La Agencia Tributaria rechaza pagar a los denunciantes de fraudes fiscales como piden los inspectores de Hacienda

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, no es partidario de abonar compensaciones económicas a los denunciantes de delitos fiscales, como lleva proponiendo desde hace años la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

“En principio yo estoy cómodo con el sistema que está en vigor”, señaló Gascón este jueves en un acto en Madrid, preguntado por la posibilidad de ofrecer ese tipo de incentivos a los denunciantes de este tipo de prácticas.

Durante su participación en el III Congreso Nacional Antifraude organizado por la World Compliance Association, Gascón, que dijo que este es “un tema muy controvertido” que entra en “terreno pantanoso”, apuntó que los canales de denuncias internas de todo tipo de comportamientos irregulares en las empresas “se van a empezar a generalizar” y defendió que el actual sistema de denuncias tributarias “está funcionando muy adecuadamente”.

En 2018 (último dato disponible), el número de expedientes de inspección de la AEAT iniciado como consecuencia de la presentación de denuncias públicas aumentó un 0,7%, hasta los 14.959, y derivó en una recaudación de 140 millones de euros. Este canal (una denuncia anónima presentada en 2014) fue el desencadenante del procedimiento que acabaría llevando al banquillo de los acusados al banquero Jaime Botín (máximo accionista de Bankinter) por defraudar a Hacienda en la compra de un avión privado a través de una red de empresas pantalla, por citar uno de los casos más conocidos en los últimos años.

El asunto de compensar a los denunciantes, que entronca con la directiva europea de protección a los denunciantes que entrará en vigor en 2021, salió a colación tras exponer el director de la AEAT su postura a favor del modelo anglosajón de cooperación tributaria, por el que lleva apostando 20 años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que se plasma en figuras como el código de buenas prácticas tributarias con las grandes empresas, que ahora se va a extender a las pymes y autónomos y a los asesores fiscales.

Uno de los grandes exponentes de ese modelo anglosajón es Estados Unidos, que desde hace años tiene un sistema de incentivos económicos para los denominados 'whistleblowers' tributarios, un modelo que también han aplicado países como Reino Unido y Alemania.

El director de la AEAT, que se mostró partidario de “cambiar los términos que utilizamos porque en español lo de 'delator' suena horroroso”, al igual que otras palabras como “chivato” o “soplón”, recordó que la posibilidad de premiar este tipo de comportamientos ya se implantó en el pasado en España, cuando “llegó a haber un porcentaje de las sanciones que se impusieran al defraudador” para el denunciante.

En virtud de la Ley General Tributaria que la dictadura franquista aprobó en 1963, se reconocía un “derecho a la participación” por destapar fraudes a Hacienda, aunque este sistema se acabó abandonando en los años 80.

Una vieja propuesta

Esa es precisamente una de las propuestas que, en el capítulo de medidas de “colaboración ciudadana”, figuraba en un documento entregado el pasado otoño por la asociación de inspectores a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dotar por fin a la AEAT de un estatuto propio. El documento abogaba por “potenciar la figura de la denuncia tributaria para que el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga al denunciado, y se recaude efectivamente, como consecuencia de su colaboración”.

Los inspectores llevan años trasladando esa propuesta a Hacienda, que es el departamento que, en su caso, debería implementarla, hasta ahora sin éxito. Sus defensores creen que esta medida permitiría paliar la escasez de efectivos de la AEAT en relación con otros países europeos. La plantilla de la Agencia Tributaria debería crecer más de un 20% para igualar a otros Estados de nuestro entorno. A pesar de este desfase, la AEAT, que en la actualidad cuenta con 25.400 empleados, se plantea como objetivo crecer entre un 6 y un 10% en los próximos años.