Los 27 dan el visto bueno a una 'ley rider' europea descafeinada con reticencias de España

Los 27 han dado vía libre a la negociación de la 'ley riders' europea con un punto de partida poco ambicioso respecto a las exigencias de algunos países, entre ellos España, y descafeinada respecto a la directiva que impulsó la Comisión Europea con la intención de acabar con los falsos autónomos de los que abusan plataformas como Amazon o Glovo. Aún así, los gobiernos han dado el visto bueno por mayoría cualificada al texto planteado por la presidencia sueca para no ralentizar más el proceso, que ya fue bloqueado en diciembre. Ahora le tocará a España pilotar las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Eurocámara.

La posición de los 27 rebaja las aspiraciones iniciales de la directiva que tenía como objetivo fundamental regularizar hasta 4,1 millones de trabajadores de plataformas digitales que están contratados como falsos autónomos. España y otros ocho países echaron atrás la propuesta del Consejo de la UE en diciembre al entender que era poco ambiciosa y no daba garantías suficientes a los 'riders', pero ahora no les daban los números para tener una minoría de bloqueo.

Ahora los gobiernos de la UE plantean que se regularice la situación de ese tipo de empleados si cumple tres requisitos de un listado de siete, como que la empresa determine los límites superiores del nivel de remuneración, que establezca unas reglas respecto a la apariencia, que supervise la realización del trabajo, incluso por medios electrónicos; o que restrinja la libertad de la persona que realiza el trabajo, incluso por medio de sanciones, respecto a la organización del trabajo y las ausencias, la capacidad o no de aceptar tareas, la posibilidad de usar sustitutos, entre otras.

Yolanda Díaz: “No protege a los trabajadores”

De nuevo España y otros siete países (Holanda, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Rumanía y Eslovenia) han mostrado reticencias al texto avalado por los ministros de Trabajo de la UE y han rubricado una declaración conjunta. La principal crítica son los obstáculos para que los falsos autónomos puedan tener una relación laboral con la empresa y recuerdan que los requisitos son más exigentes que los planteados por los tribunales, tanto a nivel europeo como en los estados miembros. Esos países han secundado una declaración en la que confían en que la directiva mejore durante la negociación en los denominados trílogos (los gobiernos, la Comisión y la Eurocámara). En el lado contrario estaban Francia y algunos países del este que querían reducir al máximo la presunción de laboralidad. Ahí ha estado el equilibrio de una difícil negociación que se ha dilatado casi año y medio.

La posición del Parlamento Europeo se asemeja más a la de España. Así, defiende que la presunción de laboralidad sea automática, es decir, sin condiciones y que sean las empresas las que tengan que demostrar que no se trata de un trabajador en caso de disputa. Bruselas establecía cinco condiciones, de las que los rider tenían que cumplir dos para ser considerados trabajadores por cuenta ajena.

“Un joven en una bicicleta y con una aplicación en su mano no es un emprendedor en absoluto, no reúne ninguna de las condiciones de serlo y merece, por tanto, toda la protección con identidad de derechos laborales”, ha dicho la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la llegada a la reunión en Luxemburgo: “Es muy poco comprensible que el texto devalúe la posición que los propios tribunales europeos están aflorando acerca de los derechos laborales que deben tener estos trabajadores y estas trabajadoras. Digamos que está fuera del sentido común y en términos democráticos es muy difícilmente comprensible”. “Pretendíamos que la directiva no diera un paso atrás respecto a la situación actual. Pensábamos y seguimos haciéndolo que eso debe reflejarse en la directiva y no lo hace (...). El texto que se somete a votación no protege a las personas trabajadoras”, le ha dicho posteriormente a sus colegas, ante los que ha defendido la ley rider española, impulsada por su departamento. “Blindó la presunción de laboralidad y el derecho a la transparencia algorítmica”, ha apostillado.

En lo que sí ven algunos avances respecto a la negociación anterior es respecto al uso de algoritmos para la gestión de los recursos humanos. La posición que defenderán los gobiernos es que los trabajadores estén informados de esa monitorización automática y los sistemas de toma de decisiones que se basen en la misma. “Bajo las nuevas reglas, estos sistemas estarán monitorizados por personal cualificado”, informa el Consejo en un comunicado en el que asegura que determinadas decisiones estarán supervisadas por humanos.

La legislación que finalmente apruebe la UE afectará a un negocio que se ha multiplicado en los últimos años pasando de los 3.000 millones de euros en 2016 a 14.000 en 2020. De los cerca 28 millones de personas que trabajan para ellas en la UE, 5,5 millones están mal clasificadas, según los cálculos de la Comisión Europea, que aspira a regularizar hasta 4,1 millones de personas mientras que otros pueden convertirse en auténticos autónomos.

202306 Propuesta Conjunta Declaración Plataformas ESP v2 by Irene Castro on Scribd