La Justicia italiana cuestiona las acciones de cuatro personas relacionadas con la actividad del buque de rescate de migrantes Mare Jonio. Desde 2018, el remolcador es un símbolo para los progresistas italianos, por sus operaciones de salvamento en el Mediterráneo. Como la de agosto de 2019, cuando salvó a un centenar de personas, entre ellas ocho mujeres embarazadas y veintidós niños menores de diez años. O la del 11 de septiembre de 2020, cuando recogió a 27 náufragos africanos a bordo del Maersk Etienne, un petrolero del gigante del transporte marítimo danés Maersk que había localizado a los migrantes 38 días antes, pero al que ningún puerto permitía su desembarco.
Aquel 11 de septiembre, una vez hecho el trasbordo de rescatados al barco Mare Jonio, los migrantes fueron desembarcados en el puerto de Pozzallo (Sicilia), a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ragusa. Los periódicos de toda Europa hablaron de la intervención del Mare Jonio, y ACNUR (la agencia de Naciones Unidas para los refugiados) elogió a Italia por “acoger” a unas “personas extremadamente vulnerables” y “poner fin a una crisis humanitaria de cinco semanas, demostrando una vez más su cara humana de acuerdo con la letra y el espíritu del derecho internacional. Con el deseo que pueda ser un ejemplo para otros estados europeos”.
A pesar de los elogios de organismos internacionales, esta intervención del 11 de septiembre puede costarle muy cara a dos miembros de la tripulación del Mare Jonio, así como al presidente y al vicepresidente del armador, Idra Social Shipping, con sede en Trieste. La Fiscalía de Ragusa acusa a esas cuatro personas de “favorecimiento de la inmigración ilegal con agravantes”, un delito muy grave que el ordenamiento jurídico italiano castiga con penas de prisión de hasta treinta años, sostiene un comunicado de la defensa.La asociación Mediterranea Saving Humans se apoya en este pequeño armador para llevar a cabo la práctica del rescate civil en el Mediterráneo con el Mare Jonio. Según la web de la asociación, desde octubre de 2018 el barco ha salvado a 374 personas.
Idra Social Shipping trabaja principalmente para Mediterranea y fue fundada para crear su “brazo naval”. Además, realiza pequeños trabajos para sobrevivir económicamente, explica a elDiario.es Luca Casarini, veneciano de 53 años, sobrecargo del buque y, durante mucho tiempo, líder del movimiento no global italiano. Hoy Casarini es la cara más conocida de la asociación.
Además de Casarini, están investigados el presidente de Idra Social Shipping y trabajador social originario de Trieste, Alessandro Metz; el vicepresidente Beppe Caccia, académico y ex concejal de Venecia; y el capitán del barco, Pietro Marrone. Casarini, Metz y Caccia también figuran entre los fundadores de la asociación Mediterranea. La Fiscalía de Ragusa precisó que la asociación Mediterranea no está implicada, sino que “podría incluso ser parte perjudicada”.
La operación de la Fiscalía de Ragusa comenzó el lunes 1 de marzo y contó con la participación de varias fuerzas policiales, que efectuaron registros por distintas partes de Italia. No sólo en Trieste y Venecia, en el noreste del país, sino también en Bolonia, Montedinove y Lapedona (centro de Italia), Palermo, Mazara del Vallo y Augusta (Sicilia). Según la defensa, los cuatro investigados no hicieron nada ilegal: el ingreso del barco con los migrantes a bordo en Italia se habría realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y con la asignación de un puerto de desembarco por parte de las autoridades competentes.
Según la Fiscalía de Ragusa, los migrantes a bordo del Maersk Etienne fueron cargados por el Mare Jonio “tras la celebración de un acuerdo comercial entre las compañías armadoras de los dos buques” por el cual la empresa armadora del Mare Jonio “ha recibido una importante suma como contraprestación por el servicio prestado”. La suma, indica, es de 125.000 euros. Esta supuesta transferencia es una de las circunstancias agravantes del delito de favorecimiento de la inmigración ilegal que se imputa a Casarini y sus tres compañeros.
Ninguna de las partes discute que Idra Social Shipping recibió una transferencia de 125.000 euros de Maersk. Pero, según un comunicado de Idra Social Shipping, “nunca ha existido un acuerdo previo [a la operación del 11 de septiembre], y mucho menos de carácter económico, entre directivos y empleados de Idra Social Shipping, por un lado, y la empresa danesa Maersk Tankers, por otro, en relación con la intervención realizada por el barco Mare Jonio el 11 de septiembre de 2020”.
El gabinete de prensa de Mediterranea explica a elDiario.es que la primera reunión entre Maersk e Idra Social Shipping tuvo lugar el 6 de octubre de 2020 durante una conferencia pública (organizada por Danish Shipping, la asociación de armadores danesa, para tratar el tema de los rescates en el mar). Un tuit de la directora general de Danish Shipping, del 6 de octubre de 2020, indica: “Un gusto encontrar a Beppe Caccia hoy en Copenhague y discutir del interés mutuo en la búsqueda de soluciones sostenibles para las operaciones SAR en el mar - para todas las partes involucradas”.
La decisión de asignar los 125.000 euros fue tomada por Maersk el 30 de noviembre, según el gabinete de prensa de Mediterranea. “Sobre la base del Convenio de Londres de 1989 acerca de asistencia entre buques en aguas internacionales, Maersk ha reconocido así parcialmente los gastos adicionales en que incurrió Idra Social Shipping por los servicios prestados en el mar, como forma de apoyo a nuestra actividad”, sostiene un comunicado de Idra Social Shipping. La suma, sostienen desde la asociación, “ha sido decidida y valorada por ellos [Maersk]”, y el recurso al Convenio de Londres “ha sido decidido por su departamento jurídico”.
Desde Copenhague, Maersk Tankers, que hasta la fecha no ha sido contactada por la fiscalía de Ragusa, sostiene que, meses después de la operación de rescate, la compañía se reunió con representantes de Mediterranea para “agradecerles su ayuda humanitaria”. A raíz de esta reunión, “decidimos hacer una contribución a Mediterranea para cubrir algunos de los gastos que sufrieron como resultado de la operación. Esto se hizo por un importe de 125.000 euros y con el pleno apoyo de la dirección de Maersk Tankers”, indica.
Según Luca Casarini, sobrecargo en el Mare Jonio, la aportación se produjo después de que, en la reunión con Idra Social Shipping en octubre, los responsables de Maersk supiesen que las actividades de rescate del pequeño armador habían sido bloqueadas tras el trasbordo de los migrantes rescatados por el petrolero: “Decidieron ayudarnos. Y decidieron hacerlo, bajo indicación de su departamento jurídico, a través del Convenio de Londres: cuando un barco interviene socorriendo a otro barco que está solicitando ayuda, el Convenio establece que el armador que recibió la ayuda puede dar una compensación al armador que le ayudó”.
En una entrevista con el Corriere della Sera, Casarini comentaba que, cuando alguien insinúa que la actividad de Idra Social Shipping es un negocio, él comprueba su cuenta bancaria y ve que es tan “pobre” como antes: “Ninguno de nosotros se ha llevado un solo céntimo” dice Casarini a eldiario.es. “Además no podemos, porque Idra tiene que reinvertir todo en su misión, al ser una empresa reconocida por el Fondo Social Europeo”.
Casarini recuerda el estado en el que se encontraban los migrantes cuando fueron recogidos por su buque de rescate: “Durante más de un mes, esas 27 personas durmieron a la intemperie, en la cubierta del petrolero: durante el día pasaban todo el tiempo bajo el sol, por la noche se protegían con unas mantas. Debido al riesgo de contagio de COVID-19, la tripulación del petrolero tuvo, por supuesto, que mantenerse a distancia de ellos”.
Los náufragos, añade Casarini, “estaban comprensiblemente muy cansados y frustrados, tres de ellos se habían lanzado al mar por desesperación y la tripulación del Maersk Etienne tuvo que rescatarlos. Muchos llevaban las marcas de las torturas sufridas en Libia. Ni siquiera tenían teléfonos móviles, porque los equipos electrónicos están prohibidos en un petrolero, por razones de seguridad”.
Y añade: “Solo intervenimos aquel 11 de septiembre porque el capitán del Maersk Etienne nos envió un correo electrónico pidiendo ayuda. Durante más de un mes, el petrolero había hecho llamamientos a toda Europa, sin resultados”. Basta con leer los periódicos de la época para encontrar la confirmación de las palabras de Casarini. En particular, las autoridades maltesas se negaron a dejar desembarcar a los 27 náufragos, a pesar de que el Maersk Etienne estuviera anclado a sólo 20 millas náuticas del puerto maltés de Marsaxlokk.
Casarini dice no tener miedo. Su trabajo en el Mare Jonio ya fue examinado cuidadosamente por la justicia italiana en el pasado. En diciembre de 2020 el juez de Agrigento (Sicilia) solicitó que se archivara el caso, dándole la razón tanto a él como al comandante del Mare Jonio, Pietro Marrone, ambos acusados de favorecimiento de la inmigración irregular: haber rescatado a cincuenta náufragos transportándolos a la isla de Lampedusa, durante el mal tiempo, fue una “necesaria actividad de rescate”, declaró el juez.
Los partidos italianos de derecha y de extrema derecha llevan años manteniendo posturas muy duras hacia los migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Italia, y hacia las ONG que los rescatan en el mar. “¿Investigaciones sobre las ONG? No es más que el principio”, dijo Matteo Salvini, líder del partido ultraderechista Liga. En la misma línea, Giorgia Meloni, líder del partido nacionalista y de derecha Hermanos de Italia (el tercer partido de Italia según las encuestas), escribió en Facebook: “Hermanos de Italia irá a fondo con este asunto, y pide respuestas urgentes al ministro del Interior Lamorgese. Como siempre, seguiremos luchando contra el negocio que gira en torno al tráfico de seres humanos hacia nuestra Nación, a menudo enmascarado tras un velo de falso humanitarismo”.
En los últimos días, muchos miembros de la izquierda italiana han expresado su solidaridad hacia Casarini y sus compañeros. El diputado de izquierdas Erasmo Palazzotto, entre los políticos progresistas que en 2018 hicieron posible la puesta en marcha de la iniciativa, indicó: “Se respira un ambiente cargado, desde hace unos días se ha reiniciado una campaña de criminalización de la solidaridad”.
Organizaciones de defensa de derechos humanos también han mostrado su preocupación. Riccardo Noury, portavoz de Amnistía Internacional Italia, lo describe como un ambiente de “criminalización de la solidaridad”. Todo se remonta, cuenta a eldiario.es, a 2017, “cuando empezó a circular la expresión ‘taxi del mar’, con acusaciones nunca probadas a las ONGs de connivencia con grupos criminales en Libia para gestionar con ellos las salidas”.
“En el asunto Mare Jonio, se hace hincapié en la supuesta ventaja económica por parte del armador, y se está pasando por alto el hecho de que veintisiete personas permanecieron estacionadas en un barco durante más de un mes”, recalca Noury. “Conocemos a las personas que trabajan en Mediterranea, que siempre han trabajado con absoluta transparencia” dice a elDiario.es Stefano Trovato, director de migraciones del CNCA (Coordinamento Nacional Comunidades de Acogida). “Para el proyecto, algunos de ellos incluso aportaron recursos económicos personales, endeudándose”.
Luca Giommoni es un escritor de la Toscana, y hasta hace poco era profesor de italiano y operador en un centro de acogida. Él también cree que se está produciendo una criminalización de la solidaridad: “En los últimos años se han difundido algunos mensajes realmente demagógicos hacia quienes prestan servicios de rescate en el mar. Algunos políticos han querido atacar a la solidaridad, ofreciendo una representación simplificada e inadecuada del fenómeno”.
“Hacer operaciones de rescate en el mar se ha convertido en un calvario. En 2015 los que salvaban vidas en el mar eran alabados por las autoridades, hoy son tratados como delincuentes. Pero esto no nos detendrá”, concluye Casarini.
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