De expolíticos del PP a beneficiarios de la amnistía fiscal: los ricos que han cerrado sus sicavs antes del nuevo Gobierno

Dos familias multimillonarias que se beneficiaron de la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP en 2012, dos ex políticos de esta formación, miembros de la nobleza o un millonario del régimen chavista investigado por blanqueo. Son algunas de las fortunas que cerraron sus sociedades de inversión de capital variable (sicavs) en 2019, en vísperas del anunciado cambio legal que espera a estos instrumentos de inversión con el nuevo Gobierno para reforzar los controles y luchar contra el fraude fiscal.

Entre las más de 130 sicavs que han echado el cierre en el último año hay muchas vinculadas a empresarios anónimos, pero también otras asociadas a algunas de las mayores fortunas españolas, a la nobleza o a la política.

Beneficiarios de la amnistía fiscal

Entre las bajas más relevantes de los últimos meses destacan varias sicavs ligadas a los hermanos Jorge y Antonio Gallardo, propietarios de los laboratorios Almirall, dueños del mayor grupo español de sanidad privada (Vithas) y que, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana, aprovecharon la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro para legalizar más de 113 millones que ocultaban en varios paraísos fiscales.

En julio, dejaron de acogerse a ese régimen tres sicavs de los Gallardo: Elitia Invest, una de las mayores de España (con un patrimonio de 411 millones), Locker Invest (73,9 millones) y Red Rock Invest (unos 14,5 millones). Por esas fechas hizo otro tanto una cuarta sicav administrada por directivos de la máxima confianza de la familia, Napa Invest (89,6 millones).

A finales de año, también han salido de circulación varias sicavs administradas por la familia Escarrer, propietarios de la hotelera Meliá y que también se acogieron a la amnistía fiscal, como reconocieron tras aflorar sus nombres como beneficiarios de varias sociedades offshore en la investigación de Los Papeles de Panamá.

La más relevante es Capocorb de Inversiones Sicav, presidida por el patriarca, fundador y presidente del grupo turístico, el octogenario Gabriel Escarrer Julià, y que tenía como consejeros a, entre otros, su hijo Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá y presidente del lobby turístico Exceltur.

Capocorb, que a septiembre de 2019 tenía un patrimonio de 15,1 millones, comunicó el 29 de octubre su liquidación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dos semanas después, el 15 de noviembre, hizo lo propio Illenca Living de Inversiones, que atesoraba un patrimonio de 4,8 millones y en cuyo consejo de administración se sentaban Gabriel Escarrer Jaume y esposa, María Belén Puerto Costa, que ejercía como presidenta.

Poco antes, el 2 de septiembre, comunicó su disolución Antarala Sicav, administrada por Ana Escarrer Jaume (otra hija del patriarca de Meliá) y presidida por su esposo, Álvaro Sans, arquitecto y diseñador de varios de los resorts de la cadena.

Ex consejeros de Ignacio González

En noviembre, se inscribió en el Registro Mercantil la extinción de la sicav que controlaba junto a su familia Borja Sarasola, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Ignacio González, hijo de un expresidente de la constructora Sacyr e imputado en el caso Púnica por la presunta financiación irregular del PP; y ese mismo mes comunicó su liquidación a la CNMV la sicav Bussola 99, administrada por los hermanos de otro ex consejero de Ignacio González y de Esperanza Aguirre, Pablo Cavero.

Este financiero, hijo del exministro Íñigo Cavero, y que fue consejero de esa sicav, era el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid cuando se firmó la polémica venta a Goldman Sachs de 3.000 pisos sociales que anuló en diciembre el Tribunal Supremo. La sicav Bussola, que estuvo gestionada por ese banco de inversión (la justicia llegó a investigar ese vínculo con la operación de venta a Goldman), atesoraba en el tercer trimestre de 2019 un patrimonio superior a los 6,1 millones.

Un rico del régimen chavista

Una de las últimas bajas inscritas en el Registro Mercantil es la de la sicav Ibermilenium, presidida por Andreína Gámez Rodríguez que, como contó El País en 2018, es la esposa de Luis Carlos de León, ex director de Finanzas de la empresa pública Electricidad de Caracas e investigado en España y Estados Unidos por blanquear dinero procedente del petróleo venezolano. Esta sicav acordó su liquidación el 6 de septiembre. A cierre del tercer trimestre, tenía un patrimonio de 4,849 millones de euros. Estaba gestionada por Santander.

Entre las bajas de 2019 hay también otras sicavs vinculadas a la nobleza y otras grandes fortunas: en octubre se extinguió Uleila Santa María Inversiones, que tenía un patrimonio de 2,921 millones a 30 de junio y estaba presidida por Carlos Martínez Campos Carulla, conde de San Antonio, duque de la Torre, Grande de España, actual presidente de Andbank España e histórico de Barclays en España; y el 13 de septiembre se dio de baja Lizárraga de Inversiones, que presidía Javier de Solís Martínez Campos, conde de Casa Alegre.

Otros nombres destacados son Gardama de Inversiones, que presidía un hijo de Alfonso Fierro Viña, uno de los principales banqueros de la dictadura franquista; o Alkeh 2000, que con 11,6 millones de patrimonio, estaba presidida por Paloma Figueras Dotti Daurella, prima de Sol Daurella (presidenta de Coca-Cola European Partners) y accionista de Disa, la petrolera de la familia Carceller.

En mínimos desde 2001

2019 se cerró con la clausura de 133 sicavs, lo que dejó el número total, poco más de 2.600, en mínimos desde 2001, según contaba la semana pasada Cinco Días. Estos instrumentos llevan años en el foco de varias formaciones políticas. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos promete, dentro del paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal, “un mayor control” sobre ellas, otorgando “a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera”.

“Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)”, dice el acuerdo entre los socialistas y la formación de Pablo Iglesias.

Entre los requisitos que se establecen para crear una sicav están el tener un número de accionistas igual o superior a 100 y un capital mínimo de 2,4 millones de euros, entre otros, por lo que ese mayor control iría dirigido a aquellas sicavs en las que la mayoría de las acciones está en manos de un socio y el resto son los conocidos como ‘mariachis’, sin apenas participación.