“Antes que morir de sed, es mejor luchar de pie”, se repite Reynaldo Domínguez para recordarse por qué defiende los ríos a pesar del riesgo que conlleva alzar la voz por el medio ambiente en su país, Honduras. Desde 2018, cuando un proyecto extractivista lo cambió todo en su comunidad, el activista de 58 años dedica su vida a proteger el agua de los ríos del Valle de Aguán, en el municipio hondureño de Tocoa, sin ceder ante las constantes amenazas.
Reynaldo nació en Guapinol, una pequeña comunidad de 2.800 habitantes donde cultiva maíz, plátano, yuca, cacao y posee algo de ganado. La extracción de óxido de hierro está contaminando los ríos y ecosistemas de los que su comunidad se abastece. En una ocasión, desde el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, al cual pertenece, consiguieron paralizar la actividad minera por un tiempo. Su acción le ha costado pasar por la cárcel, vivir amenazado y el asesinato de un familiar, pero no se rinde, dice, porque “el capital se ensaña salvajemente con las comunidades.”
La vida cambió en Guapinol en 2018 cuanto la empresa minera Inversiones Los Pinares comenzó a extraer Óxido de Hierro de una zona protegida del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras, afectando los ríos Guapinol y San Pedro. Aunque el futuro de la comunidad se había empezado a decidir años antes en los despachos del Estado. El Congreso aprobó cambiar las coordenadas del parque nacional para que, meses después, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) otorgara licencias para operar proyectos mineros a la empresa presidida por Lenir Pérez. Nadie se enteró de la que se les venía encima hasta que el proyecto estaba ya empezando a andar. Según la Alianza Centroamericana contra la Minería, el proceso violó el derecho a consulta libre, previa e informada de las comunidades, establecido en la Ley de Municipalidades.
El proceso de sedimentación en la extracción de óxido de hierro ha ido contaminando el agua de los ríos Guapinol y San Pedro. “El pescado ya comenzó a desaparecer”, cuenta Reynaldo. Los peces que sobreviven, añade, “enferman” dejándolos inservibles para el consumo humano. Se están documentando casos de personas con irritaciones en la piel tras el uso del agua. Como explica Reynaldo, “la gente que no puede comprar agua embotellada, consume el agua directamente de estos ríos”.
Ambientalistas encarcelados
Ante el miedo a perder lo más sagrado para ellos, 450 vecinos, entre ellos Reynaldo, instalaron un campamento pacífico que denominaron Campamento por el Agua y la Vida. La protesta consiguió paralizar la actividad extractivista durante 88 días hasta que fueron desalojados violentamente por la policía militar y el ejército.
“No entendimos que las autoridades estaban coaguladas con este proyecto minero”, recuerda resignado Reynaldo. Con el fin de mermar la resistencia pacífica de los vecinos de Guapinol, algunos de los participantes en el campamento fueron detenidos y acusados. “La empresa, junto a los fiscales del Ministerio Público, fabricó delitos falsos como, por ejemplo, el de asociación ilícita que te lleva directamente a la cárcel,” explica Reynaldo como motivo de su paso por el penal.
Los ambientalistas estuvieron encerrados en cárceles de alta seguridad junto a narcotraficantes y sicarios mientras enfrentaban cargos como usurpación, daños, privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado contra la empresa y asociación ilícita. Reynaldo y otros once compañeros fueron puestos en libertad tras 15 días de encierro. Sin embargo, ocho de los detenidos permanecieron 914 días presos. Tras más de diez meses de su liberación, denuncian que aún no han recibido sus cartas de libertad definitiva por parte de las autoridades judiciales.
Según Amnistía Internacional, estos ochos ambientalistas fueron acusados de delitos que no cometieron y fueron víctimas de una detención arbitraria derivada de sus actividades de defensa de los derechos humanos. Las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, ha calificado este proceso judicial como parte de una estrategia de intimidación y criminalización de quienes se oponen al proyecto minero.
El Estado hondureño está tratando de equiparar los movimientos sociales como un crimen grave, al nivel del crimen organizado, alertan desde la ONG. Reynaldo lo denuncia con cierta decepción. No se explica, recalca, por qué puede ir preso por defender el agua: “Estoy defendiendo su derecho, el de su familia y el de sus hijos”.
Amenazas y asesinatos de defensores
La presión sobre los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro no se ha quedado en la vía judicial. En 2019, Roberto Argueta Tejada y Arnold Morazán Erazo, también activistas medioambientales, fueron asesinados en Guapinol. Sus crímenes nunca se investigaron.
Según la organización Global Witness, al menos 1.733 personas defensoras de tierra y medio ambiente han sido asesinadas entre 2012 y 2021. El 68% de los homicidios se registraron en América Latina ocupando Honduras el quinto lugar con 117 casos. En 2022, 17 activistas fueron asesinados en Honduras (17), según el último informe de Front Line Defenders, publicado este jueves.
En este contexto, Reynaldo está en el punto de mira. El activista ha denunciado haber recibido mensajes con amenazas de muerte. Vive con miedo, reconoce. Como otros compañeros de lucha, ha dejado de dormir en su propia casa y vive acongojado ante la posibilidad de que alguien pueda volver a hacer daño a sus hijos o familiares.
El pasado mes de enero, semanas después de su regreso de una gira europea organizada por la organización Brigadas Internacionales de Paz en la que denunciaba la situación de amenaza bajo la que conviven los defensores de la tierra en Latinoamérica, su hermano Ely Domínguez y otro miembro de la resistencia del río Guapinol, Jairo Bonito, fueron asesinados. Ambos formaban parte de los activistas encarcelados después del desalojo del campamento. Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional los registraron como los primeros asesinatos de ambientalistas en este año 2023.
Reynaldo cree que el crimen de su hermano apunta directamente a él. Pero el miedo por su integridad no supera su temor a los efectos del proyecto extractivista sobre el río que alimenta a su comunidad. “Me da más miedo que todos muramos de sed, porque ya no se trata de eliminar a una persona, sino a las comunidades por completo”. Esa es la razón, dice, por la que mantiene su lucha por su sueño: “Dejar a las comunidades libres de proyectos extractivistas”.