4.000 millones en ayudas por la sequía, cambio climático y Ucrania: el reparto de fondos que el campo ve insuficiente

El campo está en modo protesta, con movilizaciones por toda España que no son una gota aislada, porque llegan tras los movimientos similares en otros países europeos, como Francia y Alemania. Un malestar que la extrema derecha trata de capitalizar y donde se mezclan peticiones que van desde exigir menos burocracia a frenar a la competencia exterior o pedir más ayudas al campo. Todo en un contexto donde unas voces dentro del sector asumen el cambio climático y otras hablan de poner freno a la agenda verde. Una petición de ayudas que llega después de que estas hayan alcanzado cifras históricas en los últimos años, motivadas por la guerra en Ucrania y el despegue de los costes de producción.

“Este Gobierno está con el campo de palabra y con los hechos, con las políticas que hemos desplegado sobre todo en los últimos dos años”, aseguró este miércoles en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Desde 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario”. De ellos, “1.380 millones de euros en ayudas directas, 2.800 millones para la modernización del regadío, 6.800 millones a través de la PAC de los que 4.800 millones son ayudas directas y ahí están también los seguros agrarios”, enumeró Sánchez en respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Santiago Abascal. “Ustedes proponen una fórmula letal, una mezcla imposible entre negacionismo climático y antieuropeísmo”, sentenció.

Esas ayudas que cifró Sánchez son un cóctel de fondos para el sector motivado, en gran medida, por las crisis que se han ido gestando en los últimos años. Principalmente dos. Por un lado, la guerra en Ucrania y el despegue en los costes de producción y la inflación, desde el gasóleo, pasando por los fertilizantes o los fitosanitarios. Por otro, el cambio climático y la sequía que ya están impactando en la producción agrícola.

¿En qué se traducen esos 4.000 millones de ayudas que enumeró Sánchez? Se trata de la misma cifra que el pasado viernes mencionó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras reunirse con las principales organizaciones agrarias (UPA, COAG y Asaja). Es una combinación de ayudas directas y, también, fiscales

Al margen están los seguros agrarios, que buscan garantizar la estabilidad de las rentas de agricultores y ganaderos, pero cuya solicitud es de carácter voluntario. En el ejercicio 2023 se fijaron indemnizaciones por valor de 1.423 millones de euros, un 50% más que en 2022.

Ayudas directas por la sequía y la guerra en Ucrania

La principal partida en ese reparto de fondos son las ayudas directas por el impacto de la guerra en Ucrania, el despegue de la inflación y la sequía, que han sumado 1.380 millones entre 2022 y 2023.

Esas ayudas han tenido especial foco en el sector ganadero, tanto en los productores de leche como de carne, con cerca de 700 millones de euros. Otros 300 millones han correspondido a fondos para mitigar el incremento del coste de los fertilizantes, que vieron dispararse su precio después de que Rusia invadiera Ucrania. 

En cuanto a los agricultores y la caída de la producción, los de cultivos herbáceos de secano o de arroz han recibido 270 millones para suavizar el daño provocado por la sequía. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, se han destinado en estos años 81 millones de euros –procedentes de la reserva agrícola de la UE– a los productores de frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara; 38,7 millones al sector citrícola; 8 millones de euros a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres) y 5 millones al sector apícola.

Una rebaja fiscal de 1.800 millones

Junto con las ayudas, la principal partida de respaldo al campo de la última legislatura fue la rebaja fiscal de 1.800 millones de euros que se aprobó hace menos de un año, para dar un respiro a los impuestos de cerca de 800.000 agricultores. Técnicamente, consistió en una reducción de los Índices de Rendimiento Neto aplicables en 2022 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es decir, en el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos, para recoger el impacto de la sequía y de la inflación. 

La reducción general fue del 25%, pero en sectores más afectados por la sequía ha sido mayor. Por ejemplo, en el olivar la reducción llegó al 50%, lo mismo que en el caso de los productores de almendra y de miel. Mientras, la rebaja alcanzó el 30% en los cereales, oleaginosas y leguminosas, castaño, melocotón, nectarina y albaricoque, así como para los ganaderos. 

Dentro del paquete de la fiscalidad, también figuran bonificaciones al gasóleo agrícola entre los años 2022 y 2023 que suman 519,5 millones de euros. Estas bonificaciones se han eliminado en otros países europeos –como Alemania–, pero en España se van a mantener, según aseguró Planas al presentar a finales de enero los planes de su Ministerio para la actual legislatura.

Ese diferencial de actuación de España respecto a otros países europeos también es uno de los focos con los que ha tratado de distanciarse el Gobierno respecto a la actuación con el campo. Por ejemplo, en Francia, donde las manifestaciones se desarrollaron la pasada semana, el Ejecutivo encabezado por Gabriel Attal ha aprobado de momento un paquete de ayudas de 150 millones para los ganaderos y ha puesto como prioridades para calmar la tensión del campo otras medidas, como el mantenimiento del uso de fitosanitarios o la reducción de la burocracia, algo que también se promete en España, pero que tendrá que negociarse en Bruselas.

Reinventar el regadío porque no hay agua

La tercera pata de este reparto de fondos al campo se centra en la modernización de regadíos en un entorno de evidente sequía. Ahí el plan es a más largo plazo y el montante total de fondos llega hasta 2027. 

En concreto, la inversión pública prevista a cinco años, desde 2022, para la modernización de regadíos es de casi 2.200 millones de euros. Una cifra que triplica la media anual invertida en las dos primeras décadas de este siglo, con el objetivo de “producir más con menos recursos y garantizar la continuidad de producciones estables, rentables y competitivas”, según justificó Planas hace casi dos años. Una financiación que, en este caso, viene de los fondos europeos de Transformación y Resiliencia y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).

Los anteriores fondos están al margen de los 6.800 millones de euros que España ha recibido de la PAC. Una política común donde Francia, Alemania y España tradicionalmente han estado entre los mayores beneficiaros. Sin embargo, diferentes voces piden cambios. Por ejemplo, la coportavoz de Los Verdes Terry Reintke defendió que la PAC, tal y como está diseñada, “no es sostenible”. “No defiende a los agricultores ni el planeta. Miremos cómo podemos solucionar los problemas protegiendo la diversidad y el clima”. Mientras, la extrema derecha habla de una legislación “ideologizada” y uno de sus diputados calificó este miércoles en el Congreso la regulación europea como “basura verde”.

No todos los agricultores comparten la exigencia de unos mayores fondos para el campo. Por ejemplo, instan a esa necesidad de reducir la burocracia y mejorar la Ley de la Cadena que en España se aprobó hace algo más de un año y que ahora otros países como Francia miran para tratar de evitar la venta a pérdida, para que no se vendan productos a precios que no permiten cubrir los costes de producción.

Esta ley salió adelante con los votos en contra del PP y de Vox. Ahora, la formación encabeza por Alberto Núñez Feijóo, en el plan de choque para el sector agrario que ha presentado coincidiendo con las protestas, exige “la revisión” de la norma “a fin de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica”, cuando lo que pide el campo es, sobre todo, aumentar las inspecciones y las sanciones porque en el primer año no han llegado al medio millón de euros y ninguna ha sido por vender a pérdida.