Empeoran dos de los cuatro indicadores que utiliza el Gobierno para medir la pobreza energética
Dos de los cuatro indicadores que utiliza el Gobierno para definir las diferentes tipologías de pobreza energética empeoran, según la primera actualización de esos datos que el Ministerio para la Transición Ecológica ha llevado a cabo desde la aprobación, el pasado 5 de abril, de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética.
Tanto la denominada pobreza energética escondida como el indicador basado en el porcentaje de la población que no puede calentar su casa a una temperatura adecuada en invierno sufrieron un deterioro en 2018. Este último indicador, recogido en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, repuntó en 2018 por primera vez tras los descensos del periodo 2015-2017. El año pasado, un 9,1% de la población estaba en esa situación, que en 2017 afectaba al 8%, unos 3,7 millones de personas.
“Los datos de 2018 del Indicador de Temperatura inadecuada en la vivienda en invierno rompen la tendencia decreciente observada durante los últimos años. Así, más de 4 millones de personas no son capaces de mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante los meses de invierno”, señala el informe de Transición Ecológica.
Las comunidades con mayor población en esa situación son Extremadura (17,9%), Castilla-La Mancha (14,7%), Andalucía (13,4%) y Murcia (13%), si bien esta última ha logrado reducir ese porcentaje en 1,8 puntos respecto a 2017. Solo “se observa una clara mejoría entre la población en la zona climática A”, (que comprende algunas zonas costeras de Andalucía y Melilla). “El resto de zonas empeoran”, reconoce el Ejecutivo.
Por su parte, la pobreza energética escondida, que mide el porcentaje de hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional y se calcula a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, afectaba en 2018 al 11% de los hogares, frente al 10,7% de un año antes.
En este caso, el Ejecutivo ha llevado a cabo un cambio metodológico por el que los resultados se muestran dividiendo el gasto energético de cada hogar por el número de unidades de consumo, “evitando así la distorsión producida al comparar hogares heterogéneos en cuanto al número de sus integrantes”.
El cambio “se ha traducido en una disminución de un punto porcentual de media en el periodo” (con la anterior metodología, este indicador se habría situado en el 11,7% de los hogares en 2018 y en el 11,5% en 2017), “si bien se mantiene el escenario tendencial del indicador”.
“Al igual que en el año anterior, los hogares en los que la persona principal se encuentra en situación de desempleo, y los hogares pertenecientes al primer quintil de renta [el más bajo] registran mayores proporciones de pobreza energética escondida”, expone el estudio. Por régimen de tenencia de la vivienda, las más afectadas son las de renta antigua (21,51%). En 2017, la mayor incidencia se registraba en las viviendas en régimen de “cesión gratuita” (23,75%).
Sí “se consolida la mejora” del indicador que mide el retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda, un problema que afecta al 7,2% de la población, lo que equivale a 3,4 millones de personas, frente al 7,4% de un año antes. “Los datos de 2018 confirman la tendencia decreciente de este indicador, iniciada en 2014”, destaca el informe. La mejora de 2018 coincide con la ampliación del bono social que llevó a cabo el Gobierno hace un año.
También mejora el indicador de gasto desproporcionado en energía, que mide el porcentaje de hogares cuyo gasto energético sobre los ingresos es superior al doble de la mediana nacional. Pasa del 17,3% al 16,9% y “se rompe la tendencia creciente observada durante los últimos años”. En 2017, afectaba, según indicó en abril Transición Ecológica, a 8,1 millones de españoles.
Si se analiza este indicador con “un enfoque más estructural”, calculado respecto a la media de medianas de los últimos 5 años, se “confirma la tendencia creciente iniciada en 2016”, destaca el informe, que subraya que “este indicador adaptado presenta un enfoque más estructural y permite abordar el estudio del gasto desproporcionado a medio plazo, eliminando la distorsión asociada a circunstancias que pudieran estar relacionadas con un año concreto”.
Equipamientos deficientes
Por tipo de hogar, el gasto desproporcionado en energía afecta a casi un tercio del colectivo de personas solas mayores de 64 años. “Esta situación puede responder a la coexistencia de bajos ingresos con equipamientos y aislamientos deficientes”, dice el informe, que destaca que “los ingresos de los hogares juegan un papel fundamental en el análisis de este indicador”, de forma que “más del 45% de las familias localizadas en el primer quintil de renta presentan un gasto desproporcionado”.
“Los hogares con gasto desproporcionado de los últimos quintiles de renta no necesariamente responderían a un perfil de pobreza energética, sino que pueden ser hogares con mayor equipamiento consumidor y/o hábitos de consumo poco responsables”.
La estrategia aprobada en abril ofreció por primera vez en España una definición oficial sobre la pobreza energética, a la que se identificaba como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.
