Una parte del salario bruto, alrededor del 40%, se destina a pagar cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Pero los trabajadores con remuneraciones más altas no contribuyen por todo su sueldo. En España, hay establecido un tope, la llamada “base máxima de cotización”, fijada en los 4.139 euros brutos al mes en 2022. Por encima de esta cantidad, el sueldo no cotiza a la Seguridad Social. En total, en España hay unos “35.000 millones de euros” en salarios al año que no contribuyen al sistema al superar ese límite, responden desde el Ministerio de la Seguridad Social a consultas de este medio.
Dentro de la reforma de pensiones, el Gobierno negocia con los sindicatos y patronales subir este 'techo' en la cotización, ya que España es de los países de la UE donde menos cotizan los salarios más altos. Salvo Bulgaria y Malta, nuestro país es el que más libera de cotizar a las personas con remuneraciones más elevadas. El límite en la cotización va unido a una pensión máxima también 'topada', que en España alcanza los 2.819 euros al mes.
El Ministerio de Escrivá debate ahora con los agentes sociales un proceso de 'destope' de la base máxima de cotización en las próximas décadas, que refuerce los ingresos de la Seguridad Social en el medio plazo, cuando habrá más gasto debido a la jubilación de la generación del baby boom.
Desde el Ejecutivo y los sindicatos ponen el foco en el gran volumen de dinero que no contribuye al sistema de la Seguridad Social, al contrario de lo que sucede en la mayoría de Europa. Solo en rentas salariales, están los “35.000 millones de euros” al año en sueldos a partir de 4.139 euros mensuales que indica la Seguridad Social, tanto de trabajadores del sector público como del privado.
Además, habría que sumar las ganancias de los trabajadores autónomos por encima de ese límite. Hay que recordar que a partir de 2023 los trabajadores por cuenta propia deben cotizar según sus ganancias, con el fin del sistema por el que contribuían lo que deseaban.
1,2 millones de asalariados en base máxima
La Seguridad Social explica que hay casi 1,2 millones de asalariados encuadrados en la base máxima. Es decir, que ganan a partir de esos 4.139 euros brutos al mes y que, por tanto, no cotizan por su sueldo a partir de esa cantidad. En concreto, había “1.199.910” relaciones laborales en base máxima con datos de mitad de año, indican desde el Ministerio a elDiario.es. De estas personas, el 30% trabaja para las administraciones públicas y el resto está empleado por empresas privadas.
La gran mayoría de las personas con estas altas remuneraciones son hombres, una manifestación más de la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como del techo de cristal, por el que las mujeres no llegan tanto a los puestos de mayor responsabilidad. El 65% de estas relaciones laborales corresponden a hombres y el otro 35%, a mujeres, según las cifras facilitadas por la Seguridad Social.
La disparidad por sexos se dispara y concentra en el sector privado. De las 842.314 relaciones laborales en base máxima en empresas privadas, el 71% se corresponden a hombres. El 29% restante son mujeres.
En cambio, entre las 357.596 personas asalariadas en el sector público con sueldos a partir de los 4.139 euros al mes, la relación es mucho más equilibrada: 51% de hombres y 49% de mujeres. En las Administraciones Públicas, los criterios de acceso deben cumplir con los principios de igualdad, méritos y capacidad que establece la Constitución.
Aumento de la pensión máxima “entre el 15 y el 25%”
El debate en la mesa de diálogo social de pensiones en esta materia está centrado en hasta dónde elevar este techo en la cotización y cuánto acompasar su subida a un aumento de la pensión máxima. Porque el sistema de la Seguridad Social es solidario, por el que se garantiza una cobertura social mínima a quienes menos tienen y no han cotizado lo suficiente, pero también es contributivo (es decir, que la protección social que se recibe está relacionada con las aportaciones que se han hecho al sistema). Si ahora se plantea aumentar lo que contribuyen los sueldos más altos, ¿cuánto más se les reconocerá a través de pensiones y prestaciones máximas?
La negociación entre los agentes sociales y el Ministerio de la Seguridad Social está siendo más discreta que en otras reformas, con un clima enrarecido por las elecciones internas en la patronal. Todavía hay mucho que concretar, según fuentes de la negociación, pero parece que se plantea que el aumento de la base de cotización sea mayor que la subida de la pensión máxima. Ambas cuestiones se plantean para una aplicación “muy progresiva”, ha insistido en varias ocasiones el ministro José Luis Escrivá.
De momento, solo está claro que el Gobierno quiere subir la base máxima cada año al menos como las pensiones, con la inflación media. Además, se iría aplicando un alza adicional, fruto de ese proceso de 'destope'. El horizonte temporal que se plantea es de 30 años, como plasmó el Ejecutivo en el plan europeo de recuperación por la pandemia.
En cuanto a las pensiones máximas, el ministro Escrivá sí ha dado una cifra de referencia. Apuntó que sería “razonable” que estas subieran entre “un 15 y un 25%”. Este alza se plantea para el largo plazo, cuando el aumento de lo que cotizan los salarios más altos se empiece a traducir en mayores pensiones. Una manifestación posterior, según ha destacado el ministro, que permitirá reforzar los ingresos en los años marcados por la jubilación de los baby boomers y posponer el gasto en las pensiones máximas para más adelante, cuando no haya tan tensión en el sistema.
La reforma de la base máxima de cotización, así como del periodo de cómputo para calcular la pensión, debe estar lista al final de este año. Con ambos cambios, y ya se verá si alguno adicional, el Gobierno pondrá fin a su reforma de pensiones que comprometió con Bruselas.