La Declaración de Nueva York: una nueva herramienta de rendición de cuentas

Después de meses trabajando, por fin esta semana se ha aprobado la Declaración de Nueva York en la primera Cumbre de Migración y Refugio que inauguró la 70º edición de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Han sido meses en lo que las organizaciones de la sociedad civil hemos presionado ahí donde hemos podido; en distintas capitales europeas, en Bruselas, en Ginebra, en Nueva York. Queríamos que esta oportunidad única, en la que los líderes mundiales ponían finalmente la atención en la mayor crisis de desplazamiento de la historia, no se desaprovechase. Hemos conseguido parte del objetivo, pero lamentablemente el documento aprobado está lejos de lo que se necesita.

Algunas de las carencias son significativas, como las referencias vagas a los desplazados internos (a pesar de ser el grupo más numeroso expulsado de sus hogares por el conflicto, ya que duplican el número de refugiados), las referencias a la detención de menores (con las que se salvaguarda la posibilidad de que los gobiernos continúen con esta práctica inaceptable) y la ausencia total de compromisos concretos (como por ejemplo un sistema obligatorio de cuotas para acoger a refugiados y solicitantes de asilo) han impedido acordar un documento garantista.

Esta Declaración sigue sin asumir las consecuencias de una crisis que siendo global necesita de una respuesta global, y en la que todos los países deberían asumir su responsabilidad en correspondencia a si nivel de riqueza. La realidad es que los seis países más ricos del mundo acogen sólo al 9% de los refugiados mundiales, mientras que el 86% de los refugiados son hospedados por países en desarrollo.

Pero por la parte positiva, esta Declaración nos ofrece una herramienta más para exigir rendición de cuentas a los gobiernos. No es la única, no es vinculante, pero sí es la primera firmada por 193 países; entre ellos países generadores de desplazados, países de tránsito y países de acogida. Todos ellos, por tanto, implicados de alguna manera en esta crisis. Y España es uno de ellos.

Ya se ha denunciado en múltiples ocasiones y por muchas organizaciones que España es el ejemplo de cómo no debería gestionarse la crisis de desplazamiento. A pesar de que su repetitivo discurso diga lo contrario. Las vallas, el abuso policial, la discriminación, las devoluciones en caliente, los acuerdos de readmisión con terceros países, los compromisos no cumplidos, la falta de apoyo a los países que ayuda necesitan son algunas de las medidas que responden a un único objetivo: frenar la llegada de migrantes y refugiados. Y también es el modelo que España lleva una década exportando.

Pero ahora España ha firmado la Declaración de Nueva York. Declaración que incluye cuestiones como la garantía y protección de los derechos humanos y derechos de los refugiados, derechos que nuestros sucesivos gobiernos han optado por obviar. Así es que ahora tenemos una herramienta más para exigir al Gobierno y Parlamento que sean consecuentes con lo que se han comprometido y que cambien de modelo migratorio anteponiendo los derechos al control de fronteras y asuman su responsabilidad en esta crisis mundial. No dejaremos de hacerlo.

Después de meses trabajando, por fin esta semana se ha aprobado la Declaración de Nueva York en la primera Cumbre de Migración y Refugio que inauguró la 70º edición de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Han sido meses en lo que las organizaciones de la sociedad civil hemos presionado ahí donde hemos podido; en distintas capitales europeas, en Bruselas, en Ginebra, en Nueva York. Queríamos que esta oportunidad única, en la que los líderes mundiales ponían finalmente la atención en la mayor crisis de desplazamiento de la historia, no se desaprovechase. Hemos conseguido parte del objetivo, pero lamentablemente el documento aprobado está lejos de lo que se necesita.