La Liga de fútbol profesional ha abierto un frente judicial con el Ministerio de Consumo al recurrir el Decreto de Publicidad del Juego que aprobó el Ejecutivo a finales de 2020 para poner coto a la publicidad de las casas de apuestas. La decisión llega después de que el pasado verano la entidad que preside Javier Tebas lograse aval del Estado a préstamos por un importe de 105 millones de euros y tras recibir LaLiga una “solicitud de información” de las autoridades tributarias sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales del periodo 2017-2019.
La Liga Nacional de Fútbol Profesional figura entre las numerosas entidades que han decidido acogerse a la línea de avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID-19 que puso en marcha en marzo de 2020 para garantizar liquidez a pymes, autónomos y empresas.
Según datos del Ministerio de Hacienda, el pasado 8 de agosto LaLiga recibió garantía del Estado a un préstamo de 70 millones de euros. La operación se repitió el 23 de septiembre, con otros 35 millones avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estas líneas cubren el 70% del importe de los préstamos.
Las garantías del ICO no aparecen mencionadas en las últimas cuentas anuales de LaLiga. Estas fueron formuladas el pasado 6 de agosto, dos días antes de haber recibido el primero de esos avales, y comprenden el ejercicio económico cerrado el 30 de junio. En ellas la entidad señala que un mes después, el pasado 30 de julio, “le fue notificada el inicio de actuaciones tributarias referidas a los años 2017, 2018 y 2019, por medio de una solicitud de información”.
El procedimiento por ahora “se encuentra en una fase inicial, no esperándose que el resultado de las mismas tenga un efecto significativo”, explica LaLiga en sus cuentas, en las que cifra en 27,236 millones el coste de los gastos extraordinarios ocasionados por la aplicación del protocolo de actuación contra el coronavirus para la vuelta a la competición en concepto, fundamentalmente, de test de detección y desplazamientos.
455 millones avalados al fútbol
El importe avalado por el Estado a LaLiga eleva como mínimo a 455 millones de euros los préstamos que ha garantizado el ICO en los últimos meses al fútbol profesional. Este deporte ha visto como la pandemia y la ausencia de público en los estadios devaluaba drásticamente el valor de los derechos de retransmisión de las competiciones, cuya gestión centralizada realiza LaLiga.
A estos 105 millones avalados a la entidad que preside Javier Tebas, con la que elDiario.es intentó contactar sin éxito este miércoles, se suman los 350 millones que acumulan quince equipos españoles, de los que el 78% corresponde a los tres grandes, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, vigente campeón. Dos tercios de los avales a los clubes los concentran el Real Madrid y el Barça, con 143,5 y 92 millones, respectivamente. Estos dos clubes reafirmaron este miércoles, tras la apertura de un expediente sancionador por parte de la UEFA, su apuesta por la Súperliga, que Tebas ha rechazado con dureza, para evitar la “inevitable ruina” de fútbol que pretenden “modernizar”.
La decisión de LaLiga de recurrir el decreto de publicidad no ha sentado bien al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que este miércoles lamentaba en su cuenta de twitter que los clubes de fútbol “anteponen sus beneficios a la protección de millones de jóvenes de todo el país”.
LaLiga se ha sumado a los recursos que ya han planteado a la norma ante el Tribunal Supremo la patronal de la prensa escrita (la Asociación de Medios de Información) y Jdigital, la patronal de las apuestas online, que presentó su recurso tras contratar como asesor a un ex director general del Juego en la etapa de Mariano Rajoy.
El texto recurrido, que en una primera versión presentada antes de la pandemia era mucho menos restrictivo, fue reformulado y endurecido tras la experiencia de la prohibición temporal de la publicidad del juego durante el confinamiento, al vetar el 90% de los anuncios de apuestas restringiéndolos al horario de madrugada, sin permitir que estas empresas se publiciten en ropa deportiva, aunque con una serie de periodos transitorios para respetar los acuerdos firmados con antelación a su aprobación.
En el caso de los patrocinios de clubes deportivos, estos se deberán extinguir a partir del 30 de agosto de 2021, en línea con las observaciones realizadas al texto por el Consejo de Estado.
La norma, que figuraba entre los acuerdos del Gobierno de coalición, fue, según el ministro de Consumo, la respuesta a una “alarma social” que estaba “justificada” ante la “extraordinaria” expansión de las apuestas de los últimos años, especialmente, entre los jóvenes.
En 2020, el número de inscritos en el registro estatal de personas que piden que se les prohíba jugar online batió otro récord al aumentar un 12%, hasta alcanzar más de 56.000 personas.
Pese a la suspensión temporal de las competiciones deportivas, las apuestas online batieron nuevos récords de facturación y número de jugadores en España. El gasto medio por jugador subió un 18%, hasta superar por primera vez los 50 euros mensuales. Los ingresos del sector alcanzaron los 850 millones y el número de jugadores online marcó otro máximo de 1,48 millones.