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Más de 1.700 empresas han sido ya sancionadas por fraude en los ERTE con multas de un total de 8 millones de euros

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.

Laura Olías

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Ya se han producido las primeras multas a empresas por fraude en los ERTE. La Inspección de Trabajo ha sancionado a 1.755 compañías por cometer irregularidades en la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo, como ha adelantado Público y confirman fuentes del Ministerio de Trabajo. Se trata del 10,7% de las 16.434 empresas investigadas y cuyas actuaciones han finalizado. En total, la Inspección ha propuesto multas por valor de ocho millones de euros derivadas de estas infracciones, a los que hay que sumar otros 2,3 millones de euros que se exige a las empresas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social impagadas por estos fraudes.

Este es el primer balance del control de la Inspección de Trabajo del fraude en los ERTE, tras haber finalizado algo más de la mitad de las “30.000 órdenes de servicio” en la materia que se pusieron en marcha, explican en el Ministerio que dirige Yolanda Díaz. En concreto, se han cerrado “16.434 órdenes”, por lo que quedan pendientes algo más de 13.500 investigaciones.

De esas 16.434 actuaciones, la Inspección ha detectado “1.755 infracciones”, indican en el Ministerio de Trabajo. Es decir, en algo más de 10 de cada 100 empresas investigadas. Aunque suponen una minoría de las compañías analizadas, el dato del 11% de fraude detectado es algo superior al de otras actuaciones de la Inspección. Por ejemplo, en términos globales en 2018 se realizaron 1.020.068 actuaciones, entre las que se detectaron 91.325 infracciones, un 8,9% del total.

Los fraudes detectados son de diferente tipo, como casos en los que se obligaba a los empleados a trabajar estando con el contrato suspendido y aquellos en los que la plantilla estaba en ERTE de reducción de jornada pero tenía que trabajar más horas, entre otros. Varios trabajadores explicaron a elDiario.es este tipo de abusos en los ERTE de manera anónima. “El discurso es el de que ahora son tiempos muy difíciles, que hay que arrimar el hombro, que si no va a tener que hacer algún despido...”, explica Yolanda, una de las afectadas por esta práctica.  

10,3 millones de euros por los incumplimientos

Las actas resueltas por la Inspección de Trabajo por estas infracciones derivan en multas por un importe global de casi 8 millones de euros, 7.999.434, 18 euros, específicamente, más una liquidación total de 2.258.215,93 euros en materia de cotizaciones sociales impagadas. En total, casi 10,3 millones de euros para las arcas públicas que la Inspección de Trabajo reclama a las compañías incumplidoras.

Aún quedan pendientes de finalizar otras 13.500 actuaciones, tras las que el Ministerio de Trabajo podrá evaluar cuál ha sido el resultado de la campaña que lanzó de control de la legislación de los ERTE derivados de la pandemia. La ministra de Trabajo ha insistido en que, aunque son “una minoría” las empresa que cometen fraude, el daño al conjunto del sistema es muy elevado, porque se aprovechan de recursos públicos limitados en estos momentos de crisis, abusan de sus trabajadores y suponen una competencia desleal para las empresas que respetan la legalidad.

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