La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su “indignación y preocupación” ante la posibilidad de que el Gobierno de España esté deportando nacionales malienses a su país de origen “a través de la utilización de vías indirectas”, entre ellas un acuerdo bilateral firmado con Mauritania –país fronterizo con Mali– en 2003.
El 20 de enero, un vuelo de deportación de Frontex partió del aeropuerto de Gran Canaria con destino Noadhibu, Mauritania. En su interior, 46 personas que sobrevivieron al mar para alcanzar las Islas Canarias emprendían un viaje de vuelta al continente africano. De ellas, cuatro eran nacionales de Senegal, una de Costa de Marfil, 34 de Malí y solo siete regresaban a su país de origen.
Siete días más tarde, el lunes 27, la historia se repitió. En esta ocasión 42 personas viajaron a la capital mauritana desde el aeropuerto de Tenerife Norte en un operativo de la agencia europea de control fronterizo: tres senegalesas, una mauritana y 38 malienses.
La asociación de fiscales ha explicado en un comunicado que el Defensor del Pueblo ha documentado en lo que va de año al menos tres vuelos de repatriación a Mauritania desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las Islas Canarias.
“La utilización de vías indirectas, como lo ha sido la utilización del Convenio Bilateral firmado por España y Mauritania en el año 2003 bajo la única presunción de que las personas deportadas transitaron por ese país, es un atajo intolerable cuando hablamos de la protección de derechos humanos de las personas más vulnerables del planeta”, denuncia la asociación de fiscales.
El convenio especifica que los repatriados deben ser nacionales mauritanos y en caso de que pertenezcan a países terceros, deben haber transitado por el país. Estas deportaciones violan estas condiciones. Los autos de internamiento de 14 de los 72 malienses expulsados, a los que ha tenido acceso Canarias Ahora, revelan que este grupo partió de Senegal.
Además, todos ellos expresaron su voluntad de solicitar protección internacional en España, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. Una decisión que fue trasladada a la Policía Nacional. A pesar de ello, estos fueron privados de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, mientras se tramitaba su expulsión definitiva, que no fue notificada al juzgado correspondiente hasta un día después de la deportación.
“Ya en julio de 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que la prohibición del retorno forzoso a Mali debe mantenerse hasta que la seguridad, el Estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Malí hayan mejorado significativamente”, ha recordado la asociación.
En este contexto, la UPF ha recordado que ACNUR “considera que actualmente es imposible conseguir un retorno seguro, digno y compatible con el cumplimiento de los compromisos internacionales, dado que el conflicto en Mali se ha agudizado en el último año, aún más, con motivo de la incidencia que en el conflicto bélico están teniendo los devastadores efectos del cambio climático”.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, señaló la semana pasada que estas personas “no van a Mali, sino a Mauritania”. El ministro añadió que “todas las personas que han pisado suelo español han podido ejercitar su derecho de protección internacional”.
Por su parte, fuentes de la seguridad mauritana han confirmado que los migrantes que llegan a Nuadibú son trasladados a la frontera de Mali o Senegal y entregados a la policía de estos países. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado también ha constatado que estas personas son devueltas a Malí.