La UE se enreda con la migración pese a la bajada de llegadas

La Unión Europa lleva meses enredada, de nuevo, en el debate migratorio. Coincidiendo con el auge de la extrema derecha, la mayoría de países europeos han endurecido sus posturas respecto a los flujos irregulares de personas, que han llevado a Alemania a reintroducir los controles fronterizos en el espacio Schengen y a Polonia a suspender el derecho al asilo. En Bruselas presentan la inmigración como uno de los principales “desafíos” a los que hace frente el continente. Sin embargo, no hay una crisis y los datos no justifican la hiperventilación de la mayoría de capitales europeas. 

Frontex ha detectado una caída del 42% en las llegadas de personas sin papeles en 2024 con la entrada en territorio de la UE de 166.000 personas. La estimación es que, con ese ritmo, las cifras sean similares a las de 2021 (en 2022 y 2023 sí que hubo un ligero pico). A pesar de esa bajada y del incremento de los retornos a los países de origen, la lógica que se está imponiendo en el club comunitario es la del endurecimiento total de la política migratoria, para ser básicamente política anti-inmigración.

Según Frontex, el mayor descenso en la migración irregular se dio en la ruta de los Balcanes occidentales y del Mediterráneo, donde el número de personas interceptadas bajó en un 79% y un 64%, respectivamente. El incremento se produjo, en cambio, en el este, donde la frontera de Polonia y los países bálticos registró casi el triple de intentos de entradas irregulares, con un incremento del 192% en las intercepciones y un total de 13.195 casos. También la ruta canaria ha crecido un 100%.

No obstante, los datos siguen estando muy lejos de una crisis migratoria como la de los refugiados sirios de hace nueve años, que tensó las costuras del club comunitario. Y ahora, con unas cifras mucho menores, una mayoría de estados miembros está planteando una serie de medidas inconcebibles hace unos años. Sobre la mesa ahora mismo está la creación de centros de deportación fuera de la UE, siguiendo la estela de la ultraderechista Giorgia Meloni y su acuerdo con Albania; e incluso la expulsión de migrantes a países distintos al de origen.

España, Alemania y Francia han reclamado una aceleración en la implementación del Pacto de Migración y Asilo, prevista para el verano de 2026. Pero una mayoría de estados miembros han pasado ya pantalla y consideran que se queda corto. La amenaza es que ese acuerdo, que costó años de negociación cerrar, nazca muerto directamente.

La presión llega de una mayoría de capitales que reclama un endurecimiento de las medidas para combatir la inmigración irregular. Y han encontrado en la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una aliada que ha cogido el guante de propuestas como la de los centros de deportación. La alemana tuvo un gesto con todos esos países, comandados por Italia, Holanda y Dinamarca, al reunirse con los líderes justo antes de la cita de los 27 en el Consejo Europeo. En total se reunieron con la jefa del ejecutivo comunitario once primeros ministros (a los tres convocantes se sumaron Austria, Chipre, Grecia, Malta, la República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría).

Sánchez rechaza los centros de deportación

No obstante, las voces en contra también se escucharon. “No estamos a favor de ese tipo de fórmulas. No atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos”, ha afirmado Pedro Sánchez en referencia a esos centros fuera de territorio de la UE: “Nosotros optamos por una visión mucho más volcada en la dimensión exterior del fenómeno migratorio, como podemos anticipar la llegada de migrantes reforzando la cooperación. Por eso hemos pedido que Frontex llegue a acuerdos con los gobiernos de Senegal, Mauritania y África Occidental para colaborar sobre el terreno”. El presidente español ha defendido una visión “humanitaria del fenómeno migratorio” y también ha reclamado más presupuesto comunitario para ese asunto, que actualmente sólo destina 2.000 millones de euros.

Al rechazo de España a los centros de deportación, se sumó el canciller alemán, Olaf Scholz, aunque no por una perspectiva de vulneración de los derechos humanos precisamente. “Está claro que cuando se miran las cifras, conceptos que representan unas pequeñas gotas, no son la verdadera solución para un país tan grande como Alemania”, argumentó Scholz, que ha reintroducido los controles fronterizos. En una entrevista en Financial Times, el primer ministro griego, que fue uno de los participantes en la 'contra cumbre' y que suscribió un documento con otras catorce capitales en busca de un endurecimiento de la política migratoria, cuestionó que la propuesta de los centros pueda implementarse a nivel de la UE.

Siria, ¿un país seguro?

Uno de los asuntos que los líderes de Italia, Austria y Chipre pusieron sobre la mesa fue la posibilidad de volver a considerar a Siria un tercer país seguro para proceder a la devolución de las personas que huyeron de la guerra en ese país. El argumento en buena medida lo sustentan en que 300.774 ciudadanos sirios y 102.283 libaneses han cruzado a Siria ante la guerra entre Israel y Hizbulá.

Pero, más allá de las propuestas que van ejerciendo una derechización del discurso migratorio, el enquistamiento de la discusión en la cumbre de los líderes de los 27 se produjo fundamentalmente por la posición de Polonia, que se oponía desde el primer momento a las conclusiones sobre el asunto migratorio, a pesar de que el lenguaje era muy medido e incluso en un momento dado ni siquiera aparecía una alusión al Pacto de Migración y Asilo sino al concepto genérico “legislación” existente.

Polonia, el gran obstáculo para el pacto migratorio

El anterior gobierno polaco, de los ultranacionalistas de Ley y Justicia se opuso a ese acuerdo, pero el popular Donald Tusk también ha amenazado con saltárselo. De hecho, fue el principal obstáculo en la negociación de las conclusiones. Fuentes de la delegación polaca aseguraban que su posición era la del comunicado pactado a primera hora por el Partido Popular Europeo, que prevé excepciones para la aplicación de esa normativa.

“Es necesario aplicar el nuevo Pacto de Migración y Asilo. La aplicación no afectará al ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior. Al mismo tiempo, queremos mejorarlo continuamente trabajando en soluciones innovadoras”, expresa el texto del PPE, que también avala los centros de deportación de Meloni. 

Lo que sostienen en Varsovia es que el pacto no sólo no les ayuda sino que complica la batalla contra las amenazas híbridas o la instrumentalización que tienen en la frontera con Rusia y Bielorrusia. Y eso es lo que está detrás de la decisión de Tusk de suspender el derecho al asilo, a pesar de que en Bruselas le han recordado que es una obligación de los estados miembros ofrecer protección internacional.

Y, finalmente, ha habido conclusiones del Consejo Europeo en las que se hace una mención específica a ese asunto: “No se puede permitir que Rusia y Bielorrusia, o cualquier otro país permitir que abusen de nuestros valores, incluido el derecho de asilo, y socaven nuestras democracias. El Consejo Europeo expresa su solidaridad con Polonia y con los Estados miembros que se enfrentan a estos retos. Las situaciones excepcionales requieren medidas adecuadas. El Consejo Europeo recuerda su determinación de garantizar un control eficaz de las fronteras exteriores de la Unión por todos los medios disponibles, incluso con el apoyo de la Unión Europea, en consonancia con el Derecho de la UE e internacional. Reafirma su compromiso de luchar contra la instrumentalización de los migrantes fines políticos”.

Los 27 también apremian a la Comisión Europea a plantear una nueva normativa para los retornos con carácter de “urgencia” y plantean condicionar la política de visados y comercio con terceros países en el marco de la colaboración con las deportaciones. El texto no alude expresamente al Pacto de Migración y Asilo mientras que sí recoge una alusión a “nuevas formas de prevenir y contrarrestar la inmigración irregular, en consonancia con la legislación de la UE y el Derecho internacional”. El debate, aunque existe desde hace décadas, no ha hecho más que empezar.