- Tras la llegada de más de 500 personas frente las costas españolas durante este fin de semana, el Ejecutivo ha hablado de “avalancha alarmante”, “ataque coordinado” y “asalto a las costas”
“Avalancha alarmante”, “ataque coordinado”, “asalto a las costas”... Tras el rescate de más de 500 personas frente las costas murcianas procedentes de Argelia durante este fin de semana, el Gobierno ha impulsado una vez más el discurso de alarma y desborde ante la llegada de migrantes a la frontera sur. También se ha puesto en marcha para “reforzar” sus medidas. Poco más de 48 horas después, el ministro del Interior ha mantenido una reunión con la embajadora argelina con el objetivo de que quienes traten de salir de sus playas no lleguen a España.
A ello se suma el anuncio del lugar donde van a ser encerradas el medio millar de personas que alcanzaron las costas murcianas este fin de semana: la nueva cárcel de Málaga. Según Interior, siete juzgados han autorizado su traslado de los migrantes a estas dependencias de “forma provisional”. La medida ha generado la oposición de ONG como Andalucía Acoge.
A pesar del aumento, las 17.687 personas que, según la OIM, han arribado a este país en 2017 quedan lejos de las registradas en Italia, con 111.552 llegadas, y todavía no alcanza a Grecia, adonde 23.826 personas han alcanzado sus costas en 2017.
“Juan Ignacio Zoido ha agradecido a la embajadora argelina en España la rápida reacción de las autoridades argelinas en materia de prevención para detener de inmediato la salida masiva de inmigrantes irregulares desde Argelia”, afirmaron desde el Ministerio del Interior a través de un comunicado, tras el encuentro mantenido este lunes.
Esa “rápida reacción” del país magrebí, añade Interior, “evitó que este último fin de semana salieran un mayor número de embarcaciones con destino a España”. Según asegura, “al menos 382 inmigrantes dispuestos a salir han sido interceptados en Argelia en las últimas horas”.
A través del encuentro, el Ministerio del Interior pretendía, según indica, “reforzar el clima de confianza mutuo” y “la cooperación operativa bilateral entre España y Argelia”, sin embargo, como suele ser habitual, la institución dirigida por Zoido no concreta en qué consiste dicha “colaboración”.
¿Qué suele significar esa “colaboración”?
La respuesta de Interior, encaminada a “reforzar la cooperación” con Argelia, no es nueva. El Gobierno de España cuenta con un acuerdo de readmisión firmado con el país norteafricano en 2002, por el que puede devolver a personas de origen argelino de forma rápida, después de ser identificadas y contar con asistencia letrada.
Por ello, la nacionalidad argelina suele estar muy presente en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE): porque su expulsión, cuando Argelia acepta aplicar el acuerdo, es “sencilla”, como también suele ocurrir en el caso de las personas marroquíes.
Aunque recuerda que la vía de devolución es legal, Paloma Favieres, letrada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), destaca que este sistema provoca que “no se tenga posibilidades de garantizar que España no esté expulsando a personas en situación de riesgo, pues los plazos para estudiar las posibles solicitudes son muy cortos”.
Además, el comunicado de Interior desprende que las posibilidades de colaboración con Argelia van más allá del proceso de devolución. Ambos representantes también han conversado sobre el control fronterizo de las autoridades argelinas pues, según el Ministerio, estas “frenaron a 382 inmigrantes”.
Un ejemplo claro del significado de “colaboración” en materia migratoria es la construida con Marruecos. Esta consiste en el ofrecimiento por parte de España y Europa de beneficios y apoyo político al Estado alauí con una condición: que evite por todos los medios que las personas migrantes crucen las fronteras de Ceuta, Melilla y el Estrecho, como detalla este reportaje en eldiario.es.
El cumplimiento de su promesa conlleva una vulneración sistemática de los derechos de los migrantes y potenciales refugiados que tratan de sortear las fronteras, según han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Prodein, Caminando Fronteras, GADEM o la AMDH (Asociación Marroquí de Derechos Humanos).
El Ejecutivo español también contestó a la llamada 'crisis de los cayucos' en 2006 a través de acuerdos bilaterales con Senegal y Mauritania. Aquel año llegaron cerca de 31.000 personas a las costas canarias, un número que, desde entonces, no ha vuelto a registrarse por esta vía. Sin embargo, la historia y los datos demuestran que, cuando una ruta se cierra, otra se abre.
Argelia es un país tradicional de tránsito de migrantes, debido a su situación geográfica. En los últimos dos meses, según informa Efe, las salidas han aumentado desde el país y desde Túnez, debido al deterioro de las condiciones de vida en ambos países y al presunto acuerdo que las autoridades italianas han firmado de forma secreta con diversas milicias para frenar la inmigración desde la costa libia.
Lenguaje que genera “un daño irreversible”
En palabras del titular de Interior, la reunión buscaba abordar “la avalancha alarmante de pateras que están llegando últimamente a las costas españolas, especialmente a Murcia”.
En los mismos términos se pronunció un día antes el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, quien se refirió a la situación en declaraciones a los medios como una “grave crisis humanitaria provocada por el aluvión de embarcaciones con inmigrantes ilegales”.
“Es un ataque coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las fronteras de la UE”, llegó a declarar Bernabé, quien también aseguró que se trataba de una situación “sin precedentes” y que se había dado “una una respuesta legal al asalto a las costas” murcianas, según ha recogido La verdad de Murcia.
El delegado de Gobierno añadió que se iba a mantener el “estado de máxima alerta” ante la posible llegada de embarcaciones en los próximos días debido, dice, al buen tiempo. “Sabemos que están preparados”, concluyó.
El uso de un lenguaje generador de alarma se trata de un recurso recurrente tras los intentos de salto a las vallas de Ceuta y Melilla, pero durante los últimos gobiernos ha sido menos habitual cuando las llegadas de embarcaciones se producen a las costas españolas. Con la disminución de las entradas a través de las alambradas y el aumento por las costas, unido al aumento de la empatía ciudadano con los refugiados desde 2015, este discurso oficial no se escuchaba tanto como en épocas pasadas.
Desde la CEAR critican este tipo de declaraciones. “Se lanzan de forma gratuita, generando discursos xenófobos y racistas”, cuestiona la responsable del equipo jurídico de la organización. “Me da igual que sean refugiados o migrantes económicos, lo hacen para cambiar la opinión pública con respecto a la inmigración, aunque esta es lo suficientemente responsable para no hacer caso”, apunta.
Sin embargo, añade, este discurso “no ayuda a aliviar la situación de las personas refugiadas ni a crear un clima favorable de las personas que huyen, solo provoca que nos alejemos del diáologo y la concordia”. Favieres considera que “el daño que provoca a medio y largo a plazo a veces es irreversible a veces” por lo que solicita “prudencia” al Ejecutivo.
En 2017, el número de migrantes que han llegado en patera a España casi se ha triplicado con respecto al año pasado. Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a 14 de noviembre, el total de llegadas por mar ha alcanzado la cifra de 17.687, casi 10.600 más de las registradas en el mismo periodo de 2016. 158 personas han muerto en el intento de pisar suelo español.
Siguiendo el argumentario del Ejecutivo, Bernabé ha achacado la llegada de 519 migrantes a Murcia a “las mafias que trafican con seres humanos” y ha apuntado que “cualquier ser humano puede llegar a España, pero tiene que hacerlo de forma legal”. Sin embargo, las ONG que trabajan con migrantes y refugiados insisten en que la falta de vías legales y seguras de acceso es, precisamente, lo que les empuja a ponerse en manos de traficantes y arriesgar su vida en el mar.
“Las vías legales y seguras son la solución, no reunirse rápidamente y acordar”, insiste Favieres.