¿Por qué la competencia entre empresas afecta a tu bienestar?

“Los clientes son nuestros enemigos; nuestros competidores, nuestros amigos”. Así se pronunciaba un alto ejecutivo de ADM, una empresa norteamericana dedicada a la producción de lisina -un químico sintético para la fabricación de alimentación animal- en una conversación con altos ejecutivos de otras empresas dedicadas al mismo negocio allá por los años 90. Tras varios años manipulando los precios de la lisina a escala mundial, una investigación dirigida por el FBI acabó con condenas y multas millonarias a varios ejecutivos de estas empresas. Steven Soderbergh popularizó esta historia llevándola a la gran pantalla en “The Informant (2009)”. La frase que da comienzo a esta entrada – extraída de las escuchas telefónicas que fueron presentadas como pruebas del delito - resume a la perfección la filosofía que siguen aquellas empresas que pactan acuerdos entre sí para reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado.

No obstante, las conductas empresariales para restringir la competencia o eliminarla son diversas. Como en el caso de la lisina, las empresas pueden establecer acuerdos entre ellas que se traducen en un control de la producción que sale al mercado y una subida injustificada de los precios. Esta estrategia permite aumentar los beneficios totales de la industria, que se reparten entre las empresas (es lo que se conoce técnicamente como 'cártel' o 'colusión'). Pero también pueden consistir en que empresas con un determinado poder de influencia abusan de su posición para restringir la competencia e impiden, por ejemplo, la entrada de nuevos competidores al mercado ('abuso de posición dominante').

Ejemplos como el de la lisina que no llegan a la gran pantalla hay muchos, y su eco mediático es muy limitado. Pero se han observado en muchos casos y a diversas escalas (local, regional, nacional o internacional): aluminio, leche o reciclaje de papel son algunos de ellos.

Pero, ¿por qué es tan grave para el bienestar social? Cuando los precios que pagamos por los bienes y servicios son arbitrariamente más altos que en condiciones de verdadera competencia, todos los consumidores pagan más de lo que sería justificable. Y estas conductas no afectan a todos los consumidores por igual. Los hogares y personas con menor poder adquisitivo sufren en mayor medida las consecuencias del “abuso de posición” de las empresas que restringen la competencia. Por ejemplo, si en el sector farmacéutico las empresas pactan un control de la producción de un determinado medicamento –insulina, antibióticos-, de forma que los precios suben, las personas enfermas con mayores dificultades económicas tendrán que renunciar más al consumo de otros bienes y servicios (ropa, alimentación, transporte, ocio, educación...) para poder afrontar el coste de ese producto esencial. Este ejemplo es perfectamente aplicable a cualquier otro tipo de producto o servicio.

En España, el organismo encargado de velar por el buen comportamiento de los mercados es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya labor también es el establecimiento de multas a aquellas empresas o instituciones cuyas acciones son constitutivas de delitos contra la competencia. Sólo en 2015, este organismo impuso multas por cártel por valor de 549 millones de euros.

¿Es la defensa de la competencia un instrumento que puede ayudar a reducir la desigualdad? Lo que nos demuestra la realidad es que aquellos mercados donde las empresas verdaderamente compiten, los precios que pagan los consumidores tienden a reducirse y las condiciones de acceso al consumo de bienes y servicios mejoran. Quienes se ven más beneficiadas son, precisamente, aquellas personas con menor poder adquisitivo.

La defensa de la competencia es, por consiguiente, una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. Junto a la política educativa, sanitaria y fiscal, es una palanca esencial para reducir las desigualdades sociales. Por cierto, muy poco explorada por los partidos de izquierda o centro izquierda. Pero de esto último hablaremos en próximas entradas a este blog.

“Los clientes son nuestros enemigos; nuestros competidores, nuestros amigos”. Así se pronunciaba un alto ejecutivo de ADM, una empresa norteamericana dedicada a la producción de lisina -un químico sintético para la fabricación de alimentación animal- en una conversación con altos ejecutivos de otras empresas dedicadas al mismo negocio allá por los años 90. Tras varios años manipulando los precios de la lisina a escala mundial, una investigación dirigida por el FBI acabó con condenas y multas millonarias a varios ejecutivos de estas empresas. Steven Soderbergh popularizó esta historia llevándola a la gran pantalla en “The Informant (2009)”. La frase que da comienzo a esta entrada – extraída de las escuchas telefónicas que fueron presentadas como pruebas del delito - resume a la perfección la filosofía que siguen aquellas empresas que pactan acuerdos entre sí para reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado.

No obstante, las conductas empresariales para restringir la competencia o eliminarla son diversas. Como en el caso de la lisina, las empresas pueden establecer acuerdos entre ellas que se traducen en un control de la producción que sale al mercado y una subida injustificada de los precios. Esta estrategia permite aumentar los beneficios totales de la industria, que se reparten entre las empresas (es lo que se conoce técnicamente como 'cártel' o 'colusión'). Pero también pueden consistir en que empresas con un determinado poder de influencia abusan de su posición para restringir la competencia e impiden, por ejemplo, la entrada de nuevos competidores al mercado ('abuso de posición dominante').