La vida de Omar dio un giro tras conocer los resultados de una radiografía. El joven, que desde mayo estaba tutelado por la Generalitat de Catalunya, se vio obligado, por ley, a salir del circuito de protección después de que los resultados de la prueba de la mano y muñeca izquierda determinasen que era mayor de edad. El 17 de octubre lo acogieron en una casa, algo que se trabajó desde el centro en el que estaba, cerca de Igualada, junto con una asociación de personas de Guinea, de donde procedía. El 6 de noviembre, Omar se suicidó.
De Omar, que no tenía documentación, sospechaban que fuese menor. Determinar su edad, como ocurre en otros casos, no se hizo justo en el momento de su llegada. La gran mayoría de los jóvenes que esperan los resultados –Omar espero cinco meses – lo hacen durante un tiempo, a pesar de que Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que las pruebas de edad se lleven a cabo “en un plazo máximo de dos semanas”.
Mientras esperan, suelen ser acogidos en un centro de menores. “Parece que estás protegido y de golpe, adiós. Es un drama”, señalan desde el colectivo Hourria, un movimiento que acompaña a chicos y chicas que han viajado solos y se encuentran en situación vulnerable. Esperan unos resultados de los que depende el acceso a unos derechos fundamentales y un futuro, o, por el que contrario, que les abran un expediente de expulsión y puedan echarles del país.
Desde que pisan suelo español, los niños y adolescentes migrantes que llegan solos se encuentran ante un proceso judicial, policial y burocrático, señala Ángel Madrid, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). El jurista asegura que desde el momento de su recepción e identificación se producen vulneraciones. “Hemos visto como se les ha puesto bridas para esposarlos o se les ha encerrado junto a personas mayores o en centros de emergencia donde terminan alargando su estancia”, añade el integrante de APDHA.
Algunos de los jóvenes se encuentran entre dos lógicas, la de la protección y la de Extranjería. Son aquellos en los que, como Omar, se activa la duda de si tienen menos o más de 18 años. Independientemente de si llevan o no pasaporte, aquí es donde aparecen las pruebas de identificación y verificación de la edad.
El abogado y presidente de Noves Vies, Albert Parés, tiene constancia de que España lleva usando, como mínimo, estas pruebas en este contexto desde marzo de 2009. Cada comunidad autónoma tiene competencia en la acogida y la tutela, pero es la Fiscalía, junto con la Policía y los servicios de protección autonómicos, quien inicia el proceso de determinación de la edad.
En 2018 se abrieron un total de 12.152 procesos entre pruebas de edad e investigaciones de verificación de los documentos. El doble que en 2017 y seis veces más que en 2016, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a las pruebas realizadas, 4.558 concluyeron que se trataba de un menor. Más de 3.000 certificaron la mayoría de edad y 4.563 fueron archivadas. Su aumento va en paralelo con el crecimiento de llegadas de menores solos. Los últimos datos del Ministerio de Interior de diciembre de 2018 cifraban en 13.796 los menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección. 12.825 son chicos y 971 chicas.
El Defensor del Pueblo y organizaciones como la Fundación Raíces, Noves Vies o la asociación APDHA llevan años alertando de los problemas que se desprenden de estas pruebas, así como denunciando las vulneraciones que se dan durante su realización, como han documentado organismos como Unicef. Estos exámenes se suman a una serie de prácticas muy cuestionadas en la protección de los niños y adolescentes extranjeros, como la sobreocupación en los centros, que pasen en ellos más tiempo del periodo establecido o “el deficiente trato y protección que ofrecen los profesionales”, según la ONU.
Amplio margen de error
Las controvertidas pruebas de edad consisten inicialmente una radiografía del carpo, es decir, de la mano y la muñeca izquierda. “Una prueba ”imprecisa“ y con ”amplios márgenes de error“ – de por lo menos dos años – según Naciones Unidas. En esta, la vara de medir la establece el atlas de Greulich y Pyle, un libro publicado en los años 50, elaborado a partir de 990 chicos de Ohio, Estados Unidos.
Esta prueba se combina con otras: la de la mandíbula, la de la clavícula y la observación de la maduración de los órganos sexuales, con un amplio margen de error sobre todo en el desarrollo mamario, que ha llevado a muchas chicas y chicos a quedarse en un desnudo integral y a encontrarse en una situación completamente intrusiva, de acuerdo con las organizaciones que los acompañan. “Es humillante”, denuncia la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.
Las pruebas no se pueden hacer si el joven no da su consentimiento. Ángel Madrid recuerda que se trata de un “consentimiento formal, y no material, ya que los documentos no están traducidos y no se garantiza su comprensión”. Esto contradice la normativa internacional, que además obliga a una asistencia jurídica gratuita en todo momento. “La negativa juega como presunción de mayoría de edad y eso es cuestionable ya que pueden darse muchos otros motivos por los que los jóvenes se nieguen”, añade Madrid.
Pruebas a pesar de venir con pasaportes
El Tribunal Supremo sentenció en 2014 que si una persona lleva consigo un pasaporte o documento que indique su minoría de edad, “no puede ser considerado un extranjero indocumentado”. A no ser que se “justifique razonablemente”, los menores no deberían estar sometidos a pruebas óseas. Solo aquellos que no presenten documentación.
A pesar de ello, la Fiscalía confirma que aún cuando los jóvenes llevan consigo el pasaporte o otra documentación que acredita la edad, estas se realizan. “Suele ser porque en el informe de la Policía Nacional se recoge o que el documento es falso o que hay contradicciones. La apariencia física tampoco despeja la duda, yo no veo a priori que sea un niño”, apunta el fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, Luis Lafont. A veces los documentos se presentan una vez practicada la prueba, comenta el fiscal de Sala de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa Villa, quien rechaza que exista una contradicción entre lo que ha sentenciado el Supremo y esta forma de proceder, ya que siempre “se justifican” las pruebas.
Para el abogado Albert Parés, esta es una de las vulneraciones principales con la que se debería terminar de inmediato y considera que una prueba de ello es que la gran mayoría de casos de menores que aún llevando pasaporte han sido sometidos a las pruebas se han ganado.
“Fiscalía hace una interpretación errónea. Fiscalía tiene que razonar objetivamente el motivo por el cuál no se cree el pasaporte. Lo que hace es decir que, o bien por su apariencia física no aparenta ser menor. O como no hay un convenio bilateral con el país de origen no se puede saber si el pasaporte es verídico”, asegura el letrado. “La verificación de la autenticidad de los documentos suele ser más ágil con Marruecos, con quien España tiene un convenio bilateral, que con otros países de, por ejemplo, África Subsahariana”, comenta.
En marzo de 2018 el Comité de Derechos del Niño denunciaba España por “el uso de métodos intrusivos de evaluación de la edad, incluso en casos en que los documentos de identificación parezcan ser auténticos” y señalaba las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como los principales lugares donde esta práctica “era sistemática”.
A raíz de cinco dictámenes de la ONU, la Fiscalía elaboró en 2018 un par de notas internas en las que se detallan instrucciones y recomendaciones explicando cuándo se debe o no proceder. A pesar de ello, es cada fiscal el que termina haciendo una valoración del caso, como reconoce Sánchez-Covisa, y tiene la última palabra. Distintas organizaciones coinciden en que la falta de coordinación provoca que en ocasiones una misma persona pueda pasar dos o más veces por las mismas pruebas. Si bien en algunas comunidades autónomas se hace tanto la radiografía de la mano como la de la mandíbula, en otras, como ocurre en Andalucía, se emplea como regla general solo la primera sin aportar pruebas complementarias y, muchas veces, sin una intervención del forense o del radiólogo, indica en su última memoria anual la Fiscalía.
Cuando estas pruebas de identificación dan como resultado que son mayores de edad, estas personas son expulsadas del sistema de protección y muchas se quedan en la calle, desamparadas. En ocasiones hay menores que terminan un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). En 2018, en los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia un total de 216 internos alegaron ser menores de edad, según datos de Fiscalía. En el caso de Barcelona, de 143 alegaciones, 17 resultaron ser menores. En Madrid, de las 23 alegaciones hubo 10 en las que “no se pudo afirmar que tenían 18 años”. De las 50 diligencias de Valencia no hay información de los resultados.
“Como se le ha realizado una sola prueba y esta dio que era mayor, se le ha encerrado. Luego, una vez dentro del CIE se profundiza la investigación y se entiende que ese dato puede cuestionarse. Ante la más mínima duda de que es menor se cesa el internamiento y se activa el sistema de protección”, indica el fiscal Luis Lafont.
La decisión del fiscal no se puede recurrir. Desde la Fiscalía de Extranjería señalan la necesidad de que la normativa se recoja en un documento administrativo -actualmente viene estipulado en un protocolo-, algo que permitiría presentar recurso. Los fiscales reconocen que esta es una de “las mayores quiebras del sistema”. “Quién tiene competencias es el legislador”, señala el fiscal Luis Lafont.
“Lo primero sería que en todos los sitios de España se dejasen de hacer pruebas a menores que llevan pasaporte y que se unificara el criterio”, comenta el abogado Albert Parés, quien señala que son necesarios unos informes más globales que no solo se sustenten en la edad cronológica y que eviten llegar a las pruebas médicas.
“Desde que atendemos a estos niños y niñas todos las políticas y los tratados ratificados por España, que si algo pretendían era velar por el interés de estos, han quedado supeditados a las fronteras y al control de la migración”, sentencia la presidenta de la Fundación Raíces.
Más de medio año después de llegar a España, Omar se vio obligado a abandonar el centro de acogida en el que vivía. “Es un momento muy duro para muchos chicos, que de golpe no pueden volver al que ha sido su hogar”, denunciaron desde Hourria. De un día para otro, pasó a ser considerado un adulto. Entre un día y otro, el resultado de una radiografía.
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Este reportaje se ha elaborado con la colaboración de la Fundación PorCausaFundación PorCausa