La pandemia primero y la guerra en Ucrania ahora han acelerado el proceso de cohesión de la Unión Europea (UE) como bloque político y económico, y unas nuevas reglas sobre los límites de los endeudamientos de los estados y de los déficits presupuestarios pasan a ser una cuestión clave, tras la suspensión temporal de las vigentes al quedar inservibles para afrontar el shock de la COVID-19 y de la guerra y favorecer la recuperación. Una encuesta a 5.000 ciudadanos de Alemania, Francia, Italia, Irlanda y Dinamarca intenta presionar a los ministros de Economía del club comunitario, que se reúnen este martes en el Ecofin, al mostrar que el 60% de estos europeos teme la austeridad y cree necesaria una mayor flexibilidad fiscal para abordar la reconstrucción durante los próximos años.
El sondeo, encargado por la New Economics Foundation (NEF), un centro de análisis que se presenta con el objetivo de investigar y proponer un “nuevo modelo de creación de riqueza, basado en la igualdad, la diversidad y la estabilidad económica”, sirve de apoyo al manifiesto “por una economía europea verde, justa y democrática”, que firman decenas de organizaciones civiles, comités de expertos y sindicatos apoyados por académicos de toda la UE. En España, aparecen CCOO, USO o Attac, entre otros.
Este manifiesto defiende que “el objetivo de la política económica en Europa no debe ceñirse únicamente a reducir la deuda”. Y considera que “el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, y los cambios legislativos posteriores a la crisis financiera, originaron unas estrictas restricciones fiscales limitando la deuda pública y los déficits de los estados miembros”.
Aunque la coordinación en cuanto a las políticas fiscales es necesaria en una unión monetaria, “estas normas, teniendo en cuenta los nuevos retos a los que se enfrenta Europa, dejan de ser adecuadas para su propósito: en primer lugar imponen unos límites continuos al gasto público, reduciendo el empleo y la inversión; en segundo, no garantizan que nos podamos adaptar y aliviar el cambio climático a través de una transición justa”, incide el manifiesto.
La Comisión Europea se planteó prorrogar un año más la cláusula que suspende las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad desde prácticamente el mismo momento en el que Rusia inició la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, por el inevitable impacto que tiene la guerra en el crecimiento de la eurozona y en especial sobre los estados más endeudados, como España.
La ONG Finance Watch, que ha realizado la encuesta para la NEF, publicó en ese mismo momento un informe con propuestas concretas sobre las reglas fiscales de la UE, entre las que destacan: “Mover el límite de deuda arbitrario del 60 a 100% de la deuda respecto PIB [el de España cerró 2021 cerca del 120% y la última previsión de la Airef apunta a que se reducirá al 113% en 2023] o pasar de reglas de déficit [ahora el límite se encuentra en el 3%] a una regla única de gasto”.
La propia presidenta de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef), Cristina Herrero, consideró un día antes de que comenzara la guerra en Ucrania “impensable” la recuperación “ahora mismo” de la regla europea de mantener la deuda pública por debajo del 60% del PIB.
Herrero señaló que “todo apunta” a que las reglas fiscales europeas, suspendidas por la pandemia, se recuperarán en 2023, aunque ve “difícil” que se restablezcan los mismos umbrales. “Lo importante es el ritmo de ajuste” del déficit y la deuda, añadió, al tiempo que abogó porque la reforma de las reglas ponga el foco en la sostenibilidad y el crecimiento económico.
En la encuesta queda claro un enfrentamiento respecto a este tema entre los socios del Norte y los periféricos, los más endeudados. Entre estos últimos, están algunos de los estados más golpeados por la Gran Crisis Financiera de 2008, los que más sufrieron los años de austeridad durante y después de la crisis de deuda.
En Alemania, menos de un 50% de los preguntados sobre si las reglas de endeudamiento deben seguir siendo flexibles está de acuerdo, mientras que en Italia o Irlanda la cifra se acerca al 65%. Mientras, en Francia supera ligeramente el 61%.
En la habitual reunión, antes del Ecofin, del Eurogrupo que reúne a los ministros de Economía que comparten el euro, el presidente de este órgano, Paschal Donohoe, aseguró que en todos los países son conscientes de las consecuencias de la guerra en las empresas, los consumidores y los “estándares de vida” europeos, así como del papel que pueden jugar para “mitigar” este impacto y ayudar a los ciudadanos a afrontar los costes del mismo.
El comunicado conjunto del Eurogrupo instó este lunes a los países más endeudados de la moneda común, entre los que se encuentra España, a realizar “ajustes” para reducirla “si las condiciones lo permiten”, a pesar de reconocer que la guerra en Ucrania ha aumentado la incertidumbre sobre la recuperación económica.
El ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, abogó por acordar una repuesta económica “específica”, “rápida” y “unida” al impacto del conflicto en Ucrania basada en tres pilares: políticas presupuestarias capaces de reaccionar ante las circunstancias, ayudas de emergencia por el aumento del precio de la energía y medidas específicas para las empresas más golpeadas por el conflicto.
Por el contrario, a juicio del ministro alemán Christian Lindner, “no es el momento” de tener este debate todavía porque es necesario esperar a ver las consecuencias de la agresión militar sobre Ucrania. “Veamos los acontecimientos económicos, esperemos que no vayan a peor pero todavía no es el momento de decidir”, afirmó en nombre de un país que tradicionalmente defiende una aplicación estricta de las reglas fiscales. Su homóloga y vicepresidenta primera de España, Nadia Calviño, enfatizó que “siempre estará entre aquellos que apoyen una respuesta coordinada” y “europea” a “un reto que evidentemente trasciende de las fronteras nacionales y por tanto requiere una actuación conjunta”.
“La gobernanza económica europea se creó para un entorno macroeconómico completamente diferente. En la década de 1990, los costes de la deuda eran una parte importante de los presupuestos de los estados miembros, representando entre el 3,5 y el 11% del PIB”, advierte Finance Watch en su informe, en el que insisten en que “treinta años después de la entrada en vigor de las reglas de Maastricht, los mismos países europeos han experimentado un período prolongado de riesgos de deflación (eclipsado recientemente por picos temporales de inflación inducidos por la oferta) y una caída continua de los tipos de interés a largo plazo hasta un nivel históricamente bajo”.
Efectivamente, España sigue disfrutando de unas condiciones de financiación inmejorables gracias a la extraordinaria actuación del Banco Central Europeo (BCE) y al fondo de recuperación Next Generation EU. Por primera vez, los acreedores acabaron pagando de media por la deuda emitida en 2021. Y en 2022, hasta febrero, el coste de los bonos colocados se queda en el 0,43%, por debajo del coste medio de toda la deuda en circulación, que está en el mínimo histórico del 1,55% y que por lo tanto se seguirá reduciendo.
La carga de intereses –la factura que se paga cada año por la deuda– está cerca de un pago anual del 2% respecto al PIB, frente al 3,5% de la crisis del euro. “Estos niveles permiten un mayor margen de maniobra para el gasto público”, insisten en Finance Watch. Por ejemplo, para poder abordar iniciativas como el margen de rebaja de impuestos en la luz y los carburantes para hacer frente a la subida de precios que estudia el Gobierno.
En la reunión del Ecofin se abordará otra cuestión crítica para avanzar hacia una nueva fiscalidad. “Se espera un debate político sobre la propuesta de transponer a la legislación de la UE el acuerdo global alcanzado a nivel de la OCDE sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de impuestos para los grupos multinacionales”, observa Guillem Domingo, abogado y profesor de EAE.
“Dicho acuerdo mundial fue alcanzado en el ámbito de la OCDE de conformidad con el cual el nivel impositivo mínimo aplicable a las grandes empresas multinacionales no podrá ser inferior al 15% en ningún lugar del mundo”, añade este experto.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, cuyo país preside este semestre los consejos de ministros de la UE, admitió que “quedan uno o dos obstáculos políticos que solventar” pero confió en que pueda lograrse un consenso sobre la propuesta que prevé aplicar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros al año.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.