La UE da un paso para poner coto a la gestación subrogada. Lo ha hecho a través de la revisión de la directiva contra la trata de seres humanos en la que se incluirá esta práctica como un tipo de explotación. Ahora bien, la normativa queda acotada a quienes coaccionen o engañen a las mujeres para que actúen como vientres de alquiler, según figura en sendos comunicados del Consejo de la UE y la Eurocámara tras alcanzar el acuerdo al filo de la medianoche del martes. Los delitos cubiertos bajo el paraguas de la directiva contra la trata, entre los que se encontrarán también el matrimonio forzado o la adopción ilegal, se penalizarán con entre 5 y 10 años de cárcel.
“Hemos introducido, entre otras cosas, la explotación de la gestación subrogada, mejorado la prevención, reforzado la investigación y las actuaciones judiciales, así como la coordinación y el seguimiento, e incluido medidas para proteger, asistir y apoyar mejor a todas las víctimas. Hoy estamos un poco más cerca de acabar con esta forma de barbarie”, ha celebrado la eurodiputada María Eurgenia Rodríguez Palop (Sumar), que ha sido una de las negociadoras del texto.
La inclusión de la gestación subrogada se limita, no obstante, únicamente a castigar a las personas que engañen o coaccionen a mujeres para someterse a ese procedimiento; pero no entra en el fondo de la cuestión dado que existe división sobre cómo encarar los vientres de alquiler. En España, el Gobierno se abrió el pasado mes de abril a tipificar la gestación subrogada como un delito de trata de seres humanos, pero aún no se ha dado ningún paso en esa dirección. Una vez la directiva esté en vigor, cuando sea ratificada por el Parlamento Europeo y los 27, los estados miembros tendrán que adecuar sus leyes.
“Hemos incorporado un intento de que los paises se comprometan con la reducción de la demanda en la idea comprobada de que hay una relación directa entre prostitución y trata”, explica Palop a elDiario.es.
La directiva contempla, además, castigar el uso intencional de servicios sexuales a sabiendas de que es una víctima de trata. La tipificación queda en manos de los estados miembros, que tendrán que incluirla en su legislación penal “con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”.
También se reforzarán las sanciones a las personas jurídicas, como las empresas, responsables de delitos de trata. La idea es dejarlas sin la financiación pública (excluyéndolas de los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias, y retirando permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado lugar a la comisión de la infracción).
Además, la nueva legislación europea, que actualiza la directiva de 2011, incluye como agravante que los responsables de trata hayan facilitado o cometido la difusión de imágenes, vídeos o material similar de carácter sexual que involucre a la víctima.
“La trata de personas es un acto criminal que tiene un alto costo humano. Esta muy necesaria actualización de la directiva equipará mejor a los Estados miembros para luchar contra este terrible crimen en todas sus formas”, dijo en un comunicado el ministro de Justicia belga, Paul Van Tigchelt, cuyo departamento ha pilotado la recta final de las negociaciones.
La pretensión de los legisladores es, igualmente, es que las autoridades encargadas de la lucha contra la trata y las encargadas del asilo coordinen sus actividades para que las víctimas de la trata, que también necesitan protección internacional, reciban el apoyo y la protección adecuados, y para que se respete su derecho de asilo, según recoge la Eurocámara en un comunicado