Los 140.000 millones de los fondos europeos, pendientes de la negociación con Bruselas de la reforma laboral y de las pensiones

Reforma laboral y pensiones. Pensiones y reforma laboral. Es donde se centran las negociaciones entre el Gobierno y la Comisión Europea para deshacer un nudo de 140.000 millones de euros, los de los fondos de recuperación –72.000 en transferencias y 68.000 en préstamos– para remontar una crisis del coronavirus que ha llevado a España a cerrar 2020 con una caída del PIB del 11%, la mayor de toda la Unión Europea.

Los fondos tienen tres ejes fundamentales: que haya reformas e inversión en los ámbitos de la transición digital y ecológica y que esté alineado con las recomendaciones del Semestre Europeo –mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea–. Y, dentro de esas recomendaciones, es recurrente la preocupación de Bruselas por la sostenibilidad de las pensiones.

La vicepresidencia económica ha entregado ya en Bruselas las 30 fichas de las reformas que quiere acometer el Gobierno, y las dos últimas han sido las de trabajo y pensiones, ambas tras una pugna con los ministerios de Unidas Podemos.

En relación con Trabajo, la tensión con el departamento de Yolanda Díaz surgió cuando publicó El País “el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa”, en el que se abogaba “por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales —en plata: menos poder de negociación para los sindicatos—”. Así, quedaba diluido el pacto de coalición, lo que causó un choque entre Economía y Trabajo, además de malestar en los sindicatos.

Pero, después de semanas de negociaciones, la ficha enviada a Bruselas ha contado con el visto bueno de Trabajo, en tanto que recoge que la reforma del mercado de trabajo de Mariano Rajoy se derogará íntegramente de “facto” si bien, dada la complejidad para crear un cuerpo normativo alternativo, el procedimiento se abordará en dos fases. La primera y más urgente, la que afecta a los aspectos más lesivos, incluye derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (que ya ha sido aprobado), la anulación de las limitaciones del ámbito temporal del convenio colectivo y la suspensión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales.

Diaz ha viajado a finales de 2020 a Bruselas, donde se ha reunido con el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, y el de Empleo, Nicolas Schmit, y, según los mensajes transmitidos por el Ejecutivo comunitario, las negociaciones avanzan bien. En la Comisión Europea las preocupaciones recurrentes con la temporalidad, la dualidad y la necesidad de convenios colectivos.

La temporalidad excesiva es uno de los problemas enquistados del mercado laboral español desde hace años, pero en los últimos ejercicios se ha acentuado la más precaria, es decir, aquella que se basa en contratos temporales muy cortos. Los inferiores a siete días de duración se duplicaron respecto al inicio de la crisis y aquellos de entre 7 y 15 días de duración son los siguientes que más crecieron.

“Estamos de acuerdo con las recomendaciones de Bruselas en relación con el mercado laboral”, decía Díaz tras verse con la Comisión Europea: “Nos señalan que España tiene un problema de precariedad, de temporalidad, de segmentación del mercado de trabajo, de dualidad. No podemos estar más de acuerdo en el Gobierno de España. Por eso, por fin, después de 36 años, nuestro país va a comprometerse en reformular y tomar medidas para corregir estos efectos. Llevamos desde el año 84 con múltiples planteamientos que han permitido que tengamos niveles de temporalidad insoportables. Esto es lo que dice la Comisión Europea y el Gobierno de España no pude estar más de acuerdo”.

“La negociación está ya muy avanzada”, decía Gentiloni este jueves, tras la presentación de las previsiones económicas de invierno, que colocan a España a la cabeza de los países que más crecen en 2021 (5,6%), si bien rebajan el dato del Gobierno (7%): “Nuestros servicios ya están trabajando con el Gobierno de España y ahora nos centramos en la reforma del mercado de trabajo y en las pensiones. Así que todavía no podemos dar una evaluación completa. Estamos trabajando en ciertos detalles, en ciertas cifras con las autoridades españolas. Me he reunido con varios ministros españoles, también con Nadia Calviño [vicepresidenta económica] y la cooperación está yendo por el buen camino”.

“Hay que ver estos últimos detalles, cerrar algunos flecos con la Comisión Europea”, reconocían fuentes de Economía esta semana: “Aún no hay fecha para la presentación del plan de reformas a Bruselas [para los fondos]. El objetivo es presentarlo lo antes posible y es de los más avanzados de los 27. Pero en el caso de España también es de los más ambiciosos, tanto en la pata de la inversión como de las reformas”.

Economía explica que tanto la ficha de la reforma laboral como de las pensiones “son las últimas que se mandaron y son especialmente densas y es normal que siga habiendo una discusión. La recepción que yo he visto es positiva y constructiva. En esos estamos, en los últimos flecos, son temas relevantes”.

El nudo de las pensiones

Bruselas expresa su preocupación por el sostenimiento del sistema de las pensiones. Y el Gobierno español ha respondido planteando la posibilidad de aumentar los años del cálculo para la jubilación como alternativa a la derogación de la reforma de Mariano Rajoy, que incluía un índice de revalorización de las pensiones que no llegó a aplicarse –entre otras cosas porque solía dar que había que rebajarlas–.

Así, aunque no figura expresamente en las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo aumentar los años y a pesar de la polémica por la propuesta de aumentarlo a los 35 años con los socios de Unidas Podemos, Economía ha terminado entregando una ficha que no concreta ningún número de años, pero que sí abre la posibilidad a aumentar los 25 actuales.

La ampliación del periodo de cálculo, que estaba presente en los borradores que manejaba el Pacto de Toledo hasta muy avanzadas las negociaciones, en el texto definitivo que aprobó la comisión y el Pleno del Congreso ya no figuraba.

En textos previos, se emplaza al Gobierno a analizar el impacto de la ampliación del periodo de los 15 a 25 años y añadía: “Dicha evaluación debe contemplar, también, la posibilidad de efectuar futuras ampliaciones del periodo de tiempo que se tiene en cuenta para el cálculo de la base reguladora, alcanzando incluso, en su caso, la totalidad de la vida laboral, así como la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables”. 

La frase se recortó y, finalmente, el texto aprobado se quedó solo con la segunda parte: “Dicha evaluación debe contemplar, también, otras medidas como la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión”.

Según la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, “el contenido de esa ficha correspondiente al refuerzo del sistema de pensiones recoge los principios de la acción de Gobierno”. No obstante, en esa acción de Gobierno los ministros de Unidas Podemos ya han expresado su oposición, lo que complica una posterior aprobación parlamentaria de esa medida. Calviño, además, ha afirmado en Bruselas tras reunirse con los comisarios económicos del Ejecutivo comunitario: “El mensaje que desde el Gobierno hemos querido lanzar es el de la protección de la capacidad adquisitiva de las pensiones ahora y, sobre la base del diálogo social, seguir reforzando nuestro sistema y garantizar la sostenibilidad en el largo plazo”. Sin embargo, en ese diálogo social, ya sabe que los sindicatos se han manifestado en contra también.

Este mismo jueves, los sindicatos mayoritarios hicieron su primera demostración de fuerza ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez: CCOO y UGT avisaron de que no se puede postergar más la reactivación de las negociaciones sobre cuestiones como el desmontaje de la reforma laboral, la eliminación de la reforma de pensiones del 2013, así como la subida del salario mínimo profesional (SMI).

Es decir, asuntos clave que están en disputa en el seno del Gobierno, y que son fundamentales en las negociaciones con Bruselas para la llegada de los fondos europeos.

“Estamos pidiendo un fuerte compromiso para hacer reformas, y más detalles sobre objetivos y metas. Creo que estamos en la buena dirección con España, pero por supuesto tenemos que trabajar juntos todavía unos pocos días y semanas”, dijo el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni: “El compromiso de la Comisión Europea es aumentar la ambición de las reformas en los planes nacionales para garantizar que las reformas e inversiones tienen los detalles necesarios sobre el calendario, objetivos y metas”.

En este sentido, sobre la autoría de las reformas, el Ejecutivo comunitario niega que esté imponiendo nada a España. “En primer lugar, son los propios Estados miembros los que están elaborando los planes de recuperación y resiliencia”, contestaba en el Parlamento Europeo el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, al eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun (Greens/EFA): “Por lo tanto, al redactar nuestras recomendaciones específicas por país, la Comisión Europea se ha vuelto, digamos, menos prescriptiva en cuanto a las políticas, dejando los medios exactos para abordar estos desafíos a los Estados miembros. Y ese enfoque que usamos en el semestre es el que estamos usando en la preparación de los planes de recuperación y resiliencia”.

“También estamos insistiendo”, decía Dombrovskis a las preguntas de Urtasun sobre la autonomía de los Gobiernos para elegir cómo abordar las reformas, “que cuando los Estados miembros preparen sus planes de recuperación, deben hacer consultas con los interlocutores sociales y con las partes interesadas: los planes se debaten internamente”.

Así, de acuerdo con el reglamento de los fondos de recuperación aprobado esta semana en el Parlamento Europeo, la iniciativa de las reformas debe partir de los Gobiernos, no de Bruselas. Es decir, que los Gobiernos eligen, por ejemplo, cómo quieren hacer más sostenible el sistema de las pensiones: “La Comisión debe evaluar el plan de recuperación y resiliencia propuesto por cada Estado miembro y actuar en estrecha cooperación con el Estado miembro en cuestión. La Comisión debe respetar plenamente la propiedad nacional del plan y, por lo tanto, debe tener en cuenta las justificaciones y elementos proporcionados por el Estado miembro en cuestión. La Comisión debe evaluar la relevancia, eficacia, eficiencia y coherencia del plan de recuperación y resiliencia propuesto por el Estado miembro, basándose en la lista de criterios establecidos en el presente Reglamento. La Comisión debe evaluar los planes de recuperación y resiliencia propuestos y, en su caso, sus actualizaciones, en un plazo de dos meses a partir de la presentación oficial de los planes de recuperación y resiliencia. El Estado miembro de que se trate y la Comisión deben poder acordar prorrogar ese plazo por un período razonable si fuera necesario”.

“La Comisión Europea lleva años haciendo recomendaciones a España sobre las pensiones”, ha afirmado Calviño, “y está analizando junto con nosotros las distintas cifras, las distintas previsiones, el impacto sobre el sistema de pensiones como sobre el presupuesto público y por tanto el impacto fiscal de las diferentes medidas que se van a poner en marcha. Y se está produciendo ese análisis en un ambiente tremendamente constructivo”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconocía este viernes sobre el fondo de recuperación: “Creo que habrá dificultades en el camino a seguir. Habrá éxitos y retrasos en el camino a seguir sin ninguna duda. Somos 27 estados miembros, más las instituciones europeas, la Comisión, el parlamento y el consejo trabajando en eso. Pero no conozco ninguna otra región del mundo donde haya sido posible cumplir en tan poco tiempo, como lo hemos hecho hasta la fecha”.