Desde la cubierta del barco al que le subieron quienes acaban de salvarle la vida, Abu Bakr relata con impotencia lo que ha vivido. El joven maliense de 24 años explica que el precio que deben pagar los migrantes y refugiados para alcanzar Europa no queda solo en los miles de dólares que desembolsan para montarse en un bote hinchable. Tampoco en jugarse la vida en el mar.
Antes, muchos sufren secuestros, torturas, intimidaciones, palizas y abusos sexuales por parte de traficantes y autoridades en Libia, país desde el que parten la mayoría. “Allí no somos personas, no somos nadie. Por eso nos arriesgamos tanto para cruzar este mar”, explica.
Desde que el año pasado Médicos Sin Fronteras (MSF) puso en marcha las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, sus equipos han rescatado a más de 25.000 personas de embarcaciones en peligro. Independientemente de su país de origen o de sus razones para tratar de llegar a las costas europeas, casi todas ellas habían pasado por el país norteafricano.
Sus testimonios ponen de manifiesto el alarmante nivel de violencia y explotación que sufren los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en el país norteafricano, que sigue fragmentado por los conflictos y los efectos de la guerra civil. Mientras los combates entre los grupos armados rivales continúan, la situación de los extranjeros es más precaria y peligrosa que nunca.
La mitad de las personas entrevistadas por MSF en sus buques de búsqueda y rescate en 2015 afirmaron haber sido detenidas durante meses en el transcurso de su estancia en Libia, ya fuera por la policía y otras autoridades, las milicias implicadas en el conflicto, bandas criminales que operan en las principales ciudades o particulares. Permanecieron encerrados en casas o almacenes en condiciones extremas y sin acceso a asistencia médica.
“Todos los solicitantes de asilo deberían tener derecho a que su caso sea escuchado y juzgado en base a sus características específicas. Sin un régimen de asilo en Libia, las personas que buscan protección no pueden ser registradas y tratadas en conformidad con el derecho internacional de protección de los refugiados. Dado que Libia no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y actualmente atraviesa su propia crisis humanitaria, los países de la Unión Europea no pueden asumir que estos derechos se garantizan en territorio libio”, asegura la ONG.