La “libre circulación” europea: migraciones selectivas de ciudadanos 

El pasado mes de febrero los emigrantes europeos nos levantábamos con el balance anual de retiradas de tarjeta de residencia del gobierno belga a ciudadanos comunitarios. El asunto apenas trascendió en la prensa española; más allá del tratamiento mediático puntual que despierta de vez en cuando el fenómeno migratorio, el análisis y reflexión sobre la pérdida de derechos de los migrantes no suele ser tema de primera actualidad. 

Lamentablemente, la práctica del gobierno belga es legal y se ampara en la Directiva europea 2004/38/CE, “relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”. Obviando el bonito título elegido, la directiva solo supone un marco legal creado para seleccionar determinados flujos migratorios dentro de la Unión Europea. 

La “libre circulación” (usando el eufemismo elaborado) de ciudadanos europeos, simplificando mucho, está sujeta a dos condicionantes importantes según esta legislación: ser trabajador y tener dinero para no ser una “carga social” al estado que te acoge. Es decir, está supeditada a la situación laboral y económica del migrante (Artículo 7.1 a, b). Pero para los comunitarios extranjeros en situación de desempleo, sus derechos de residencia en el país receptor están vinculados a una restricción más: su situación contractual laboral anterior. Así, para las personas que tuvieron contratos inferiores a un año de duración, los derechos de residencia se otorgan por un mínimo de seis meses y un máximo sin definir que queda a la voluntad de cada país (Artículo 7.3 c); el resto no tienen esta limitación.

La laxitud de términos como “carga social” o la posibilidad de limitar tu estancia tras la contratación precaria dibuja un escenario muy complicado para los migrantes, dando margen a modificaciones de la ley de gobiernos como el belga para limitar concesiones de tarjetas de residencia, o legitimando medidas de gobiernos como el alemán y su voluntad de expulsión de desempleados extranjeros aludiendo al turismo social '('Sozialturismus'). A esto se une un contexto de protección social indefinido a nivel europeo y muy variable de un país a otro (solo hace falta hacer una comparativa entre diferentes países del acceso a la cobertura sanitaria, por ejemplo) y una precariedad laboral cada vez más acuciante. Al final, la fórmula resultante suele ser que el paro te fuerza a emigrar, te contratan en precario en tu país de destino, y esta situación impuesta puede limitar aún más tus derechos como ciudadano. 

Es, en definitiva, el castigo al migrante precario, dentro de una Europa que condiciona derechos universales al trabajo mientras tolera tasas de desempleo desorbitadas en su periferia y permite prácticas no remuneradas, minijobs o contratos zero hours. Una Europa que solo quiere turistas, ricos extranjeros o trabajadores que vengan con un pan debajo del brazo. Externalización de la pobreza por parte de unos países y flujos selectivos de migración por parte de otros; fenómenos que solo contribuyen, en todo caso, a incrementar las desigualdades. 

Ante estas situaciones, el 15M Bruselas levantó la voz hace tiempo interponiendo una queja en el Parlamento Europeo con respecto al caso particular belga y, más generalmente, contra la directiva europea y los artículos que amparan el trato discriminatorio de ciudadanos europeos. Recientemente también se ha creado la plataforma “EU for people” con el fin de visibilizar el problema y denunciar estas prácticas cada vez más frecuentes en muchos países, intentando movilizar a la opinión pública frente a la inacción política en este tema (cabe recordar que los únicos partidos que promueven modificaciones de esta legislación, y en otro sentido muy diferente, son los partidos de extrema derecha europeos).

Las políticas del Gobierno español al respecto están siendo bastante vergonzosas. Al desentendimiento total de la problemática y sus afectados (mas de 750 personas en los últimos tres años) se unen los acuerdos para exportarnos como mano de obra a países como Alemania o Bélgica: un “lavado de imagen” frente a estos gobiernos dada la masiva emigración española, queriendo quizá mostrar que ésta no supone una carga social. Esta práctica, que nos recuerda a las llevadas a cabo en épocas más oscuras de nuestra historia, no está exenta de hipocresía dado el fraude y precariedad que han supuesto estas contrataciones y el nulo seguimiento por nuestra administración. Además, medidas como la retirada de la tarjeta sanitaria o la expedición de certificados sustitutorios de muy corta duración (muy frecuentes hoy en día) nos dejan aún más desprotegidos en el país receptor. Por último, contemplamos atónitos como nuestro Ministerio de Exteriores se une a esa política de migraciones selectivas con su “Estrategia de Acción Exterior” recientemente presentada, llamando a la “inmigración cualificada” mientras justifica el control de los flujos “irregulares” e ignora la violación sistemática de derechos humanos que ejerce en nuestras fronteras. 

Emigrar supone perder derechos, incluso en este idílico modelo europeo que nos quisieron vender. Los migrantes en la UE tenemos unas perspectivas funestas al respecto, dada la legislación existente y el balance de fuerzas en las instituciones europeas: las únicas reformas que podemos esperar son aún más recortes en nuestros derechos fundamentales. Porque por mucho que algún político lo quiera sostener, estar en Europa no es “estar en nuestra casa”. Aunque esto es algo que, lamentablemente, no son declaraciones anecdóticas del año pasado, sino que estaba escrito desde hacía bastante tiempo. 

El pasado mes de febrero los emigrantes europeos nos levantábamos con el balance anual de retiradas de tarjeta de residencia del gobierno belga a ciudadanos comunitarios. El asunto apenas trascendió en la prensa española; más allá del tratamiento mediático puntual que despierta de vez en cuando el fenómeno migratorio, el análisis y reflexión sobre la pérdida de derechos de los migrantes no suele ser tema de primera actualidad. 

Lamentablemente, la práctica del gobierno belga es legal y se ampara en la Directiva europea 2004/38/CE, “relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”. Obviando el bonito título elegido, la directiva solo supone un marco legal creado para seleccionar determinados flujos migratorios dentro de la Unión Europea.