Acogerles no era su competencia, pero alcaldes y presidentes autonómicos corrían a ofrecer plazas para recibir a los refugiados ucranianos a finales de febrero de 2022. Decenas de ciudadanos recorrían miles de kilómetros para plantarse en la frontera de Polonia, recoger a quienes huían de la guerra y traerlos a España sin apenas coordinación institucional. Aparecían autobuses repletos de desplazados sin previo aviso. Pero las palabras de los líderes municipales y autonómicos de todos los partidos, incluido el PP, mostraban su disposición a ayudar a las decenas de miles de desplazados.
Algo más de un año y medio después, el Ejecutivo ha declarado de nuevo la emergencia humanitaria, ahora para gestionar la acogida de los migrantes y refugiados desembarcados en Canarias, donde en el último mes se ha registrado un ritmo de entradas irregulares sin precedentes desde 2006. El mecanismo permite reducir los trámites necesarios para abrir plazas de acogida, pero algunos alcaldes y líderes regionales del Partido Popular han respondido a la llegada de estas personas con declaraciones de tintes xenófobos, muy distintas a la entrega generalizada surgida ante el éxodo ucraniano.
Amapola Blasco, la directora general del sistema de acogida de protección internacional y temporal, ha estado al frente de la gestión de las dos emergencias desde la Secretaría de Estado de Migraciones. Para buscar y cerrar miles de plazas en escasas semanas, coordinar a las organizaciones sociales de los distintos territorios y a los diferentes actores involucrados en la apertura de nuevos espacios ha utilizado herramientas similares en una y otra crisis. Pero Blasco encuentra una diferencia fundamental entre ambos: “el clima” generado alrededor de su acogida.
“La diferencia de gestión de emergencia derivada de la huida de las personas procedentes de Ucrania y la actual viene dada por el clima en el que nos estamos moviendo. Un clima generado a raíz de una utilización perversa, injustificada de la realidad de las personas que han venido huyendo de situaciones de conflicto, inestabilidad, que ponían en riesgo sus vidas buscando en nuestro país un lugar mejor en el que vivir”, dice Blasco a elDiario.es.
“Se ha generado un clima provocado sobre todo por determinados políticos que estigmatizan a las personas que vienen sin conocerlas, dan opiniones que no tienen base en ninguna evidencia, que desconocen a estas personas”, continúa la directora general de protección internacional.
En medio de este ambiente, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha convocado este martes a las 17 horas una reunión por videoconferencia con los alcaldes de los principales municipios de España, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas. El objetivo es informar sobre el plan del Gobierno para la emergencia humanitaria en Canarias ante el “desconocimiento” que Escrivá asegura haber percibido en los líderes locales y autonómicos sobre la política de acogida estatal.
Doble rasero
El Hotel Balneario Palacio de las Salinas, en Medina del Campo, estaba cerrado por obras desde hace medio año. Apenas nadie entraba y salía de sus señoriales instalaciones hasta que, la semana pasada, sus vecinos comenzaron a ver a varios jóvenes subsaharianos en los jardines que rodean al edificio. El alcalde convocó una rueda de prensa en la que, más allá de criticar una aparente falta de información previa por parte del Ministerio de Migraciones o la Delegación del Gobierno, deslizó una serie de bulos como la unión de la inmigración y la delincuencia, entre otros.
El primer edil se quejó de que la llegada de un centenar de personas al municipio podría generar un brote de “cualquier enfermedad”, cuando han pasado un control médico a su llegada a Canarias. En su opinión, la presencia de los migrantes genera en el municipio “incertidumbre y miedo” y aún más, añadió, en una situación de “alerta terrorista”. Sus declaraciones chocan con la reacción de su ayuntamiento en febrero de 2022, cuando cedió un albergue juvenil municipal para alojar a 120 refugiados ucranianos.
El gerente del balneario, que ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Migraciones, ha señalado la distinta reacción del Consistorio entre ambas emergencias. “El albergue también es centro de acogida, lo comenzó siendo para personas de Ucrania y luego para más nacionalidades y no ha pasado nada”, ha comentado en declaraciones recogidas por La Voz de Medina. El gerente del hotel también recuerda otros usos de emergencia que sus instalaciones han tenido en los últimos años: “Cuando el balneario fue hospital de campaña en la pandemia tampoco se armó ningún revuelo. Todos somos personas”.
“Refuerzos de seguridad”
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, no tardó en reaccionar ante la próxima apertura de un campamento temporal de migrantes en la base militar ‘Primo de Rivera’ ubicada en su municipio. La primera edil criticó la falta de información recibida semanas antes de la apertura del centro, programada para dentro de dos semanas aproximadamente. “Estoy bastante preocupada”, dijo la primera edil la semana pasada.
Piquet daba un paso más y pedía al Gobierno el refuerzo policial en Alcalá de Henares, vinculando la inmigración con el aumento de la delincuencia semanas antes de abrirse el espacio de acogida. “Hay que reforzar al Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, y solicito un plan de seguridad y convivencia”, dijo la líder del Consistorio. Este lunes, la alcaldesa ha convocado una Junta Local de Seguridad extraordinaria para tratar como único punto del orden del día el tema de la llegada de alrededor de 400 migrantes a su municipio.
Pero hace un año y medio, el Ayuntamiento anterior –gobernado por otro alcalde pero también del Partido Popular– no expresó ese tipo de preocupación ante la llegada de refugiados ucranianos. Dos días después del inicio de la invasión de Ucrania, el entonces edil visitó la Asociación de Ucranianos de Alcalá, donde les ofreció “cualquier colaboración” para la acogida de sus compatriotas. Además, cedió el Centro Sociocultural Zulema como punto centralizado de recogida de ayuda, tanto para Ucrania como para los desplazados en la ciudad madrileña. En un primer momento, se esperaba la apertura de un albergue para refugiados pero finalmente se abrió en Soto del Henares, perteneciente al municipio vecino de Torrejón. Ninguna voz política llamó al refuerzo de seguridad en la zona ni expresó preocupación ante su acogida.
La subdelegada del Gobierno en Madrid, Elena Bernardo, no ve “sentido alguno” a la reacción de la líder del consistorio de Alcalá. “Entiendo la preocupación de la alcaldesa, pero no es objeto de una Junta de Seguridad Ciudadana. No es el foro adecuado. No se les puede vincular a la delincuencia, vienen de causas de índole humanitaria y es por donde hay que tratarlo”, ha respondido Bernardo. “En Alcalá conviven 36.000 extranjeros de múltiples nacionalidades. Aquí se hizo una política de acogida muy importante a refugiados ucranianos, por eso no entendemos la preocupación por la seguridad de estas 400 personas que acogerán en Alcalá”, ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.
También ha pedido al Ejecutivo central un aumento de la seguridad la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ante la llegada de 250 personas trasladadas desde Canarias. En esta ciudad madrileña se localiza desde marzo de 2022 el centro de referencia para refugiados ucranianos en la Comunidad de Madrid, donde las personas que huían de la invasión rusa acudían a tramitar sus papeles y también podían ser acogidas de forma temporal. Ni el anterior edil del municipio –también del PP– ni la actual habían cuestionado la existencia de este centro ni la llegada de las personas acogidas en su interior desde su inauguración.
Pero ha sido ahora, tras la llegada de migrantes, la mayoría senegaleses que accedieron en cayuco al Archipiélago canario, cuando el Consistorio ha alzado la voz y ha solicitado un refuerzo de la Policía Nacional en la zona. Según dice en una carta, enviada a la Delegación del Gobierno en Madrid la semana pasada, los vecinos han mostrado su “preocupación” después de ver a migrantes “deambular” por las calles de la ciudad, sin detallar ningún incidente de convivencia. Las personas acogidas en el CREADE se encuentran en libertad y pueden salir y entrar a su antojo. Muchos de los senegaleses recién llegados salen a pasear por la zona, como ya lo hacían los ucranianos en el último año y medio.
Tras la misiva enviada por la alcaldesa, el ministro Escrivá ha visitado este sábado el CREADE de Pozuelo. El responsable de Migraciones explicó que 26.000 personas desplazadas de la guerra de Ucrania han pasado por sus instalaciones y 6.000 de ellas han sido alojadas en este centro con distintas duraciones. La polémica ahora ha surgido con 250 personas, la mayoría senegalesas.
Pero desde hace meses este espacio no solo acoge a ucranianos. Debido a la caída de las salidas de refugiados por la invasión rusa, el Ministerio de Migraciones utilizó estas plazas para alojar a migrantes y solicitantes de asilo de diversas nacionalidades. Actualmente, alberga a personas procedentes de 13 países distintos, según detalló Escrivá. Su acogida, por tanto, se encuentra dentro de la actividad regular del centro. Pero no fue hasta la polémica generada con la agilización de los habituales traslados de migrantes a la península cuando su alcaldesa dio la voz de alarma.
Mientras la guerra de Ucrania provocó la llegada de alrededor de 180.000 ucranianos a España, las entradas de migrantes en 2023 a Canarias rondan las 30.000. La mayoría de personas han sido trasladadas a otros puntos de España a lo largo del año de manera discreta, pero ante la aceleración del ritmo de llegadas en octubre, las derivaciones a la península se han multiplicado. En las últimas semanas, alrededor de 7.000 migrantes, la mayoría senegaleses, han sido enviadas a distintas plazas de acogida peninsulares.
5.000 de ellas se encuentran en hoteles de manera provisional, mientras el Ministerio ultima la apertura de los nuevos campamentos de emergencia en cuatro terrenos cedidos por Defensa. Durante la emergencia de Ucrania, 10.000 refugiados ucranianos fueron alojados en hoteles. Algunos de ellos se han utilizado en ambas crisis.
“Hasta la fecha no hemos tenido ningún problema de convivencia, ningún problema de actitud, de integración de las personas que han llegado”, recalca la directora general de protección internacional. Amapola Blasco lamenta que el clima de alarma despertado durante esta emergencia ha dificultado el día a día de los equipos que tratan de encontrar camas contra reloj para evitar la saturación de la red de acogida, según la directora general de protección internacional. “Esa llamada al miedo y a la confrontación perjudica mucho la respuesta a la crisis y no ayuda a responder desde una perspectiva de derechos humanos”, ha lamentado la responsable de coordinar el operativo de acogida desde la Secretaría de Estado de Migraciones.