El 80% de las plazas públicas que la Administración prometió estabilizar antes de 2020 siguen ocupadas por temporales

Rotundo fracaso de la Administración en su promesa de reducción de la temporalidad de los empleados públicos. Es una de las conclusiones que se extraen de los datos que ha presentado el Ministerio de Función Pública a los sindicatos sobre el balance hasta el momento del acuerdo para la mejora del empleo público firmado en 2018. El entonces ministro del PP Cristóbal Montoro se comprometía a reducir la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas hasta el 8% en 2020. Para tal fin, se prometían ofertas de empleo para la estabilización de plazas temporales, pero más del 80% continúan ocupadas por personal temporal, según los datos oficiales hasta octubre, explican CCOO y CSIF.

La excesiva temporalidad de los empleados públicos no es un secreto. La encuesta de la EPA ya anticipaba el sonoro incumplimiento del acuerdo en su propósito de alcanzar este año una temporalidad del 8%, ya que el porcentaje de trabajadores con contratos temporales, en lugar de reducirse, ha aumentado en este periodo. Si en 2018 rondaba el 26%, ahora está en el 28%.

Función Pública presentó esta semana otros datos que permiten valorar la magnitud del incumplimiento de las administraciones públicas en relación a las prometidas ofertas de empleo público para estabilizar al personal. El Ministerio explicó que el número total de plazas publicadas para la estabilización desde 2018, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas (faltan las de los ayuntamientos), asciende a 197.740. De ellas, se han convocado los procesos selectivos del 64% (126.183 plazas) y se han ejecutado realmente el 18% (35.480), detallan los sindicatos a elDiario.es. 

“Es muy impactante. Al final, a nivel efectivo, esas plazas que se iban a estabilizar siguen, por encima del 80%, ocupadas por un trabajador temporal”, destaca Héctor Adsuar López, representante del Área Pública de CCOO presente en la Comisión de Seguimiento en la que se facilitaron los datos de manera verbal.

Fuentes de Función Pública precisan que “en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público, la reducción de la temporalidad al 8% se deberá producir, en cada ámbito y cuando finalicen todos los procesos”. Dado que aún hay muchos procesos abiertos (y pendientes), y que se ha prorrogado un año la posibilidad de convocatorias de ofertas debido a la COVID-19, en el Ministerio consideran “prematuro”, por tanto, aplicar esa meta del 8%.

La sanidad, con solo un 5% de plazas estabilizadas

El enorme retraso en la estabilización de las plazas, por otro lado, no es homogéneo y encuentra importantes diferencias por sectores. “Ciertamente, el más aventajado es el sector docente”, apuntan desde Función Pública, donde se han convocado casi el 80% de las plazas ofertadas y se han ejecutado el “51,89%”, indican los sindicatos.

Sin embargo, fuentes del diálogo social detallan que la ejecución efectiva de las plazas de otros sectores es muy inferior. En Sanidad, Función Pública explicó que se han convocado el “69,29%” de las plazas públicas ofertadas, de las que se ha ejecutado solo el “4,87%”. En el caso de las Administraciones de Justicia, el Ministerio solo proporcionó el dato de plazas convocadas “70,5%”, pero no el de cuántas habían sido ejecutadas.

Aún peor es la situación del resto de Administraciones de las que no forman parte estos sectores, para los que solo se ha convocado el “27,68%” de las plazas ofertadas y las ejecutadas son el “1,64%”. 

El Ministerio precisa que al valorar estos datos “debe tenerse en cuenta la concurrencia de circunstancias excepcionales como el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que han provocado un retraso generalizado en la gestión de estos procesos selectivos”. Esta circunstancia, indican estas fuentes oficiales, “es especialmente significativa en el caso del sector docente”, que suele ser el más rápido a la hora de publicar una oferta pública, convocar la oposición y adjudicar la plaza, pero que este año la cancelación de oposiciones para frenar los contagios no lo ha hecho posible.

“Es verdad que ahora tenemos una situación extraordinaria debido a la COVID-19, pero este problema viene de atrás. Ha habido una gran falta de compromiso de las Administraciones Públicas”, critica Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF.

Los sindicatos reclaman sanciones por incumplir

Las organizaciones más representativas de empleados públicos (CCOO, CSIF y UGT) han reclamado al Ministerio de Función Pública que se convoquen todas las plazas comprometidas y se ejecuten lo antes posible y, sobre todo, que “se establezcan sanciones para las administraciones que no cumplan con la convocatoria de las plazas acordadas”, sostienen en CSIF. Los sindicatos consideran que no puede salir “gratis” que las Administraciones incumplan los acuerdos suscritos.

Por otro lado, los representantes de los trabajadores han reclamado al Ministerio que dirige Carolina Darias la negociación de un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público. “La firma de un nuevo Acuerdo fue demandada y corresponde ahora a la Administración valorar oportunidad y contenido”, responden al respecto en Función Pública.

Los sindicados destacan que es necesario seguir avanzando en la estabilización del personal, pero además recuerdan que hay muchas otras cuestiones pendientes, como completar la recuperación del poder adquisitivo perdido en los recortes de la pasada crisis económica, así como la modernización de la Administración Pública y la revisión de las clasificaciones profesionales en el sector público, entre otras.

Darias promete legislar contra la temporalidad

El problema de la excesiva temporalidad en el sector público, aunque se mantiene, viene de muy lejos y, durante muchos años, no se ha acordado ninguna medida para contenerla. A la vista de los datos, el plan del Gobierno de Rajoy (ejecutado también durante el mandato de los dos gobiernos de Pedro Sánchez), ha quedado en papel mojado. Al menos, en los tiempos para cumplirlo.

En este contexto, hay enormes bolsas de trabajadores temporales que llevan años y años en sus puestos y que exigen una reparación ante el abuso de la Administración. Algunos de ellos, organizados en varios movimientos, reclaman la fijeza de sus plazas sin superar un nuevo proceso selectivo. Esta posibilidad ha ganado por ahora en pocos juzgados, y de instancias inferiores, mientras que el Supremo se ha decantado por mantener a los empleados temporales en fraude en sus puestos hasta que se adjudica o amortiza legalmente la plaza y ha llegado a reconocer importantes indemnizaciones.

La ministra de Función Pública del Gobierno de coalición, Carolina Darias, ha prometido revisar la legislación de los empleados públicos (el EBEP) para poner freno a la temporalidad y ha adelantado que se endurecerán las sanciones al respecto. “Es el momento de abordar una revisión de la normativa básica estatal para reformular o endurecer las consecuencias del incumplimiento de las previsiones normativas en materia de control de la temporalidad”, expuso en un nota el Ministerio. Hace poco, hubo un acuerdo en el Congreso para combatir el exceso de temporalidad en el sector público, a raíz de una proposición de ley presentada por PNV.

El secretario de Estado de Función Pública, Francisco Hernández Spínola, afirmó en las Cortes que el Ministerio ya está en conversaciones muy avanzadas con las Comunidades Autónomas sobre esta revisión de la ley y que aún está pendiente abordar la nueva regulación en el seno del diálogo social. Los sindicatos exigen a Función Pública que la negociación con los representantes legales de los empleados públicos sea real y advierten de que no les valdrá con que les presenten un texto ya cerrado con las autonomías sobre el que apenas puedan intervenir. “Que ya ha pasado con otras cuestiones”, recuerdan fuentes sindicales.