41.000 muertos en el trabajo: tres décadas de la lacra laboral más invisible

Para muchos es “un trabajador ha muerto” en una breve noticia. A veces no trasciende siquiera la edad. Tal vez la localidad donde se produjo el accidente y el sector, un poco más. Para Miguel Ángel en cambio es el sillón vacío a su lado cuando ve el fútbol en casa. Que no suene Freddie Mercury desde la cocina. No escuchar en la cena “a ver si pasamos más rato los cuatro”. Ahora son tres. 

Su padre, José Antonio González, era trabajador de la limpieza de Madrid y sufrió un golpe de calor mientras barría las calles al inicio de una tarde del pasado verano, en plena alerta por altas temperaturas. Hacía casi 39 grados. Murió horas después en el hospital. 

José Antonio es uno de los 826 trabajadores que fallecieron en España en 2022 debido a accidentes laborales, muchos de ellos evitables. Más de dos víctimas al día, una lacra que va en aumento. 2023 ha arrancado también a golpe de tragedia, con 114 víctimas hasta febrero. En los últimos 35 años, un total de 41.551 personas han perdido la vida por ir al trabajo en nuestro país. 

José Antonio, fallecido el pasado julio, forma parte de la dolorosa ristra de puntos de víctimas en 2022, que por desgracia será todavía más numerosa. Las cifras de 826 fallecidos en accidentes laborales el año pasado son aún provisionales y siempre aumentan cuando se cierra el informe definitivo del Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, 2022 ya es histórico: alcanzó el mayor incremento anual de víctimas laborales registrado hasta la fecha: un 11% más de fallecidos si se compara con el cierre del año previo. 

Un 11% más de hogares como el de Miguel Ángel, de 21 años, donde no regresarán sus padres o sus madres, sus hermanos, sus hijos, sus parejas. Aquellos en los que un día sonó el teléfono para dar la peor noticia. “Estaba con unos amigos, me informó mi madre”, recuerda el joven. A su padre le había dado un golpe de calor mientras trabajaba en la calle y estaba muy grave. “Desde el primer momento los médicos nos dijeron que pintaba bastante mal”. 

Dos días antes del accidente, José Antonio se había cruzado con su hijo: “Tenía dificultad para hablar del calor que tenía”, rememora el joven con el dolor atravesado en el rostro. El día siguiente a su fallecimiento encontraron en su ordenador una búsqueda reciente: cómo parar un golpe de calor. “Él era consciente de que le podía pasar”, lamenta Miguel Ángel, que ahora analiza todo con una mirada diferente. 

Esos días, con los termómetros disparados por la ola de calor, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Madrid para este servicio (Urbaser) no modificó los horarios del personal para evitar las horas de más calor, ni cambió sus uniformes, como pedía la plantilla, subraya el joven. Después de la muerte de José Antonio sí se aplicó alguna medida. “Todos somos conscientes de que esto podía pasar, no creo que sea necesario que pasen cosas así. Y reivindico que de momento no ha cambiado lo suficiente”, añade Miguel Ángel. En Urbaser no han respondido a las preguntas sobre el fallecimiento de José Antonio.

“Los datos son escalofriantes”, alertan los responsables de Salud Laboral de los sindicatos mayoritarios, Mariano Sanz Lubeiro (CCOO) y Ana García de la Torre (UGT). Desde la patronal CEOE responden también que están “profundamente preocupados” por el aumento de la siniestralidad. “Son 121 muertes más si comparamos con datos provisionales de 2021, cifras brutales que una sociedad como la nuestra no se puede permitir”, denuncia García de la Torre. 

El gran aumento de 2022 ha quedado marcado por la tragedia del pesquero gallego Vila de Pitanxo en aguas de Terranova, donde fallecieron 21 trabajadores, pero no solo. Lo peor es que el dato “no es puntual”, subraya Mariano Sanz Lubeiro, sino que “se consolida una tendencia de aumento de accidentes y de muertes por el trabajo” en los últimos años. 

En España, un país cada día más moderno y avanzado social y tecnológicamente, cada vez se muere más trabajando. 

Y eso no ha sido siempre así. Tras muchos años de mejoría en la reducción de la siniestralidad laboral, cuando se sumaron esfuerzos, políticas e inversión para ello, vivimos un periodo de deterioro en los últimos años, desde 2013, como se ilustra a continuación.

Por un lado, la evolución de accidentes laborales y de muertes de trabajadores totales se puede seguir en números absolutos, por ejemplo, los más de 532.000 accidentes en jornada en 2018. Por otro, está el indicador de incidencia, los 3.408 accidentes en jornada de ese año, que mide los accidentes y las muertes por cada 100.000 trabajadores, la medición más utilizada para analizar la evolución de la siniestralidad en el tiempo sin que afecten los vaivenes en el número de trabajadores. 

La incidencia refleja un gran descenso de los accidentes de trabajo desde los 2000, que se suele relacionar con el despliegue de la legislación en España de Prevención de Riesgos laborales, de 1995, y también por el “impulso por parte de las Administraciones Públicas de políticas activas en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el compromiso y el esfuerzo de los sindicatos”, subraya un reciente estudio de CCOO, que analiza el aumento de muertes de 2022. 

Si nos fijamos en la evolución de los fallecimientos de trabajadores en las últimas tres décadas, desde inicios de los 90, los accidentes mortales también descendían de manera continuada. Tanto en periodos de crecimiento económico como de recesión. Hasta, de nuevo, 2013.

Con la crisis, los accidentes laborales aumentaron y de manera bastante generalizada, como se puede observar según las distintas ocupaciones, con datos todavía solo hasta 2021. Ya sea entre barrenderos como José Antonio, albañiles, transportistas, reponedores o peones de la industria, entre otras profesiones. Trabajar se ha vuelto más peligroso.

Quiénes mueren en el trabajo y por qué

Poner sobre la mesa las cifras, con las personas que hay detrás, es fundamental para entender y poder combatir la siniestralidad en el trabajo. Las víctimas laborales son sobre todo hombres, relacionado con la mayor peligrosidad de muchas profesiones muy masculinizadas como la construcción y algunas industrias, y de mediana edad. Sin embargo, en comparación con el número de trabajadores en cada grupo de edad, hay una mayor incidencia de accidentes entre los jóvenes. 

Xavi Cayuela tenía 19 años y murió hace casi dos años en su puesto de trabajo, atrapado por una máquina sin las correctas medidas de seguridad. Su familia insiste en la necesidad de extremar los controles de la Inspección sobre las empresas como en la que falleció el joven, CIDAC, multada a posteriori por la Inspección de Trabajo. También en sensibilizar a los jóvenes ante este tipo de abusos empresariales. “A Xavi lo pusieron en una máquina sin tener ningún tipo de experiencia ni formación”, denuncia su tío, Paco Marín. Al no funcionar los sistemas de seguridad, “lo enganchó la máquina y se lo tragó”, lamenta. 

Cabe destacar el aumento de las mujeres de avanzada edad, en contraposición con la tendencia general. Las trabajadoras muchas veces se ven obligadas a alargar sus carreras laborales para intentar alcanzar el mínimo cotizado para una pensión, recuerdan los sindicatos, lo que en ocasiones les aboca a condiciones de precariedad y sobreesfuerzos físicos. 

Los datos sobre quiénes se accidentan y mueren en el trabajo nos permiten también detectar focos de especial desprotección, tanto en sectores de actividad como entre los trabajadores. Por ejemplo, además de los jóvenes, los trabajadores extranjeros también están expuestos a más siniestros.

Los autónomos, que mucha veces se sitúan muy por debajo en las cifras de accidentes, afrontan un problema de infradeclaración, avisan en UATAE. “Son muchos los autónomos que sufren algún accidente, pero que económicamente no se pueden permitir parar su actividad y por ello, no solicitan la baja”, explican en la organización de trabajadores por cuenta propia. “También ocurre y esto lo hemos percibido alguna vez dentro de nuestros propios asociados, que desconocen los derechos que tienen y no asocian que pueden solicitar esta baja, así que a veces se da esta problemática que la falta de información condiciona también que estos datos sean mayores”, añaden.

“Y estas son las cifras de los datos oficiales, solo del mercado laboral legal”, advierte Miguel Cruz, presidente de una de las pocas asociaciones de víctimas de accidentes y enfermedades laborales (AVAELA), con sede en Andalucía. Cruz recuerda que hay muchos casos en la economía sumergida y cuando se producen situaciones de extrema precariedad en los que los accidentes no salen a la luz. Lo vimos hace tres años, por ejemplo, con el caso del jornalero Eleazar Blandón, que falleció de un golpe de calor tras ser abandonado a las puertas de un centro de salud de Lorca (Murcia). 

El Ministerio de Trabajo también informa sobre cómo fallecen las personas trabajadoras y, de nuevo, se detectan posibles focos de actuación. Por ejemplo, ante la gran presencia de muertes por infartos, ictus o lo que se conoce como “causas naturales”, los sindicatos sitúan la necesidad de introducir con urgencia los riesgos psicosociales como el estrés y la ansiedad en la prevención efectiva de las empresas. Según un macroestudio de la OIT y la OMS, las largas jornadas de trabajo se encuentran detrás de un gran número de estas muertes a nivel mundial, que muchas veces no se ubican como laborales. En la patronal por su parte señalan también “al reto demográfico” en el que aumenta la población trabajadora de edades avanzadas.

Sin tener que llegar a la siniestralidad mortal, las víctimas y sindicatos llaman la atención sobre las causas del conjunto de accidentes, que también dejan mella en los trabajadores. A veces con incapacidades y graves secuelas por caídas, golpes y sobreesfuerzos evitables. 

Como le ocurrió a Juan Manuel Rodríguez, que sufrió un accidente laboral en 2001 y desde entonces tiene una incapacidad permanente total por la imposibilidad de volver a trabajar como electricista de alta tensión, su profesión. El hombre explicaba a este medio que “al día siguiente o al segundo día” de que tuviera lugar su siniestro, “la empresa arregló la pletina que estaba en mal estado para evitar que volviera a suceder lo mismo”. “Mi accidente hoy no habría ocurrido”, subrayaba. 

Miguel Cruz llama la atención sobre la distinta conciencia –social y también política– sobre las muertes laborales respecto a otras, como las ocurridas por accidentes de tráfico o por violencia machista. “La siniestralidad laboral es un problema gravísimo y también es estructural, pero vivimos como si no existiera”, denuncia el presidente de AVAELA.

Qué hay detrás de las muertes al alza

A Cruz le duele ver cómo la historia se repite. Su padre era camionero y murió a los 33 años en un accidente de tráfico cuando él tenía dos meses. Corría 1968. “Por desgracia crecí con este tema, pero por circunstancias fui adquiriendo conciencia y me di cuenta de que esto no era mala pata, sino que había circunstancias que hacían que fuera más fácil que pasara lo que pasó”. Su padre tenía “jornadas leoninas, larguísimas hasta la extenuación”, no tenía descansos y debía cumplir con unos horarios imposibles. 

“Las condiciones entonces eran peores que ahora, pero se siguen dando este tipo de cuestiones. Hay trabajadores del transporte hoy que viven las mismas circunstancias que mi padre”, dice el presidente de AVAELA.

El aumento de las muertes laborales en España tiene causas, denuncian las víctimas y sindicatos. Como entendió Cruz sobre la pérdida de su padre, muchos accidentes no ocurren “porque sí”, de manera inevitable y sin solución. Gran parte tienen lugar por un incumplimiento de las normas de prevención, por condiciones precarias en las que se obvia la salud y seguridad del personal. Cuando un obrero se desploma al vacío en la construcción, algo que por desgracia se repite todavía en la actualidad, hay algo que no ha funcionado. Porque con las medidas de seguridad obligatorias hoy en día, esa muerte no debería haberse producido. 

Los sindicatos tienen en la diana la reforma laboral de 2012 como una de las razones del deterioro de la salud laboral y la protección de los trabajadores en su puesto de trabajo. También del aumento de accidentes y muertes en consecuencia. El auge de la precariedad laboral y la menor fuerza de la representación de las plantillas debido a la norma son claves para entender el empeoramiento, indican en CCOO y UGT. 

También señalan a un cambio casi cultural, que comenzó en la pasada crisis y que aún no se ha solventado: la seguridad y salud pasaron a un segundo o tercer plano. Con la crisis financiera faltó el empleo, se disparó el paro, y entonces lo primordial fue poder trabajar. Cuando se fueron recuperando puestos de trabajo, muy lentamente, aún se competía con una larga lista de personas desempleadas, muchas dispuestas a trabajar “de lo que sea” para llevar ingresos a casa. Hoy el paro sigue siendo muy elevado, de casi tres millones de personas. 

El mercado laboral tras la Gran Recesión quedó así atravesado por muchas caras de precariedad, como una gran devaluación de los salarios y la pérdida de derechos laborales conseguidos antes de la quiebra de Lehman Brothers. Y las prioridades pasaron a ser otras. Tanto en las empresas, que buscaron partidas de las que ahorrar costes y “la prevención fue una de ellas”, denuncia Ana García de la Torre, como de los propios representantes de los trabajadores en muchos casos, que tenían muchos frentes y batallas que librar. 

En la práctica todo esto se traduce en el incumplimiento de las medidas de prevención. “En muchos accidentes que investigamos no se cumple la normativa”, sostiene María José Díaz, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). Así lo muestran los informes anuales del organismo, con un incremento paulatino de las infracciones de las empresas en los últimos años. La ratio de incumplimientos alcanza a casi la mitad de los accidentes investigados, el 43% en 2021. 

Desde lo público, las Administraciones también han debilitado su apuesta por la prevención en los últimos años, frente al impulso previo que hubo para el despliegue de la legislación del 95. “En la época de la reforma laboral también se aprobaron otro montón de normativas de acompañamiento que siguen vigentes”, recuerda Mariano Sanz, y algunas relajaron los criterios de prevención en las pequeñas empresas, donde más se concentran los accidentes. Además, se impulsó “la liberalización de los servicios de prevención ajenos”, cada vez más externalizados y en muchos casos “con una falta de calidad palmaria” en sus evaluaciones. 

La inversión pública en ayudas para la prevención también menguó, denuncian los sindicatos. Un ejemplo: las destinadas a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dependiente del Ministerio de Trabajo, y que el Tribunal de Cuentas puso bajo el foco en 2017 por deficiencias en la asignación de subvenciones. Los agentes sociales insisten no obstante en su “abandono” desde entonces, con una última convocatoria en 2018.

En el Ministerio de Trabajo destacan que precisamente se modificó la ley de riesgos laborales el pasado septiembre para “poner de nuevo en pleno funcionamiento la Fundación Prevención de Riesgos Laborales, que nos encontramos bloqueada al llegar y que cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros”. 

El departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz subraya también la recién firmada Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo para los años 2023 a 2027, con consenso entre los agentes sociales y las Comunidades Autónomas, y la próxima apertura de la mesa de negociación que pedían los sindicatos desde hace años para modificar la normativa y hacer diseñar un plan de choque contra el auge de la siniestralidad. Según explicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aún no hay fecha para la apertura, aunque será “pronto”. Probablemente, una vez se cierre el Estatuto del Becario, indicó. 

Enfermedades profesionales y otros deberes pendientes

Aun celebrando los pasos, las familias de los trabajadores fallecidos y los responsables de salud laboral sindicales piden más al Gobierno. Exigen que sitúe las muertes en el trabajo en primera línea y despliegue medidas con urgencia. “Hablamos de perder la salud e incluso la vida, que no sé si hay algo más importante”, destaca Miguel Cruz. 

No solo hay una meta de reducción de los accidentes y las muertes en el trabajo, sino que los afectados  y sindicatos exigen que emerja la gran cantidad de víctimas no contabilizadas, especialmente por enfermedades profesionales hoy apenas diagnosticadas como tal.

Josefa Sánchez sabe lo que es pelear durante años para que una enfermedad sea apellidada como “laboral”. Tuvo que llegar hasta al Tribunal Supremo, donde logró que la justicia reconociera que su marido, Jordi Castillo, había fallecido por una enfermedad derivada del trabajo. Pese a todo, ocho años después, aún sigue en la batalla judicial con la empresa, que se resiste a abonarle el recargo en su pensión de viudedad, aunque ya ha logrado un acuerdo sobre la indemnización por daños.

“Las empresas se benefician de que muchas personas no tienen el dinero o las fuerzas para esto. Es muy duro, nunca cierras el capítulo, dicen cosas de tus seres queridos muy duras, intentan culparlos...”, explica la mujer, que ha sido defendida por la cooperativa de abogados Colectivo Ronda. “Mi marido me dejó un dinero antes de morir y le prometí que iba a luchar y lo he hecho”, repite la mujer.

Buscaba justicia, “aunque no del todo porque a Jordi no me lo iba a devolver nadie”, matiza Josefa, pero sí sobre lo vivido por su familia. Por la hija que ambos tienen y que él no está pudiendo disfrutar, ni ella de él, lamenta la viuda. Pero también para el resto de trabajadores. “Ahora la empresa tiene que andar con más cuidado, porque el precedente de mi marido está ahí y murió por el trabajo”.

Evitar los accidentes y las muertes, es la prioridad según todas las voces consultadas, pero la justicia también tiene muchos deberes pendientes en la compensación cuando el daño está hecho, dice Félix Pantoja, que acaba de jubilarse como fiscal coordinador de Siniestralidad Laboral. “La media entre el accidente y la sentencia son cinco años, es una barbaridad”, destaca. Pantoja reclama más medios para la Inspección de Trabajo, de la que depende la Fiscalía al iniciar sus pesquisas, así como peritos asignados para los fiscales que puedan asesorarles en las investigaciones, para lo que confía que salga adelante un convenio con el CSIC en el que estaba trabajando antes de su retiro.

Miguel Ángel González confía en que hablar y poner rostro a esta lacra, invisible en la mayoría de casos, saque de la oscuridad el dolor que deja en las familias y, sobre todo, que evite que se produzcan estas muertes. “Cuando piensas que se podía haber evitado, y es evidente que se podía haber evitado, te genera una frustración mucho mayor”, reconoce. “Lo único que nos queda a nosotros es intentar que las cosas cambien, es una forma de hacer justicia, que nadie más tenga que sufrir lo que estamos sufriendo, porque la verdad que es bastante duro”. Su padre tenía 60 años cuando les dejó. “Yo, 21 años y mi hermana, 19. Nos quedaba mucho tiempo para disfrutar con él”.

elDiario.es lanza este especial sobre muertes laborales con la intención de reforzar su cobertura. Si quieres contarnos algún caso, puedes escribirnos a economia@eldiario.es

–––––

El valor del periodismo

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.