Vida (e)migrada, sanidad robada

“La Sanidad en España hoy es pública, universal y gratuita.” Esto es lo que repiten una y otra vez el Gobierno y los líderes del Partido Popular, incluso tras el anuncio de la modificación administrativa por la que supuestamente la población excluida va a tener acceso circunstancial a la Atención Primaria, sin tarjeta sanitaria y después de las elecciones de mayo.

Nos gustaría aclarar algunos aspectos y desmontar así las mentiras del Gobierno español.

La reforma que introduce el Decreto de Exclusión Sanitaria (RDL 16/2012) supone un cambio radical del modelo de sistema sanitario en España, que pasa de ser un modelo basado en el derecho a la salud a un modelo de aseguramiento, en el que hay personas aseguradas y otras no aseguradas. El derecho a la asistencia sanitaria se vincula con determinados requisitos administrativos, el más importante es de carácter laboral. En función de tu relación con la Seguridad Social (INSS) tendrás o no derecho a la asistencia sanitaria: el derecho a la salud depende ahora de tener un trabajo. 

Desde el año 1999 la sanidad no se financia mediante las cotizaciones a la Seguridad Social, sino exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, mediante los impuestos directos e indirectos que pagan todas las personas residentes en el estado español, al margen de su situación administrativa o laboral. Las personas migrantes financiamos el sistema de sanidad pública a través de impuestos indirectos, y paradójicamente,  lo han convertido en un sistema sanitario que no podemos utilizar de forma normalizada.

El derecho a la salud sólo es un derecho en tanto que es universal, ya que la salud es un bien común. La transformación de nuestro sistema sanitario en un modelo de aseguramiento individual ataca este derecho según una lógica de mercado rentable para las empresas privadas que gestionan lo público y en cooperación con el mercado de seguros privados de salud. La salud es ahora un privilegio que depende de la situación administrativa individual y quedan excluidas de ese derecho las personas que no cumplan con los requisitos que el sistema impone. 

Este modelo de aseguramiento fragmenta a la sociedad en estratos dependiendo de su nivel adquisitivo: personas que tienen derecho a todo, personas que tienen derecho a algunas cosas, personas que no tienen derecho... Pero, sobre todo, abre la puerta a que cada vez más gente pueda quedar excluida del sistema sanitario: basta con cambiar cualquier requisito en la legislación de la Seguridad Social. Así ocurrió en diciembre de 2013 con las personas españolas emigradas al extranjero. Una disposición adicional en el BOE, la sexagésimo quinta, estableció que “los españoles que salgan del país más de 90 días pierden la residencia a efectos de la Seguridad Social”, y con ello, el derecho a la asistencia sanitaria normalizada.

Según el INE, más de 2 millones de personas hemos emigrado del estado español entre los años 2008 y 2014, de las cuales, más de 250.000 personas teníamos nacionalidad española. En realidad es imposible saber cuántas personas hemos emigrado y se calcula que somos muchas más de lo que dicen las estadísticas oficiales, hasta 700.000 de nacionalidad española emigramos entre 2008 y 2012.

La mayoría de quienes emigramos de España no lo hacemos por  “impulso aventurero”, como dice el Gobierno, sino que nos vemos obligados a ello debido a las nefastas políticas laborales del mismo. El paro, la precariedad laboral y la falta de una expectativa de futuro es lo que motiva  a la mayoría a salir del país. Con 4 millones y medio de personas sin trabajo, un 50% de paro juvenil y una desigualdad social cada vez mayor, emigrar es la única alternativa que nos brinda el Gobierno de España. Y ya no sólo el Gobierno, sino también el nuevo Rey de España lo afirma.

“Las aventuras” se convierten fácilmente en pesadillas para muchos de los españoles emigrados si en el extranjero se nos ocurre ponernos enfermos. Con el fin de ayudarnos entre nosotros, el grupo de Sanidad de Marea Granate estamos recogiendo en una guía la información de carácter sanitario que el emigrante pueda necesitar, guía colaborativa y abierta que iremos completando con las aportaciones de todas.

España era un país que estaba dotado de un sistema sanitario público universal, a un coste económico inferior al del resto de los países europeos con sistemas sanitarios similares y con unos resultados de salud excelentes. El trabajo de erosión e integración de este sistema sanitario al mercado que está llevando a cabo el Gobierno va dejando fuera cada vez a más personas, y para ello no duda en propagar infundios y mentiras (muchos de ellos típicamente xenófobos) como que el sistema sanitario no es sostenible, que las personas inmigrantes no contribuyen económicamente y que colapsan los servicios de Urgencias, o que las personas que emigramos de España no hemos sido excluidas del mismo. Siguiendo la lógica del Gobierno español de que las personas emigradas somos un colectivo débil y fácilmente atacable, no es raro que los emigrantes hayamos sido también excluidos del derecho a votar.

Por todas estas razones, Yo Sí Sanidad Universal y Marea Granate vamos a trabajar juntos para denunciar públicamente la exclusión sanitaria de las personas migrantes. Para ello lanzaremos una campaña el día 24 de abril, para lograr la recuperación y mantenimiento del sistema sanitario público, universal y gratuito en el momento de uso por el que lucharon quienes nos precedían y al que tenemos derecho todas las personas. Esta campaña, entre otros, también irá dirigida al actual Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que, al igual que el resto de líderes del Partido Popular, tienen una visión muy particular de lo que significa “sanidad universal”.