Campaña Juicio y Castigo

Las víctimas, con nuestra denuncia permanente de las ejecuciones hipotecarias masivas y con la lucha por el derecho a una vivienda digna, hemos visibilizado estas situaciones de violación a los derechos humanos, reivindicando el derecho a una vida digna, lo que incluye los derechos a la sanidad, el trabajo, y la educación entre otros.

Denunciamos expresamente a quienes distribuyeron productos financieros tóxicos y contribuyeron a constituir las hipotecas subprime españolas: bancos y cajas de ahorro nacionales e internacionales, pero también inmobiliarias, entidades financieras, calificadoras, tasadoras, notarías, despachos de abogados y, para terminar, los fondos buitres, último actor en una cadena que corre el riesgo de cerrarse en círculo para provocar una nueva burbuja y donde la justicia brilla por su ausencia. Tenemos evidencias de que ellos provocaron la crisis del ladrillo y ejecutaron un plan de estafa financiera sistemática que ha matado a cientos de personas y destruido la esperanza de vida de los españoles. Denunciar la violación sistemática de derechos humanos en relación al derecho a la vivienda, nos permite fortalecer la organización popular para acabar con la impunidad financiera y exigir la reparación a las víctimas.

Bancos y demás actores de la estafa financiera, así como ciertos poderes públicos españoles son culpables de una inaceptable dejación de sus funciones. En numerosas ocasiones, ni el gobierno, ni el parlamento ni la judicatura han sabido responder de manera adecuada a la enormidad del problema de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias en todo el estado.

Además de ello, se ha presentado demandas penales desde hace 6 años contra la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI), uno de los pilares dentro de las demandas criminales en este caso. La CHI es una inmobiliaria que ofrecía operaciones hipotecarias de alto riesgo a diferentes personas, especialmente a ecuatorianos y ecuatorianas sin suficiente solvencia económica, a quiénes agravaba mediante un sistema de encadenamiento de avales según el cual el comprador de una vivienda debía avalar -previamente a que se aceptase por el banco su operación- la compraventa de vivienda de una tercera persona que designaba “el chiringuito financiero” y que financiaba una entidad distinta, aprovechando los estrechos plazos entre las operaciones encadenadas para sortear el control de riesgos establecido en la normativa del Banco de España (CIRBE) y así evitar la concesión de préstamos a personas con dudosa solvencia crediticia .

Existen indicios de que diversas entidades bancarias, inmobiliarias y financieras actuaron de la misma forma fraudulentaforma fraudulenta durante años. Por tanto, consideramos importante hacer visible esta vergüenza por la impunidad en que se desenvuelve el sector financiero español, con la complicidad en muchos casos del Gobierno y la Justicia, que parecen estar dispuestos a perpetuar, dejando como víctimas visibles a las miles de familias que han sufrido ejecuciones hipotecarias desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con la carga que además esto supone sobre la economía de la sociedad inmigrante y española en su conjunto, a través de los rescates bancarios abonados con el dinero público tanto de los españoles como de los europeos.

Las víctimas, con nuestra denuncia permanente de las ejecuciones hipotecarias masivas y con la lucha por el derecho a una vivienda digna, hemos visibilizado estas situaciones de violación a los derechos humanos, reivindicando el derecho a una vida digna, lo que incluye los derechos a la sanidad, el trabajo, y la educación entre otros.

Denunciamos expresamente a quienes distribuyeron productos financieros tóxicos y contribuyeron a constituir las hipotecas subprime españolas: bancos y cajas de ahorro nacionales e internacionales, pero también inmobiliarias, entidades financieras, calificadoras, tasadoras, notarías, despachos de abogados y, para terminar, los fondos buitres, último actor en una cadena que corre el riesgo de cerrarse en círculo para provocar una nueva burbuja y donde la justicia brilla por su ausencia. Tenemos evidencias de que ellos provocaron la crisis del ladrillo y ejecutaron un plan de estafa financiera sistemática que ha matado a cientos de personas y destruido la esperanza de vida de los españoles. Denunciar la violación sistemática de derechos humanos en relación al derecho a la vivienda, nos permite fortalecer la organización popular para acabar con la impunidad financiera y exigir la reparación a las víctimas.