H. anuncia su servicio en un escueto anuncio de Wallapop: “Cita huellas. 0 euros”. Sabe que sus potenciales clientes, inmigrantes angustiados por conseguir hora para realizar los trámites presenciales en comisarías de toda España con el objetivo renovar o expedir su tarjeta de residencia, entenderán su oferta al instante. No proporciona información sobre las condiciones a través de la plataforma pública ni por mensajes privados. Cuando es preguntado por el precio, se limita a enviar un número de teléfono. Se le pregunta por Whatsapp, pero prefiere hacer una llamada. Evita dejar nada por escrito.
- Necesitabas una cita para las huellas, ¿no? ¿para qué provincia?
- Sí, Madrid. ¿Cuánto cuesta y cómo se realizaría el pago?
- Son 100 euros. Me das tus datos y, si estás en Madrid, en tres o cuatro días hacemos el intercambio en mano.
El colapso de las comisarías de Extranjería y la arbitrariedad que marca el sistema para acceder a una cita previa, que obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en vano, han generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas previas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 15 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante.
Entre quienes buscan sacar tajada de los retrasos existentes para obtener una cita y de la falta de información clara de la Administración para facilitar el trámite, se encuentran perfiles que aseguran ser “profesionales” del negocio y lograr plaza en comisaría en un tiempo exprés. Otros, simplemente, admiten pasar horas delante del ordenador para ahorrar la tediosa espera a sus clientes a cambio de dinero. El 'conseguidor' H. está entre los primeros.
- ¿En tres días? ¿cómo lo consigues tan rápido? Hay gente que pasa semanas delante del ordenador y nada...
- No necesito tanto tiempo. Hay otras páginas. Están las de la Policía, las normales, y otras.
Si la dificultad para pedir citas de extranjería era algo habitual antes del estado de alarma, la pandemia ha acabado creando un cuello de botella que está acarreando numerosos problemas a centenares de extranjeros que acumulan meses con residencia regular pero sin un documento físico de identidad. Con la “nueva normalidad”, también ha regresado la desesperación de miles de residentes extranjeros ante los obstáculos con los que se encuentran para conseguir una cita.
El pasado lunes, el Defensor del Pueblo ha urgido al Ministerio del Interior a corregir las “demoras excesivas” para conseguir cita previa de cualquier trámite presencial de extranjería. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska insiste en que se trata de una competencia de las subdelegaciones de Gobierno. Por su parte, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no han respondido a las preguntas de elDiario.es.
Para miles de ciudadanos extranjeros, lograr una cita suele conllevar meses de intentos en la página web donde se solicitan, emplear tiempo rellenando un formulario para, posteriormente, encontrarse un mensaje habitual: “En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas”.
Ante esta situación, miles de ciudadanos extranjeros reflejan su hastío en distintos grupos de Facebook de afectados. Entre consultas, lamentos, consejos y alertas de las horas a las que es más sencillo obtener un cita, también surgen comentarios de quienes ofrecen realizar el trámite a cambio de dinero.
“Sin colas, sin esperas y, sobre todo, seguro. Solicita tu plaza y obtén una cita para extranjería”, reza uno de los anuncios publicados en distintos grupos de Facebook de inmigrantes en España. Detrás del cartel se encuentra J. R., un supuesto 'gestor' que está detrás de varias publicaciones que ofertan el servicio. Una cita para la toma de huellas en la comisaría de Aluche de Madrid, uno de los trámites más demandados, cuesta 80 euros. “Me pagas por mi tiempo de intentar coger una cita”, responde J. R., quien asegura estar al frente de una “empresa on line” llamada Gestión Express, de la que no hay rastro en la web. Al preguntar por su página, el vendedor aporta la dirección de un correo electrónico de Gmail.
A María (nombre ficticio) y su pareja los recomiendan en algunas de las respuestas de quienes piden consejo para cumplimentar la toma de huellas necesarias para expedir la tarjeta de residencia en Madrid. Describen su servicio como “muy serio” y “económico”. La mujer aprendió a manejar con fluidez la sede electrónica de las administraciones públicas a su llegada a España. “Estoy con los niños en casa, sin trabajo, así que puedo meterme cada hora en el ordenador para ver si hay citas. Ofrezco este servicio como particular para quien no tenga tanto tiempo y, así, ganarme un dinerito”, explica. Su precio es más económico, 40 euros, y no duda en dar consejos, por si sus potenciales clientes prefieren intentarlo por sí mismos. “En algunas provincias sí hay horarios, pero en Madrid cada día abren citas a distintas horas”, añade la mujer.
F., quien asegura tener 13 años, defiende que vende citas para “ayudar”. “Como yo soy de Venezuela, dije: ¿por qué no ayudo a mis paisanos o a cualquier otro?”, explica a elDiario.es en una conversación mantenida a través de Facebook en julio. “Ahorita le conseguí la cita a un venezolano y a su mujer. No lo hice por necesidad sino por ayuda al prójimo. Yo solamente tengo 13 años y no ando cobrando tanto dinero como otros”, sostiene el menor. “Por las citas de extranjería pido 15, 20 o 25. Por la DGT, que es la más difícil, pido 100”, detalla.
Según denunció el Defensor del Pueblo este lunes, la Institución recibe “quejas constantes sobre los problemas para obtener una cita previa y acceder al procedimiento de protección internacional”. Más allá del ámbito de las peticiones de asilo, Francisco Fernández Marugán ha alertado de que “las dificultades para obtener cita previa se han extendido a una multitud de trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros en dependencias policiales de todo el territorio nacional”. La situación lleva siendo denunciada desde hace años, pero se ha agravado tras la declaración del estado de alarma, debido a cese de la atención presencial y la acumulación de carga de trabajo para trámites que no pueden realizarse de forma telemática, como la toma de huellas o la recogida de las tarjetas de identificación.
Aunque la resolución debería servir como documentación válida, la falta de información al respecto impide en la práctica a los afectados realizar tareas cotidianas como tener una cuenta corriente, viajar a un país extranjero o incluso conseguir un empleo, debido a la desconfianza generada por la falta de la tarjeta de identificación.