Nueva campaña: Vidas Nómadas

Han pasado más de dos años desde ese 7 de abril de 2013, en el que salimos a la calle para decir bien alto y claro que “No Nos Vamos, Nos Echan”. Teníamos el objetivo de señalar y denunciar que la salida masiva que se estaba produciendo por parte de la juventud de nuestro país tenía unas causas políticas, y que era un problema generalizado al que debíamos hacer frente. Han pasado más de dos años y todavía cada semana, cada mes, nos seguimos enfrentando a las despedidas, a los abrazos y deseos de buena suerte, a la amargura de saber que nuestra gente se va porque aquí no pueden iniciar ese proyecto que intentarán montar en EEUU, o dar clases como quizás puedan llegar a hacer en Inglaterra, o tener esa familia que acabarán teniendo en Buenos Aires. Eso siempre y cuando no sean expulsados de los países a los que se dirigen o consigan superar la precariedad que acompaña a todo emigrante. 

Han pasado más de dos años, y el único cambio que percibimos es que escuchar de la boca de tu vecina un “mi hijo se ha ido a Noruega a trabajar” ya no nos parezca algo extraño. Pero no queremos tomar como norma algo que debería darse solo como una elección vital de cada persona, y no como una obligación ante el hecho de que aquí no podemos ganarnos la vida dignamente. Desde que empezamos aquella campaña hemos planteado que tanto entonces como ahora nos obligan a elegir entre paro, precariedad o exilio, y que esa situación tiene unas causas y unos responsables directos. Nos marchamos de forma forzada porque las políticas impuestas por el PP y el PSOE, lejos de favorecer el empleo y asegurar un futuro estable y digno a la juventud de este país, lo que hacen es crear trabajos temporales y justificar el pago de salarios precarios. En definitiva, políticas que solo favorecen a los grandes intereses económicos y perciben al resto de la población como mano de obra barata, sin necesidad de garantizar sus derechos ni sus posibilidades de desarrollar proyectos de vida estables, y excluyen a toda esa gente que quiere trabajar o estudiar y construir un proyecto de vida en su país. 

A pesar de que esta situación se dé todos los días, no hay ningún estudio que refleje el número exacto de personas que se han visto obligadas a dejar su casa, su familia y su vida para irse a otro país. Por todo ello, y gracias a la ayuda de la Universitat Oberta de Catalunya, hoy relanzamos junto a Marea Granate esa campaña que ya iniciamos en 2013, ahora ampliada y corregida, bajo el nombre de Vidas Nómadas. Queremos seguir visibilizando y dando voz a todas las personas que han tenido que irse del país para buscar una oportunidad. Queremos también denunciar la enorme pérdida de derechos que esa emigración ha implicado, desde la pérdida del acceso a la sanidad hasta las enormes dificultades para ejercer el derecho a voto (desde 2011 rogado) en cualquier convocatoria electoral, tal y como denuncia Marea Granate desde hace meses.

Y por último queremos también acabar esta campaña planteando un derecho que vamos a exigir a todos los responsables políticos de este país: el derecho a construir una vida digna en nuestros lugares de origen. Demandamos que se haga efectivo el derecho a volver, a poder elegir el retorno a España bajo condiciones que nos permitan construir proyectos de vida. Se deben proveer los medios necesarios para ejercer este derecho y así poder recuperar a tanta gente que se ha ido y que es tan necesaria para construir el futuro de este país. 

Nos negamos a que toda la gente que ha tenido que abandonar su casa, dejando atrás a sus familiares, amistades y vidas, sean un fenómeno que se utilice únicamente para hacer spots publicitarios. Nos oponemos a que este drama social sea relevante tan solo para las personas afectadas mientras nuestros políticos lo ignoran. Denunciamos la actitud de un gobierno que, con el único fin de obtener rédito electoral, está más preocupado por invisibilizar las voces de aquellos a quienes condenan a salir forzosamente del país que centrado en ofrecer soluciones a una situación que ellos mismos han provocado. 

Es una cuestión de dignidad, justicia y futuro para toda la sociedad que esta situación sea reconocida y estudiada, que consigamos que desde las instituciones se tomen medidas para garantizar derechos tan básicos como la sanidad o el voto, y que aseguremos que en el futuro todas las personas que han tenido que irse fuera puedan volver. 

Han pasado más de dos años desde ese 7 de abril de 2013, en el que salimos a la calle para decir bien alto y claro que “No Nos Vamos, Nos Echan”. Teníamos el objetivo de señalar y denunciar que la salida masiva que se estaba produciendo por parte de la juventud de nuestro país tenía unas causas políticas, y que era un problema generalizado al que debíamos hacer frente. Han pasado más de dos años y todavía cada semana, cada mes, nos seguimos enfrentando a las despedidas, a los abrazos y deseos de buena suerte, a la amargura de saber que nuestra gente se va porque aquí no pueden iniciar ese proyecto que intentarán montar en EEUU, o dar clases como quizás puedan llegar a hacer en Inglaterra, o tener esa familia que acabarán teniendo en Buenos Aires. Eso siempre y cuando no sean expulsados de los países a los que se dirigen o consigan superar la precariedad que acompaña a todo emigrante. 

Han pasado más de dos años, y el único cambio que percibimos es que escuchar de la boca de tu vecina un “mi hijo se ha ido a Noruega a trabajar” ya no nos parezca algo extraño. Pero no queremos tomar como norma algo que debería darse solo como una elección vital de cada persona, y no como una obligación ante el hecho de que aquí no podemos ganarnos la vida dignamente. Desde que empezamos aquella campaña hemos planteado que tanto entonces como ahora nos obligan a elegir entre paro, precariedad o exilio, y que esa situación tiene unas causas y unos responsables directos. Nos marchamos de forma forzada porque las políticas impuestas por el PP y el PSOE, lejos de favorecer el empleo y asegurar un futuro estable y digno a la juventud de este país, lo que hacen es crear trabajos temporales y justificar el pago de salarios precarios. En definitiva, políticas que solo favorecen a los grandes intereses económicos y perciben al resto de la población como mano de obra barata, sin necesidad de garantizar sus derechos ni sus posibilidades de desarrollar proyectos de vida estables, y excluyen a toda esa gente que quiere trabajar o estudiar y construir un proyecto de vida en su país.