EDUCACIÓN: ¿Dónde están las oportunidades?

La situación de los jóvenes en nuestro país nunca ha sido especialmente fácil, pero gracias al Gobierno que hemos tenido a lo largo de esta última legislatura ha empeorado de una manera que muy pocos podían o querían imaginar. Hay varios temas en los cuales se hace visible el mal trato que se nos ha dado a los jóvenes y el desprecio que hemos sufrido por parte de la gente que ha gobernado nuestras instituciones, y que en teoría debían de estar ahí justo para lo contrario.

El principal aspecto tiene que ver con los jóvenes estudiantes. Como no podía ser de otra forma, el mundo estudiantil es tristemente reconocido como uno de los pilares clave que más ataques ha soportado en la última década. Todos recordamos cómo a lo largo de la democracia nuestro sistema educativo ha sido objeto de constantes cambios y modificaciones a criterio del Gobierno de turno (LOGSE, LOE, LOMCE, entre otras) con leyes que hasta la fecha no han conseguido implantar un verdadero sistema de calidad, y en las cuales la religión y las privatizaciones han sido los temas de discrepancia fundamentales.

Pero sin duda, la ley que más daño está haciendo a los estudiantes es la llamada 'Ley Wert'. La primera ley educativa del PP que ha entrado en vigor ha sido una lacerante demostración de lo que el Partido Popular puede hacer con una mayoría absoluta en la Cámara Baja. Entre sus contundentes medidas se incluyen las reválidas propuestas para Primaria, ESO y Bachillerato. Pruebas externas del todo innecesarias, que roban oportunidades y cuya superación es la única posibilidad de que el alumno pueda continuar con sus estudios. Otra de las medidas tiene que ver con la asignatura de Religión. No es razonable que una materia como ésta, que está basada en creencias personales, se tenga en cuenta para la nota media del expediente o para pedir una beca. Es un ejemplo más de cómo se puede llegar a instrumentalizar la educación, algo que debería conservar su laicidad por completo para que todos los alumnos, al margen de sus creencias, puedan optar a las mismas condiciones. Esta medida va en detrimento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, (que se convierte en optativa o se suprime) y afecta también a la Filosofía, en mi opinión imprescindible para que los estudiantes aprendamos a pensar, a debatir, a formarnos como personas, y a darnos cuenta de muchas cosas de nuestra realidad que ninguna otra materia puede enseñarnos.

Pero los estudiantes universitarios tampoco salen impunes de las reformas educativas de nuestro último Gobierno. Han sido castigados con medidas como el decreto 3+2, por el cual los grados universitarios pasan a ser de cuatro a tres años, y ofertando másteres de dos años. Este modelo obliga a pagar más a los estudiantes por sus carreras a costa de una reducción en la financiación pública de éstas (algo que beneficia a las universidades privadas), por no hablar de la pérdida evidente de calidad en la formación que supone el acortar las carreras.

Todo esto ha sido después de aplicar fulminantes recortes en el ámbito educativo entre los que figuran la eliminación de becas y ayudas o el aumento de las tasas universitarias, que han llevado a recortar más de 6.500 millones de euros en Educación desde 2010. Y es que los universitarios españoles se encuentran entre los que más pagan en Europa.

Ante esta situación, cientos de estudiantes universitarios se han visto obligados a abandonar sus estudios, sus sueños, su futuro. Algo que les pertenecía. Su derecho. Una vida que estaban construyendo a base de esfuerzo y estudio exigido, para al final ver impotentes cómo todo ese trabajo es insuficiente porque las tasas son cada vez más altas y las becas escasas.

Y en cuanto a la situación laboral, no es ni mucho menos esperanzadora: a mediados de 2015, España lideraba el ranking de desempleo juvenil en Europa con un desalentador 49,6% de tasa de paro entre los jóvenes. Esto hace que los universitarios apenas puedan compatibilizar el trabajo con sus estudios para poder hacer frente de alguna manera a los pagos y que los que terminan sus carreras a menudo se vean forzados a buscar empleo más allá de nuestras fronteras (el ahora famoso “exilio económico”). Así se pierde el talento. Así se pierde a personas que tenían encomendada la tarea de hacer avanzar al país y de construir futuro, viéndose obligados a buscarlo fuera, porque aquí se parece seguir mirando al pasado.

Por todo esto, los estudiantes tenemos el deber de luchar para que nuestras condiciones mejoren. Tenemos el deber de salir a las calles. De defender esos derechos que nadie nos puede quitar porque son fundamentales, y para que se derogue -de forma inmediata y completa- la LOMCE y todos los decretos mata-talento que jamás permitiremos que entren en vigor. Porque siempre que los estudiantes nos hagamos oír y lo hagamos juntos, estaremos abriendo caminos y diciendo NO a la resignación y a que nos roben nuestro futuro.

La situación de los jóvenes en nuestro país nunca ha sido especialmente fácil, pero gracias al Gobierno que hemos tenido a lo largo de esta última legislatura ha empeorado de una manera que muy pocos podían o querían imaginar. Hay varios temas en los cuales se hace visible el mal trato que se nos ha dado a los jóvenes y el desprecio que hemos sufrido por parte de la gente que ha gobernado nuestras instituciones, y que en teoría debían de estar ahí justo para lo contrario.

El principal aspecto tiene que ver con los jóvenes estudiantes. Como no podía ser de otra forma, el mundo estudiantil es tristemente reconocido como uno de los pilares clave que más ataques ha soportado en la última década. Todos recordamos cómo a lo largo de la democracia nuestro sistema educativo ha sido objeto de constantes cambios y modificaciones a criterio del Gobierno de turno (LOGSE, LOE, LOMCE, entre otras) con leyes que hasta la fecha no han conseguido implantar un verdadero sistema de calidad, y en las cuales la religión y las privatizaciones han sido los temas de discrepancia fundamentales.