Acceso a la información y regulación del lobby: prioridades políticas de urgencia

El reciente escándalo sobre los tests de emisiones falseados por Volkswagen ha puesto sobre la mesa una vez más uno de los problemas que yace en el núcleo de las democracias europeas: la forma y el grado en la que el lobbying tiene un impacto directo sobre la protección de nuestros derechos y, en este caso, sobre nuestra salud. Una serie de documentos filtrados  revela que varios gobiernos, incluyendo los de Francia, Alemania y Reino Unido, habían hecho lobby en el seno de la Comisión Europea buscando mantener las lagunas en las pruebas que han supuesto un aumento de un 14% de las emisiones de dióxido de carbono globales.

Es sólo un ejemplo más de cómo sin información acerca de cómo se está ejerciendo el lobbying es imposible controlar las acciones de los lobbistas y el impacto real que éstas tienen en nuestro día a día. Sin información también resulta imposible garantizar un pluralismo de voces, pilar esencial de cualquier sociedad democrática, ya que si es imposible para los ciudadanos obtener información, no podrán asegurarse de que sus intereses se tienen en cuenta en los procesos de toma de decisiones. Es un problema grave, porque genera palpables desequilibrios entre los niveles de acceso a información pública con los que cuentan los lobbies de la industria con respecto a los que logra la sociedad civil.

Para garantizar la igualdad de acceso a la información y una verdadera rendición de cuantas por parte de los gobiernos, una red mundial de organizaciones lanza una serie de estándares internacionales para tener por primera vez un marco global de regulación del lobby basado en tres pilares fundamentales: la transparencia, la integridad y la participación.

Mientras que países europeos como Irlanda, Polonia, o incluso la Unión Europea, están haciendo cada vez más esfuerzos de transparencia en este ámbito, España queda cada día más retrasada, con una ley de transparencia cuya baja calidad la coloca a la cola del mundo, y sin meras declaraciones por parte de ninguna de las fuerzas políticas que sugieran una próxima regulación del lobby.

Es urgente poner en marcha compromisos e iniciativas políticas para garantizar que todas las voces sean escuchadas y todos los intereses se vean representados por igual. También urge reformar la ley de transparencia para que se adapte a los estándares internacionales y garantice a la ciudadanía el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información; un derecho reconocido como derecho fundamental por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en España, por el Consejo General del Poder Judicial.

Las próximas elecciones generales son un momento idóneo para incorporar a la agenda política nuevas prioridades: la regulación efectiva del lobby y la actualización de la ley de transparencia. Sólo con información puede la ciudadanía saber qué están haciendo sus representantes con el poder que se les ha otorgado por la vía democrática, y asegurar que se respetan sus derechos. Y sólo a través del acceso a la información pública es posible saber quién está forjando las decisiones que determinan nuestra vida, y asegurarnos de que nuestros representantes públicos tienen en cuenta una pluralidad de voces que garantiza un sistema democrático verdaderamente representativo.

El reciente escándalo sobre los tests de emisiones falseados por Volkswagen ha puesto sobre la mesa una vez más uno de los problemas que yace en el núcleo de las democracias europeas: la forma y el grado en la que el lobbying tiene un impacto directo sobre la protección de nuestros derechos y, en este caso, sobre nuestra salud. Una serie de documentos filtrados  revela que varios gobiernos, incluyendo los de Francia, Alemania y Reino Unido, habían hecho lobby en el seno de la Comisión Europea buscando mantener las lagunas en las pruebas que han supuesto un aumento de un 14% de las emisiones de dióxido de carbono globales.

Es sólo un ejemplo más de cómo sin información acerca de cómo se está ejerciendo el lobbying es imposible controlar las acciones de los lobbistas y el impacto real que éstas tienen en nuestro día a día. Sin información también resulta imposible garantizar un pluralismo de voces, pilar esencial de cualquier sociedad democrática, ya que si es imposible para los ciudadanos obtener información, no podrán asegurarse de que sus intereses se tienen en cuenta en los procesos de toma de decisiones. Es un problema grave, porque genera palpables desequilibrios entre los niveles de acceso a información pública con los que cuentan los lobbies de la industria con respecto a los que logra la sociedad civil.