Un grupo de hombres y mujeres de Sierra Leona se congregó hace días en tiendas de campaña improvisadas frente a las oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIN) en Túnez. A través de la lona, podía verse la silueta de niños pequeños retorciéndose bajo las mantas baratas de nailon que envolvían a sus padres. Intentaban escapar del frío y del viento húmedo que soplaba desde el lago cercano.
Un joven, que no dio su nombre a The Guardian, habló en nombre de todos los demás. “Vinieron a por nosotros con cuchillos y machetes”, dijo. “Nos robaron. Tiraron la puerta abajo y nos sacaron a rastras de nuestro apartamento”. “Ahora estamos aquí”, añadió, señalando al centenar de personas que entonces se encontraban refugiadas en las tiendas y sus alrededores.
Las personas migrantes negras de Túnez están en vilo desde el 21 de febrero, día en el que el presidente del país Kais Said pronunció un discurso incendiario y racista en el que afirmaba que la inmigración irregular procedente de otras partes de África formaba parte de un complot internacional para cambiar la identidad de Túnez.
Desde entonces, las familias migrantes denuncian que han sido desalojadas de sus hogares, agentes se han llevado a niños de las guarderías y barrios enteros han sido objeto de redadas. Muchas personas no han salido de sus casas por miedo a ser atacadas. La magnitud de la amenaza es tal que los gobiernos de Malí, Costa de Marfil y Guinea organizaron vuelos de evacuación para sus ciudadanos. Amnistía Internacional ha exigido recientemente “el fin inmediato de la oleada de ataques” contra migrantes subsaharianos en todo el país que “se aceleró tras las palabras racistas y xenófobas” del presidente tunecino.
La deriva de Said
El discurso de Said fue el último asalto a las normas democráticas. Llegó al cargo en 2019 y, desde 2021, se ha embarcado en una toma del poder de gran alcance, destituyendo al Gobierno, paralizando y posteriormente disolviendo el Parlamento, e impulsando una nueva Constitución que le otorga poderes casi ilimitados. Los principales partidos boicotearon las elecciones para elegir un nuevo Parlamento, que apenas tendrá autoridad para pedir cuentas al presidente, y la participación fue lamentablemente baja.
En los últimos meses, a medida que la retórica de Said se ha vuelto cada vez más autoritaria, las fuerzas de seguridad tunecinas han detenido a destacadas figuras de la oposición y figura de los medios de comunicación, lo que ha suscitado la preocupación de grupos de derechos humanos y observadores internacionales ante la posibilidad de que se estuviera borrando lo poco que quedaba del frágil progreso democrático del país tras la Primavera Árabe.
Sus partidarios
Sin embargo, la represión contra los migrantes y los opositores políticos de Said le ha granjeado el favor de muchos de sus seguidores de clase trabajadora, que padecen en sus carnes la grave crisis económica.
“Siempre hemos apoyado al presidente, pero más aún desde estas detenciones”, dice Chaima Anouar desde su puesto en un barrio obrero de Soukra, cerca de la capital. “Está limpiando el país”.
“La gente solo quiere que le devuelvan su dinero”, dice, reflejando las tradicionales quejas sobre la corrupción entre la clase política a la que Said ha dejado al margen. Anouar defiende que la escasez de alimentos y el aumento de los precios se deben a que los jóvenes no quieren trabajar.
Otros acogieron con beneplácito el renovado protagonismo de los servicios de seguridad, que antaño habían sido los perros de presa del régimen de Zine al-Abidine Ben Ali, el dictador que gobernó desde 1987 hasta que fue derrocado en la revolución de 2011.
“La Policía ha vuelto”, dice con aprobación Jaouhar, propietario de una cafetería. “Se habían ido, pero ahora han vuelto”.
La represión de Said contra los migrantes subsaharianos sin papeles se produce en el contexto del ascenso del hasta hace poco desconocido Parti Nationaliste Tunisien (Partido Nacionalista Tunecino), que desde principios de febrero viene impulsando un programa racista sin cesar. El partido ha inundado las redes sociales con teorías conspirativas y vídeos de dudosa edición que animan a los tunecinos a denunciar a sus vecinos indocumentados antes de que puedan “colonizar” el país. Se trata del mismo lenguaje conspirativo adoptado por Said.
“El presidente utiliza un discurso fascista”
Tras unas elecciones legislativas cuya lamentablemente escasa participación pusieron de manifiesto la incapacidad del presidente para movilizar a sus seguidores, a principios de mes tuvieron lugar dos protestas, ambas con la intención de reclamar legitimidad mostrando que la unión hace a la fuerza.
El poderoso sindicato tunecino UGTT sacó a la calle a varios miles de personas, una demostración de fuerza que traía consigo cierto apoyo a los migrantes negros sin papeles del país. El Frente de Salvación Nacional desafió la prohibición de manifestarse y movilizó a cientos de personas para protestar por la detención de muchos de sus dirigentes y pedir la dimisión del presidente Said.
Sin embargo, en los barrios obreros de Soukra, donde viven muchas personas indocumentadas, los tunecinos cuentan historias de asesinatos y violaciones, de los que nunca son testigos directos. “Están vendiendo cocaína, están vendiendo a sus mujeres y a sus novias entre ellos. Incluso compran barcos y llevan más migrantes a Europa”, dice Bassem Khazmi, mayorista de frutas y verduras.
La represión contra los migrantes ha tenido otro efecto: el regreso a las calles de una joven generación de activistas cuyo desprecio por la antigua clase política establecida les ha dejado relativamente impasibles ante la toma del poder de Said.
“¿Por qué salimos?”, pregunta Henda Chennaoui, una de las principales figuras del nuevo Frente Antifascista del país. “Porque es la primera vez en la historia de la República que el presidente utiliza un discurso fascista y racista para discriminar a los más vulnerables y marginados”.
“Creemos que lo que Kais Saied hizo con ese discurso es legitimar a todos los criminales y todos los crímenes contra la comunidad negra de Túnez, incluidos los tunecinos negros que también son víctimas de actos racistas”, dice. “Se supone que el presidente de la República debe respetar los derechos humanos, la dignidad humana y la ley. No esperábamos que se apropiara de tales extremos sin pensar en las consecuencias”.
Consecuencias difíciles de eludir en las inmediaciones del edificio de la OIM, donde Levi, procedente de Nigeria, ladeaba hace unos días la cabeza para mostrar una herida en el ojo. Contó que fue atacado por niños mientras se dirigía a las tiendas, y que uno de ellos le había lanzado una piedra. “No hice nada [para provocarlos]”, dijo. Preguntado sobre si denunció el incidente a la Policía, simplemente se echó a reír.
Traducción de Julián Cnochaert.