El juicio del caso Bankia abre la caja negra de la crisis financiera

20 de julio de 2011. Un exultante Rodrigo Rato golpea con fuerza la campana de la Bolsa y posteriormente levanta el pulgar sin perder la sonrisa. Bankia ya es una entidad cotizada y sus acciones se negocian en el mercado. El presidente de la entidad y exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar se muestra confiado ante los medios que han acudido a la cita con mensajes sobre la “fortaleza” de la entidad y su “papel dinamizador de la economía”.

26 de noviembre de 2018. Rato y otros 34 acusados se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. Se les acusa de ser los presuntos responsables de una fallida salida a Bolsa que acabó suponiendo un desembolso de más de 22.000 millones de euros por parte del Estado para su saneamiento. Fue la mayor cuantía del rescate financiero de 64.900 millones realizado por España en plena crisis tras el estallido de la burbuja. A día de hoy, de Bankia solo se han recuperado 2.800 millones.

La lista de acusados la componen además de Rato, los consejos de administración de Bankia y BFA, así como las propias entidades, y el auditor, Deloitte. Se repiten más de una docena de nombres que ya fueron condenados en el caso de las tarjetas black. Así, pasarán de nuevo por la Audiencia Nacional Ildefonso Sánchez Barcoj, José Antonio Moral Santín, Javier López Madrid, Arturo Fernández o Estanislao Rodríguez Ponga, además del propio exministro de Economía.

Aunque el caso hace referencia a la información aportada para la salida a Bolsa, el juicio está llamado a hacer un análisis de lo que fueron los años más difíciles para el sistema financiero español y la gestión que de ello se hizo. Así se aprecia en los escritos de acusación que inician el relato de los hechos con el nacimiento de BFA.

BFA fue la sociedad que se creó en 2010 para unir siete cajas españolas (Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Segovia, Caja Ávila, Caixa Laietana y Caja Rioja) con el objetivo de que al sumar entidades su situación fuese más fuerte que por separado. Fueron los conocidos como los SIP, una medida aprobada por el Gobierno para que se uniesen las cajas de ahorros como condición para poder recibir capital público.

Tras ello se produjo una segregación. BFA se quedó con los activos tóxicos, el suelo adjudicado y los créditos promotores dudosos, además de participaciones en empresas como Mapfre. Por otro lado, se creó Bankia, que englobaba el negocio bancario de estas siete cajas de ahorros, y que se preparaba para salir a Bolsa con un  negocio más saneado.

Todo este proceso se realizó con el aval del Ministerio de Economía, de la CNMV y del Banco de España, que han quedado fuera de la lista de acusados pese a que algunas acusaciones pedían su imputación. Pero la unión no limitó el daño que había en los balances de estas cajas, que arrastraban una ingente exposición inmobiliaria de los años previos al estallido de la burbuja.

Enjuagues contables

Según consideran la Fiscalía o la acusación popular, liderada fundamentalmente por el abogado Andrés Herzog, en representación de UPyD primero y posteriormente de la Confederación Intersindical de Crédito, en el proceso de preparar la entidad para su salida a Bolsa se produjeron enjuagues contables para transmitir una imagen que no correspondía con la realidad de su balance. La acusación popular también está compuesta por Adicae o la CGT, entre otros.

La Fiscalía defiende que en este proceso “confluyeron intereses públicos de las autoridades económicas de evitar un nuevo esfuerzo económico a los ciudadanos con los privados de los administradores de Bankia de conservar sus puestos en el consejo”.

En 2011, la compañía preparaba la salida a Bolsa con una fuerte campaña en busca de inversores tanto institucionales como minoristas con aquella famosa publicidad de “Hazte bankero”, en la que se vendían las bondades de la entidad. A ello se unió también el trabajo en oficinas a clientes que desconocían la situación real de la compañía. La Fiscalía apunta que se hizo con una información declarada “incompleta” y “deficiente”.  

Bankia fue la mayor fusión de cajas de ahorros y la única que llegó en aquel momento a Bolsa. Sin embargo, lo hizo con un fuerte descuento y con un importante esfuerzo para que la demanda cubriera la oferta. “Los acontecimientos posteriores a la salida a Bolsa no fueron sino la confirmación de la inviabilidad de Bankia”, subraya la Fiscalía.

La situación se volvió insostenible y finalmente en 2012 acabó dimitiendo la cúpula del banco y pidiendo el rescate. La nueva dirección, con José Ignacio Goirigolzarri a la cabeza, planteó una reformulación de las cuentas del ejercicio 2011. Se pasó de 304 millones de beneficio a casi 3.000 millones de pérdidas.

Cuatro principales encausados

La Fisalía y la Abogacía del Estado, que actúa en representación del FROB, tienen una reducida lista de acusados. La encabeza Rodrigo Rato, como presidente de Bankia, para quien piden cinco años de prisión. A José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, le piden cuatro años, a José Manuel Fernández Norniella, tres años, y a Francisco Verdú, conocido por ser el único consejero que rechazó la tarjeta black, dos años y siete meses. Los cuatro están acusados de falsear la información financiera en un folleto de emisión de acciones.

Sin embargo, las acusaciones particulares y populares hacen extensiva su lista de acusados al resto del consejo de BFA y de Bankia, así como a Deloitte, su auditor Francisco Celma, y algunos directivos como Sergio Durá, el interventor general de Bankia tras la salida a Bolsa y el único que se mantiene dentro de la dirección de la entidad. En este punto las acusaciones son por delito de falseamiento de cuentas continuado, de estafa de inversores y de administración desleal. Las peticiones de condena alcanzan los 12 años de cárcel.

A estos acusados se suma una larga lista de testigos ilustres que serán cuestionados por el caso Bankia. Por la Audiencia Nacional pasarán exgobernadores del Banco de España, como Miguel Ángel Fernández Ordoñez o Luis María Linde; un exministro de Economía, Luis de Guindos; expresidentes de la CNMV, como Elvira Rodríguez y Julio Segura; la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, o directivos de otros bancos como Francisco González.

De este modo, aunque el caso se centra en la calidad de la información que aportó la entidad para su proceso de salida a Bolsa, es predecible que se convierta en un juicio a la gestión de las cajas de ahorros, su fusión y su inyección de dinero público. La entidad de los testigos, de los acusados, y los argumentos de las acusaciones populares que pretenden hacer una enmienda a la totalidad de este periodo. Aunque queden fuera de los acusados, el Banco de España y la CNMV verán cuestionada su papel en todo este proceso.

Aunque ya se han producido algunos juicios sobre la gestión de las cajas de ahorros como en el caso de la CAM o Catalunya Caixa, el tamaño de Bankia y la imagen que arrastra la dirección de aquella etapa con casos como las tarjetas black, dotan a este juicio de una especial relevancia para valorar qué ocurrió en España tras la debacle del sistema financiero.