Expulsar a personas migrantes que se encuentran en suelo europeo a países distintos de los que proceden. Es la propuesta que la presidencia húngara del Consejo de la UE ha puesto sobre la mesa y que los ministros de Interior de los 27 debatirán este jueves en Luxemburgo. Lejos de cuestionar el atropello de los derechos humanos que puede suponer ese modelo de expulsión, la música le suena bien a la mayoría de estados miembros, que reclaman una actualización de la directiva de retornos vigente en este momento e incluso de la propuesta que la Comisión Europea lanzó en 2019 y que se ha quedado en standby por la falta de acuerdo en el Parlamento Europeo.
El Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán, al que corresponde organizar los debates de los 27 este semestre, plantea una renovación de ese marco jurídico cogiendo el guante del endurecimiento de la posición que han mostrado una mayoría de estados miembros. 17 de ellos secundaron un documento impulsado por Holanda y Austria que apuesta por imponer “obligaciones y deberes” a las personas que se encuentran sin papeles en territorio de la UE llegando incluso a hablar de sanciones para los que no cooperen.
“Un elemento que debería recibir la debida atención al actualizar el marco jurídico es la ampliación de la definición de retorno permitiendo, como último recurso y teniendo en cuenta diferentes salvaguardias, los retornos a otro tercer país (es decir, que no sea el país de origen o de tránsito, o al que el retornado decida regresar)”, señala el documento que ha enviado la presidencia húngara a los 27 y en el que recuerda que esa aproximación ya estuvo en la posición del Consejo de la UE en la anterior negociación.
El argumento que esgrime la presidencia húngara es que esa decisión “debería contribuir a aumentar la eficacia de los retornos en los casos de falta de cooperación por parte del tercer país de origen o tránsito, o cuando el propio repatriado no coopera”. La idea, por tanto, es presionar a los migrantes para que acepten la expulsión a los países de los que han huido para no ser enviados a otros en los que no tienen ningún tipo de arraigo. La propuesta apunta, además, a la posibilidad de que Frontex participe en esos procesos de deportación a terceros países.
Más allá del endurecimiento de las reglas que ya de por sí supondría esa medida, hay gobiernos que ya han pasado pantalla, como el caso del propio Orbán, que este miércoles en el Parlamento Europeo, aseguró que “sin centros hotspot no vamos a poder controlar la migración ilegal en Europa”. “Una vez que entra alguien en la frontera no lo vamos a poder echar después”, aseveró. Lo que pretenden numerosos gobiernos europeos es adoptar el 'modelo Ruanda' de Reino Unido o el que ya ha acordado la Italia de Giorgia Meloni con Albania para externalizar los procesos de asilo. En la práctica supone crear centros de detención para refugiados mientras se llevan a cabo los trámites de las solicitudes de asilo en la UE.
Centros de detención fuera de la UE
La presidencia húngara recoge así la petición de 15 gobiernos europeos de distinto color -desde la extrema derecha hasta la socialdemocracia danesa- de buscar “formas innovadoras” para gestionar la migración. “Aunque el Consejo aún no ha debatido los detalles concretos y las implicaciones de dichas soluciones, muchas delegaciones han destacado el interés de explorar el concepto de centros de retorno en terceros países seguros”, afirma el documento.
Para llevar ese tipo de acuerdos, la UE pone énfasis en la necesidad de cooperar con esos terceros países, a los que normalmente se riega de millones para que controlen los flujos migratorios, a pesar de la constatación de vulneraciones de los derechos humanos. Y ahí la presidencia húngara apela a la necesidad de hacer “un uso más estratégico de los resortes positivos y negativos”. La teoría del palo y la zanahoria aplicado a esos 'socios' internacionales. Entre los ofrecimientos que para lograr “un cambio positivo en el comportamiento de terceros países” se menciona la política de liberalización de visados o el establecimiento de políticas de palanca comercial.
El Gobierno de España ve con reticencias la posición que están adoptando la mayoría de estados europeos, cuyo endurecimiento coincide con el auge de las fuerzas de extrema derecha en el continente. “Tenemos que implementar lo que hemos acordado”, señalan fuentes gubernamentales en referencia al Pacto de Migración y Asilo que se cerró en diciembre y que tiene dos años para desarrollarse desde el punto de vista jurídico. “El pacto ya recoge medidas en esa línea. Hay un procedimiento de retorno en fronteras, recursos, derecho a permanecer en territorio, etc. que ahora toca implementar”, explican esas fuentes sobre la aceleración de los retornos, que es otra de las obsesiones de los 27. “Hay otros trabajos en curso que se pueden plantear, de reconocimiento mutuo de decisiones de retorno que nosotros defendemos, pero en este tiempo con el pacto representa un paso adelante”, sentencian.