Bruselas avisa de la necesidad de mejorar el control en la contratación pública tras la entrada en vigor de la nueva Ley
Esta semana se ha conocido la sentencia del 'caso Gürtel' que da por demostrado un intercambio de favores fraudulento y estructural entre empresarios y políticos del PP; ha entrado en prisión el expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales en el 'caso Erial' y ha sido imputado por malversación el actual secretario de Estado de Hacienda. El problema de la corrupción política y económica en España ha llegado a ser de una gran intensidad en las últimas décadas. Para la Comisión Europea, si bien la situación ha mejorado, no se puede dar por superada.
“Se ha avanzado en la transparencia de la financiación de los partidos, así como en las declaraciones de patrimonio y los conflictos de intereses. La actividad empresarial también se ha beneficiado de los avances en la lucha contra la corrupción, si bien sigue habiendo problemas en este ámbito”, aseguran las recomendaciones a España del pasado miércoles relativas al Programa Nacional de Reformas de 2018.
Para mejorar en lo posible el panorama, las instituciones europeas llevan varios años reclamando al país que mejore los mecanismos de vigilancia sobre la contratación de las administraciones. Y a pesar de aprobar el pasado noviembre una nueva ley de contratos del sector público con la transposición de directivas europeas, las advertencias continúan.
“La nueva legislación (en la que reconocen avances) solo podrá mejorar la eficiencia y la transparencia de la contratación pública si se aplica de forma rápida y ambiciosa mediante el establecimiento de la nueva estructura de gobernanza y la mejora de los mecanismos de control de los procedimientos de contratación pública en todos los niveles de gobierno”, asegura la Comisión.
En particular, recalcan que la futura estrategia nacional de contratación pública “deberá especificar los controles previos y posteriores que deberán realizar las nuevas estructuras”.
La ley que ha entrado en vigor este mes de marzo pretende poner coto a prácticas que facilitan la corrupción con la eliminación de procedimientos negociados por precio, el incremento de la transparencia o la creación de un organismo para la vigilancia. Pero la reforma de la anterior norma para adaptarse a la Unión Europea tiene lagunas más que preocupantes que se disparan con las confesiones e investigaciones abiertas con los casos Gürtel y Taula.
La nueva ley de contratos permite modificaciones de obra de hasta el 15% del total sin ninguna justificación. Hasta la fecha estos sobrecostes se debían aclarar a la administración contratante demostrando las circunstancias sobrevenidas, aunque en los casos bajo sospecha hubiera una falta de control absoluta.
Los costes económicos de la corrupción
La Comisión Europea recalca que “las mejoras en la calidad de las instituciones podrían impulsar la confianza en la economía española y aumentar los beneficios derivados de las medidas adoptadas para reforzar el crecimiento de la productividad”.
Hay diferentes estudios sobre el coste económico que supone la corrupción y cómo afecta a la productividad de un país. Un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) situó la cifra en 47.500 millones de euros en España, un 4,6% del PIB, tanto por desviaciones al alza en contratos públicos como por ineficacia asociada. “Cuando la competencia falla hay invariablemente una pérdida de eficiencia económica y un innecesario desaprovechamiento de recursos públicos, siempre escasos y costosos”, afirmaban.
Otro informe del Parlamento Europeo encuentra que la corrupción lleva a perder un volumen de dinero público en España de entre un 0.08% del PIB (unos 9.000 millones) y un 9.58% (unos 97.000 millones), en función de la metodología.
Según el estudio de la Eurocámara “la corrupción es un fenómeno con consecuencias significativamente negativas para la UE y sus estados miembros. Los hallazgos, basados en nuevos análisis, sugieren que el coste de la corrupción en la UE oscila entre 179.000 y 990.000 millones de euros anuales”. Esta estimación incluye, entre otras cuestiones, un cálculo de las pérdidas de ingresos impositivos y de inversión nacional y extranjera.
“La corrupción debilita los mecanismos del mercado”, afirma este informe de 2016. Provoca que las actividades de inversión sean más costosas para las empresas, lo que reduce la rentabilidad y, por lo tanto, reduce el nivel general de inversión. Y tiene también un efecto perjudicial en la competencia, al disuadir a nuevas empresas de entrar en determinados mercados. “Esto es importante ya que la competencia se considera un importante impulsor de la eficiencia y la innovación en las economías modernas”.
Además, la corrupción podría afectar “la composición y el volumen de los gastos del gobierno”. Por ejemplo, el diseño del sistema impositivo y su implementación pueden estar dirigidos a permitir que los funcionarios públicos y los contribuyentes participen en actividades de corrupción y, por lo tanto, reduzcan los ingresos tributarios generales.
En cuanto a sus costes sociales y políticos, el Parlamento Europeo habla de una mayor desigualdad social, peores niveles de crimen organizado, baja calidad de la justicia, y una participación cada vez menor de la ciudadanía en los procesos electorales.
“La corrupción –definida ampliamente como 'abuso de poder para obtener ganancias privadas'– puede tomar muchas formas. Se ha demostrado que socava el estado de derecho, conduce a la prestación ineficiente de servicios públicos y corroe el instituciones y fundamentos de la democracia”, concluyen.
