de diciembre aceptó recibir a 40 niños. “Desde entonces, no hemos recibido respuesta. Sólo sabemos que el Estado está analizando qué territorios ofrecen acogida y que, de momento, no está prevista con certeza la derivación de migrantes desde Canarias”, dice un portavoz de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Informa Pau Rodríguez.

La Comunidad Valenciana también dice estar aguardando un movimiento por parte del Ministerio de Derechos Sociales. “Hace tres semanas ofrecimos acoger y tutelar a 18 menores pero no se nos han enviado instrucciones ni ninguna comunicación para actuar”, dice un representante de la Consejería de la Vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat. “A más tiempo de espera, se hace más complicada la reserva de estas plazas”. 

En esta misma dirección ha respondido a este medio Extremadura, Castilla y León, Aragón, y Navarra. Desde la vicepresidencia dirigida por Pablo Iglesias insisten en que se trata de una competencia autonómica, que estas derivaciones deben realizarse a través de convenios bilaterales con el Gobierno de Canarias, por lo que su gestión recae en las autoridades regionales.  

“Somos conscientes del esfuerzo que supone para la comunidad de origen, especialmente ante una situación excepcional como la que atraviesa en este momento Canarias, la propia tramitación del traslado de los niños y niñas a otras comunidades”, sostienen fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. “Es un proceso complejo pero el Gobierno de Canarias, junto con la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y el resto de CCAA, con quienes estamos en contacto de forma permanente, trabajamos para hacer posibles los traslados”.