Unicef ha instado a España a aprobar cuanto antes una política estatal que garantice las necesidades individuales de protección de los niños y de los jóvenes extutelados. La agencia de Naciones Unidas pide que dicha estrategia nacional incluya un mecanismo que garantice la responsabilidad compartida y regule los traslados entre regiones.
Así lo han expuesto este miércoles distintos responsables de Unicef en España en una rueda de prensa telemática en la que han presentado el informe Canarias: niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo. Se trata del resultado de una investigación desarrollada en la primera quincena de junio en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife por un equipo de la organización que visitó 27 centros de protección, acogida inmediata y atención temporal a extranjeros en los que pudo “escuchar la voz de los niños”.
El informe recoge testimonios como el del senegalés Moussa, que abandonó a su familia para meterse en un cayuco rumbo a Canarias, donde pensó que encontraría trabajo como futbolista para enviar dinero a su madre, que depende de medicinas para vivir, y que ahora quiere ser monitor de Cruz Roja para ayudar a otros niños como él.
Según Gustavo Suárez, presidente de Unicef España, este “fenómeno estructural” plantea la necesidad urgente de dotarse de herramientas adecuadas porque “estamos lejos de lograr que se acaben las vulneraciones de derechos que sufre la infancia migrante”.
Suárez también ha aludido así a las carencias que presenta el “desbordado” sistema de protección a la infancia español, ante las que la agencia insta al Gobierno a contar con sus diagnósticos y recomendaciones a la hora de aprobar, previsiblemente este año, una estrategia nacional, cuyo borrador se ha presentado recientemente.
“Necesitamos una política de contingencia de ámbito estatal que evite que el sistema de protección se sature y que permita dar atención individualizada y adecuada a la situación de cada niño y de cada niña”, ha afirmado.
La investigación desarrollada por Unicef en Canarias ha constatado la “ansiedad y profunda tristeza” que genera a muchos de estos chicos el recuerdo de otros compañeros de viaje fallecidos durante su viaje en barca hacia las islas.
Según sus cifras, han llegado al archipiélago en pateras y cayucos 3.830 menores desde 2019 y permanecen acogidos más de 2.500 presuntos menores de edad no acompañados, cuyas determinaciones de edad se demoran meses, por lo que están pendientes más de 1.750.
En las entrevistas con los protagonistas de esta emergencia humanitaria, Unicef también ha confirmado que, pese a que solo unos 400 menores de 16 años de los 2.500 que están acogidos en Canarias han sido escolarizados, la mayoría de ellos, y también los mayores de edad, transmiten con claridad su deseo de estudiar y formarse.
“Nos han llegado a decir que están desesperados por estudiar, por hacer algo, no soportan estar sin hacer nada y esta frustración pone en riesgo su salud mental”, ha aseverado la investigadora Sara Collantes.
Unicef también ha encontrado en Canarias casos como el de Rulo que, al igual que otro centenar de chicos llegados a las islas, ha podido salir con su permiso de residencia del centro en el que estuvo acogido y cuidado por quienes considera su “familia”. Ahora trabaja en una cocina, cinco horas al día de lunes a sábado, lo que le ha permitido emanciparse.
Aunque no se disponen de cifras desagregadas, Unicef estima que buena parte de los más de 200 menores acogidos por familias canarias en 2020 pueden ser extranjeros no acompañados. Es un colectivo al que se brinda un acompañamiento dirigido a lograr su emancipación, que solo logra un 4,9% de los migrantes acogidos.
Se trata de una tarea que es más fácil en el caso de los niños más pequeños y que supone un reto para los de 12 años en adelante, según cuenta el especialista en migraciones y autor del informe, Pablo Ceriani.
Otro de los testimonios recabados sobre el terreno en este estudio ha sido el de Tatana, de 17 años y origen marroquí, quien ha contado que en su país trabajaba, por 94 euros al año, en una casa donde limpiaba y cocinaba y donde le “trataban fatal”, por lo que, pese al miedo que le daba, se embarcó en una patera cuyo motor se rompió en medio de su travesía hasta Canarias –en la que han desaparecido o muerto 95 niños– donde fue finalmente rescatada por Salvamento Marítimo. Ahora ansía llegar a ser jefa de cocina para poder ayudar a su familia.
Un sistema de protección agotado
La conclusión a la que ha llegado Unicef tanto en Canarias como en Ceuta, donde el pasado mes de mayo entraron más de 1.000 menores en 48 horas, es que “cuando el sistema se satura, los derechos se vulneran”, ha referido Collantes. El caso de Ceuta supuso una crisis inédita y un desafío inasumible para un sistema de protección a la infancia con capacidad para garantizar los derechos de 200, según ha resaltado desde la ciudad autónoma Carmen Molina, la directora de Políticas de Infancia de la entidad.
A juicio de la entidad, la falta de planificación y recursos, así como de mecanismos que garanticen la corresponsabilidad en todo el territorio, hacen que esa respuesta sea inadecuada. “El modo en que España ha estado actuando hasta ahora en las emergencias humanitarias migratorias está agotado. No estamos siendo capaces de responder a las necesidades de los niños y niñas que llegan afectados por una emergencia humanitaria migratoria”, asegura Collantes. “Esto no solo pone en riesgo a los menores de edad, sino que genera tensión en las instituciones, entidades y profesionales de protección a la infancia migrante”.
Por ello, Unicef reclama que la estrategia nacional que se elabora establezca recursos estables de emergencia en todos los territorios del país, a los que se dote de personal especializado en infancia para que las evaluaciones individuales de los usuarios se realicen con más agilidad.
Unicef aboga por que estos recursos estén coordinados por una unidad de respuesta rápida que tenga un control político central y por que se acuerde un sistema común de gestión de la información que permita hacer un seguimiento de estos menores durante su permanencia en España.
Unicef también hace hincapié en la necesidad de contar con medios con los que atender las necesidades especiales de niños que son víctimas de trata o sufren problemas de salud mental, así como de los adolescentes que se ven abocados a vivir en la calle cuando cumplen 18 años y han de abandonar los recursos de acogida.
Según la entidad, esto sería evitable si se buscara a los familiares que muchos de ellos tienen en España o en países del entorno, como ocurre con el 30% de los usuarios de algunos centros de acogida de Canarias.