La senda de estabilidad en la que se basarán los presupuestos pasará su primer examen este jueves en el Congreso

El Congreso debate y vota este jueves la senda de déficit y deuda pública que el Gobierno ha calculado para este año y para el periodo 2021–2023, objetivos más flexibles que los actualmente en vigor. Se trata del primer paso por el Parlamento del armazón de los Presupuestos Generales del Estado para este año. En el trámite para 2019, el rechazo a la senda de estabilidad, que ni siquiera logró el apoyo de los socios de Pedro Sánchez en la moción de censura, fue un preludio de la caída de los Presupuestos, que a su vez precipitó la convocatoria de elecciones generales. De todos modos la senda de 2019 iba a ser tumbada en el Senado, donde entonces el PP tenía mayoría absoluta. Precisamente, este martes el Congreso dio el primer paso para eliminar esa posibilidad de veto de la Cámara Alta.

Para salir adelante, los objetivos tienen que obtener mayoría simple en el Congreso (más síes que noes). El Gobierno confía en sacar adelante el primer paso para conseguir aprobar los Presupuestos gracias a al menos la abstención de ERC y si JxCat pretende que la mesa de negociación entre los Ejecutivos de Madrid y Barcelona tengan continuodad. El resultado de la reunión entre el Gobierno central y la Generalitat invitan a creer que ambas formaciones no votarán en contra de la senda de déficit y deuda pública, pese a que el presidente de la Generalitat, Joaquím Torra, declaró al final de la primera reunión: “Lo que si nos hemos conjurado es que le damos mucha importancia a esta mesa como para aislarla del resto de temas”.

Este miércoles, el portavoz de esa formación, Gabriel Rufián ha estado en la zona de Gobierno en el Congreso, de nuevo acompañado de Adriana Lastra, y han abordado ese asunto, aunque la decisión se comunicará en el último momento. Fuentes de ERC reconocen que es factible que el resultado sea el apoyo a los objetivos de déficit dado que enmarcan este encuentro en una primera toma de contacto.

Esta vez, Unidas Podemos es parte del Gobierno, por lo que el grupo parlamentario claramente votará, junto al PSOE, a favor de estos límites de déficit y deuda, con los que a su vez se ha configurado el techo de gasto con el que se pretenden elaborar un presupuesto que sustituya al aún vigente, diseñado por Cristóbal Montoro. El Gobierno cuenta con que tendrá los apoyos que tuvo Sánchez en su investidura (PNV, PRC, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe) y también con el de Coalición Canaria frente al anunciado 'no' de PP, Ciudadanos y Vox. En el caso de las formaciones con las que los socialistas alcanzaron acuerdos para la investidura, Montero ha recordado que buena parte de los pactos conllevaban medidas presupuestarias por lo que considera que este primer paso debe ser secundado.

También son necesarios los aliados de la investidura de Sánchez. El PSOE se ha reunido con Bildu, que ha abierto la puerta a facilitar la medida. “Históricamente nos hemos negado a apoyar los techos de gasto porque conculca la autonomía de los ayuntamientos. Estamos valorándolo y veremos a ver qué pasa”, ha dicho la portavoz, Mertxe Aizpurua, antes de verse con Adriana Lastra y Rafael Simancas. La vicesecretaria general del PSOE se ha mostrado convencida, no obstante, de que le darán los números: “Estamos trabajando intensamente para que salga adelante y estoy convencida de que saldrá”.

El BNG ha decidido en el último momento denegar su apoyo a la senda de déficit que plantea el Gobierno de coalición, aunque su negativa no es determinante para inclinar la balanza para que tumbe la iniciativa.

Una de las personas que estuvo en esta mesa será la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Este miércoles ha recordado a ERC y JxCat que para hacer posible que continúe el diálogo sobre Catalunya que se abre esta tarde “este Gobierno tiene que tener estabilidad y el principal instrumento para la estabilidad son los Presupuestos”.

Si la senda pasa la votación parlamentaria, al Ejecutivo le tocará presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 para poder iniciar un trámite que suele prolongarse tres meses. A finales de marzo o principios de abril el Gobierno debe mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas. El proyecto deberá amoldarse al techo de gasto ya aprobado (y que no se somete a votación parlamentaria) y que es de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que el año pasado.

El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad. Fue en esta votación cuando cayó el presupuesto de 2019, y con él el anterior gobierno de Sánchez. Si esta vez sale adelante, se abrirá la fase de negociación de las enmiendas parciales, donde seguramente deberán tener cabida algunas de las reivindicaciones de grupos minoritarios con los que Sánchez debió comprometerse para conseguir su voto en la investidura. La intención es que los nuevos presupuestos estén en vigor este verano.

Cohesión, justicia social, lucha contra la desigualdad

Según explicó en una reciente comparecencia parlamentaria Montero, las señas de identidad de las cuentas públicas serán “la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad”, respetando los compromisos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit público de la UE.

El modelo de crecimiento, según dijo, estará basado en la inversión en I+D+i y en la transición ecológica justa. Otro pilar fundamental será la política social, con una mayor inversión en materias como la dependencia, la pobreza infantil y el acceso a una vivienda digna. El compromiso del Gobierno en la lucha contra la desigualdad también se reflejará en los PGE mediante un mayor énfasis en los programas destinados a eliminar la brecha salarial o en políticas que avancen en la conciliación laboral y familiar y en recursos para combatir la violencia de género.

Por primera vez las cuentas públicas incorporarán un informe orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, otro al impacto de género y un tercero a las políticas de infancia, juventud y familia.