Los 27 logran cerrar un acuerdo para impulsar la reforma del mercado eléctrico. Todos los ministros de Energía, a excepción del húngaro que se ha abstenido, han secundado el texto que finalmente cumple las exigencias de Francia respecto a la energía nuclear. El visto bueno permite ahora iniciar las negociaciones con el Parlamento y la Comisión Europea, que se activarán este mismo jueves, según ha anunciado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. La pretensión es que el nuevo funcionamiento del mercado eléctrico, que la UE decidió reformar en plena crisis energética esté lista antes de que acabe el año.
Uno de los objetivos de la reforma del mercado eléctrico es reducir la volatilidad de los precios, que fue uno de los problemas que se encontró la UE como consecuencia de la guerra en Ucrania, cuando el precio del gas empezó a subir y se disparó al limitar el suministro de Rusia. Ribera, a quien corresponde pilotar las negociaciones durante la presidencia española del Consejo de la UE, ha asegurado que la aproximación permitirá “proteger mejor a los consumidores europeos, ofrecer señales a los inversores en energía, facilitar una mayor estabilidad en los precios, menor dependencia de la volatilidad de las materias primas o del mercado spot diario”.
“Ha sido un Consejo de Energía exitoso”, ha dicho la comisaria Kadri Simson tras la cita en la que Ribera se había mostrado confiada en sortear los vetos cruzados de Francia y Alemania. La novena propuesta que se ha puesto sobre la mesa ha sido la que ha salido adelante, aunque el texto legislativo final será el que pacten los 27 con la Eurocámara y la Comisión.
“La reforma pretende estabilizar los mercados de electricidad a largo plazo impulsando el mercado de contratos de compra de energía (PPA), generalizando los contratos por diferencia (CfD) bidireccionales y mejorando la liquidez del mercado a plazo”, señala el Consejo en un comunicado: “El Consejo ha acordado que los Estados miembros fomenten la adopción de acuerdos de compra de electricidad, eliminando los obstáculos injustificados y los procedimientos o cargas desproporcionados o discriminatorios. Las medidas pueden incluir, entre otras cosas, sistemas de garantía respaldados por el Estado a precios de mercado, garantías privadas o instalaciones que agrupen la demanda de PPA”.
La generalización de los PPA, que son contratos de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor, era una de las claves de la propuesta de Bruselas. Ribera ha insistido en que la reforma del mercado eléctrico también persigue la descarbonización.
Pero el principal escollo estaba en los denominados contratos por diferencias, que son los que, según ha explicado Ribera, dan una mayor “estabilidad” a los estados. En los CfD se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida posteriormente: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior, es al contrario. Alemania no quería que esos contratos aplicaran para las centrales eléctricas ya existentes al entender que las centrales nucleares ya amortizadas de Francia le iban a reportar unos ingresos extraordinarios.
El texto final satisface la demanda de París ya que permite que los CfD se puedan aplicar a todas las instalaciones de generación, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías, pero en algunos casos no se aplicarán de forma automática sino que deberán contar con el visto bueno de la Comisión Europea para determinar que no constituyen ayudas de estado, como sucedía hasta ahora.
“Sabiendo que la mayor y más fácil medida para fijar precios competitivos que no generen distorsiones son las convocatorias en concurrencia, en algunos casos no es posible que existan y que, por tanto, en esos casos será necesario mantener una capacidad de monitoreo, vigilar que las cosas funcionan correctamente”, ha expresado Ribera. “La Comisión desempeñará su papel. Tendremos que seguir aplicando unos controles muy rigurosos a las ayudas de estado. Evaluaremos el impacto en el mercado interior”, ha respondido Simson.
Los cambios en el mercado eléctrico también establecerán cuándo la UE puede declarar una crisis energética: cuando se “prevea que los precios medios muy elevados de la electricidad al por mayor vayan a durar al menos seis meses, y se prevea que los fuertes aumentos de los precios al por menor de la electricidad se mantengan durante al menos tres meses” son las intenciones de los 27. “La reforma añade una opción temporal para aplicar precios regulados, incluso por debajo del coste, a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en tiempos de crisis”, señala el comunicado, que recuerda que esos precios regulados ya se pueden aplicar a los hogares energéticamente pobres y vulnerables, y como medida transitoria a los hogares y microempresas, haya o no crisis de precios de la electricidad.