El fichaje de Sáenz de Santamaría por Cuatrecasas busca un revulsivo tras la caída de facturación de la firma
En 2017 el bufete Cuatrecasas cumplía cien años con un acto de celebración en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. En un mundo donde las relaciones son parte esencial de los negocios, entre los invitados del centenario estaba el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá. El ministro solo tuvo loas para una organización compuesta por 1.000 abogados en una plantilla de más de 1.580 personas y presencia en 12 países, que cerró el año de su centenario con una facturación de 247 millones de euros.
Catalá clausuró el acto parafraseando a John Fitzgerald Kennedy, quien dijo “ninguna organización es mejor que los hombres que la integran”. El ministro hacía un ejercicio de amnesia o de blanqueo al olvidar que el presidente de honor de la firma y perteneciente a la familia fundadora, Emili Cuatrecasas, había sido condenado en 2015 a dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros por ocho delitos fiscales tras conseguir un pacto de conformidad con la Fiscalía.
El impacto reputacional sobre la firma fue demoledor, aunque Emili Cuatrecasas había cedido la presidencia del bufete al consejero delegado, Rafael Fontana, en el verano de 2014. La realidad es que la facturación del bufete se despeñó en 23 millones en 2017, respecto al año anterior, en un bufete donde la hora de asesoramiento se llega a facturar por más de 600 euros. La necesidad de un revulsivo para incrementar los ingresos es una realidad donde entra en juego el fichaje de Soraya Sáez de Santamaría como nueva socia del área mercantil y responsable del departamento de cumplimiento normativo corporativo y gestión de riesgos.
Pese a su salida abrupta, Cuatrecasas ha continuado como presidente de honor del despacho de abogados, tejiendo relaciones, gestionando una fortuna de 430 millones de euros a través de su sociedad patrimonial Emesa y haciendo supuestos servicios al Estado. El mismo año del centenario, el abogado junto a otros tres empresarios catalanes (Joaquim Coello, Juanjo López Burniol y Marian Puig) fletaba un avión privado en Barcelona para tratar de convencer al lehendakari, Íñigo Urkullu, para que presionara a Carles Puigdemont de que abandonase la deriva independentista.
De poco sirvió una renovación de la imagen que el bufete llevó a cabo en 2017 con el cambio del logotipo y la eliminación de los nombres Gonçalves, Pereira de la marca, fruto de la integración con el despacho portugués Gonçalves Pereira, Castelo Branco, con quien se fusionó en 2003. La absorción del bufete sevillano Olivencia en 2006 no supuso un cambio en la marca pero sí más cercanía al Partido Popular una vez que Macarena Olivencia, hija del fundador y esposa del dirigente popular Javier Arenas, se convirtió en consejera de la firma.
La pérdida de facturación del bufete en 2017 no le ha impedido mantener el segundo puesto en la clasificación de despachos de abogados en España, pese a que los 247 millones de ingresos suponen retrotaerse a 2015, año de la condena de Emili Cuatrecasas, cuando el bufete superó los 250 millones de facturación.
Ese año, último del que se conocen resultados, sus abogados de mercantil fueron los que más ingresos le aportaron a la firma: un 37,9% de la facturación, mientras que el área de financiero y tributario representa un 31% de los ingresos y el departamento de litigación y arbitraje supera el 22% de la facturación.
Bien relacionados en el mundo empresarial, en el año del centenario han trabajado como abogados en la salida a bolsa de Unicaja Banco, en la adquisición del 50% de las acciones de MIT Farma por Faes Farma y en la venta de las filiales mexicanas y españolas del negocio de brandies y vinos Domecq a Bodega Las Copas. En 2016 fue la firma que asesoró a Caixabank en la OPA sobre BPI, en la operación de venta de TeliaSonera en Yoigo o como abogados del Grupo Seat Volkswagen Audi en el escándalo del fraude de las emisiones, entre otras.
La condena de Emili Cuatrecasas no ha sido el único escándalo que envuelto a la firma de abogados. En marzo de 2018, el exsocio del bufete Julián García Rubí admitió ante el juez que lleva el caso Lezo que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le pidió a su cuñada Pilar Cavero, socia de honor de Cuatrecasas, que redactara un informe negativo sobre la adquisición de Inassa por el Canal de Isabel II para utilizarlo en su pugna contra Alberto Ruiz Gallardón por el poder del PP en Madrid.
