Nadie hablará de los precarios cuando empiece el Brexit

En los últimos días, y seguramente provocada por la proximidad de marzo –fecha que se prevee para la activación del artículo 50–, asistimos a la publicación de un mayor número de noticias y artículos relacionados con el Brexit. Entre estos, se nos presentan testimonios de migrantes preocupados por la posibilidad de quedarse o no en Reino Unido, o por haberse visto en situaciones hostiles de corte xenófobo, ambos sin duda temas centrales desde que se conoció el resultado del referéndum. Sin embargo, no se puede limitar la realidad de este proceso a estos dos temas. No podemos olvidarnos de que no hay un único perfil de migrante, y que en incontables casos nos encontramos con personas cuyas vidas en Reino Unido poco o nada tienen que ver con trabajos cualificados, vidas establecidas y casas en Surrey.

El Brexit no implica sólo temas burocráticos y de residencia, y la comunidad migrante incluye a muchas personas en situaciones poco privilegiadas que difícilmente verán sus condiciones de vida, no ya mejorar, sino mantenerse, si no se tienen en cuenta aspectos transversales a este proceso como pueden ser el acceso a la sanidad o la precariedad laboral. Este último es uno de los principales problemas que nos afectan en esta época de exilio económico; según The Migration Observatory, desde 2002 los sectores en los que el aumento de trabajadores migrantes ha sido mayor es en los puestos de trabajo de baja cualificación.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadística ha publicado recientemente un estudio que muestra que el aumento de trabajadores en contratos de tipo cero-horas en Reino Unido se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, situándose recientemente por encima de los 900.000. En esta modalidad de contratación, cada vez más común en el sector servicios (tiendas de ropa y cadenas de comida por ejemplo), al trabajador no se le garantiza un mínimo de horas de trabajo semanales. Constituye además una de las triquiñuelas legales más comunes de las empresas para abaratar el coste de la mano de obra, ya que muchos de estos trabajadores sobreviven con sueldos medios de 500 libras al mes, y en muchos casos sin derecho a vacaciones pagadas o bajas por enfermedad. Otras formas comunes de evitar el reconocimiento de derechos laborales es definir a los empleados como trainees (becarios en prácticas) o casual workers (trabajadores eventuales), incluso en casos en los que no lo son.

Nos encontramos además con que hay incluso una serie de casos en los que los trabajadores no tienen derecho a percibir el salario mínimo por su trabajo. Entre éstos, quizá donde la desprotección laboral es mayor es el del cuidado de niños (nannys y au pairs). Sin duda es una de las maneras en las que muchas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, se lanzan a la inmigración, y en muchos casos acaban viviendo con la misma familia para la que trabajan. El ofrecer alojamiento u otras supuestas “ventajas” (cursos de inglés por ejemplo) a las nannys se convierte en una estrategia para no pagarles el sueldo mínimo. Las au pairs ni siquiera están consideradas como trabajadoras por la ley. En la mayoría de los casos encuentran el puesto a través de agencias que ofrecen información incompleta (por ejemplo muchas au pairs desconocen que es conveniente hablar y poner por escrito las condiciones de trabajo con la familia antes de empezar), y que si surgen problemas dichas agencias se muestran reticentes a mediar con la excusa de no empeorar la situación.

Sin duda la necesidad de empezar a construir una vida en un país extraño lleva a un gran número de migrantes a encontrarse en muchas de estas situaciones de desprotección. A esto tenemos que añadir el desconocimiento de los derechos laborales por parte de los migrantes y la falta de recursos para defenderse cuando éstos se ven comprometidos, y en muchos casos además la barrera del idioma. Existen Oficinas Precarias en Londres y Edimburgo desde donde voluntarios intentan ayudar a todas estas personas, además del Citizen's Advice Bureau, un servicio gratuito del gobierno británico que sirve como asesoría legal.

En el contexto del Brexit, sin embargo, se hace necesario incluir la precariedad laboral en el debate, de otra manera todas las personas que se encuentran en estas situaciones están en riesgo de ser las grandes olvidadas. No es de despreciar el riesgo de que además el gobierno británico haga desaparecer, en nombre de la austeridad o cualquier otra excusa, algunas de las medidas de protección de los trabajadores que provienen de la legislación europea, tales como el derecho a vacaciones pagadas o el derecho a no ser discriminado por edad u orientación sexual.

A corto plazo, y centrándonos ya en los inmigrantes españoles, es crucial que desde el Gobierno español se haga primero un reconocimiento del problema: la crisis económica es lo que nos empuja a marcharnos en busca de una vida que nuestro país no nos ofrece. Y en el contexto del Brexit, una vez reconocido este problema es fundamental que se actúe: se necesita un recuento real de la cantidad de emigrados españoles en Reino Unido para tener una idea real de cuántos españoles hay actualmente viviendo en Reino Unido, en qué situaciones se encuentran y cuáles son los potenciales riesgos a los que se enfrentarán tras el Brexit; se necesitan más recursos en los consulados y embajadas para atender y asesorar a todas estas personas con posibles trámites y problemas que puedan surgir; y, fundamentalmente, se necesita que en las negociaciones se asegure la protección de sus derechos laborales.

Escribe Hermann Hesse en Demian que el mundo, tal y como lo vemos, lo único que desea es morir, hundirse, y lo logrará. El Brexit y las negociaciones que se avecinan, con el Gobierno Tory de Theresa May en un lado y los representantes de la Unión Europea en el otro, parece desde luego un augurio de ese hundimiento, y no uno muy bueno. Pero no debemos olvidarnos de que de toda destrucción surge una oportunidad de construir algo nuevo. En este sentido tenemos que actuar para que el Brexit no sea sólo el principio del fin de la Europa que conocemos, sino un marco de acción para reconstruirla más justa y más acogedora para todos.

En los últimos días, y seguramente provocada por la proximidad de marzo –fecha que se prevee para la activación del artículo 50–, asistimos a la publicación de un mayor número de noticias y artículos relacionados con el Brexit. Entre estos, se nos presentan testimonios de migrantes preocupados por la posibilidad de quedarse o no en Reino Unido, o por haberse visto en situaciones hostiles de corte xenófobo, ambos sin duda temas centrales desde que se conoció el resultado del referéndum. Sin embargo, no se puede limitar la realidad de este proceso a estos dos temas. No podemos olvidarnos de que no hay un único perfil de migrante, y que en incontables casos nos encontramos con personas cuyas vidas en Reino Unido poco o nada tienen que ver con trabajos cualificados, vidas establecidas y casas en Surrey.

El Brexit no implica sólo temas burocráticos y de residencia, y la comunidad migrante incluye a muchas personas en situaciones poco privilegiadas que difícilmente verán sus condiciones de vida, no ya mejorar, sino mantenerse, si no se tienen en cuenta aspectos transversales a este proceso como pueden ser el acceso a la sanidad o la precariedad laboral. Este último es uno de los principales problemas que nos afectan en esta época de exilio económico; según The Migration Observatory, desde 2002 los sectores en los que el aumento de trabajadores migrantes ha sido mayor es en los puestos de trabajo de baja cualificación.