“Hay que blindar en la Constitución la subida de pensiones según el IPC”

Nacho Álvarez (Madrid, 1977) es secretario de Economía de Podemos y profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Es una de las personas que está elaborando el programa electoral de la formación morada de cara a las elecciones generales del 28 de abril, del que se van conociendo detalles. Propone poner el foco en una economía verde que incluya la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica. Defiende el blindaje constitucional de la revalorización de las pensiones por IPC y la jornada de 34 horas semanales: “A las 5 de la tarde donde hay que estar es recogiendo a los críos del cole, en el parque o disfrutando del ocio. No tienen sentido jornadas laborales interminables como las que abundan en nuestra economía”. 

Del lado de los ingresos, además de subir el IRPF a las rentas más altas y crear un impuesto a las grandes fortunas, otra de sus propuestas daría un vuelco a la manera en la que se recauda el impuesto de Sociedades: limitar a cuatro años el plazo con el que cuentan las empresas para poder deducirse los llamados “créditos fiscales”, considerados uno de los principales agujeros recaudatorios en este tributo.

Se trata de una especie de “bolsas de pérdidas” que generan las empresas (sobre todo bancos y eléctricas), y que ascienden a 100.000 euros. Con ellas pueden ir reduciendo el pago de Sociedades a futuro, actualmente “sine die”, por haber tenido pérdidas pasadas, sobre todo durante la crisis. También provienen de provisiones y aportaciones a planes de pensiones de empleados. Según la AIReF, este esquema es uno de los causantes más relevantes de la caída de ingresos en Sociedades, único impuesto que no se ha recuperado desde la burbuja inmobiliaria (los ingresos entre 2007 y 2018 han caído un 44,59%, de 44.823 a 24.838 millones a pesar de que este último año se ha registrado una recaudación récord gracias al resto de impuestos). 

El tema de las pensiones ha entrado en campaña. El agujero de la Seguridad Social es cada vez mayor, ¿cómo solventarían este déficit? ¿Creen que debería haber algún factor de sostenibilidad?

Debemos garantizar la sostenibilidad financiera pero también la sostenibilidad social de nuestro sistema de pensiones. La reformas del 2011 y 2013 hicieron hincapié en lo primero, pero a costa de recortar las prestaciones presentes y futuras. En un país donde dos de cada tres pensionistas cobran pensiones inferiores a los 950 euros no nos podemos permitir eso: las pensiones deben de actualizarse, por ley, con el IPC y debe derogarse el factor de sostenibilidad (que reduce las prestaciones en el momento de jubilarse).

La prioridad es incorporar nuevos ingresos a la caja de la Seguridad Social. Esto exige terminar con la precariedad laboral y garantizar salarios decentes: con salarios basura solo tendremos cotizaciones basura. Con los salarios que teníamos antes de la crisis, al nivel de empleo actual, la caja de la Seguridad Social estaría recaudando 5.000 millones de euros más al año. Además debemos quitar el tope actualmente existente en las cotizaciones de los salarios superiores a los 3.500 euros, y eliminar las deducciones empresariales a la Seguridad Social –salvo para colectivos muy concretos– que todos los años nos cuestan 3.000 millones de euros y que no sirven para crear empleo.

Ustedes proponen rebajar la edad de jubilación ¿a qué edad creen que debería producirse? ¿qué debe pasar con las pensiones de viudedad?

Nuestro sistema de pensiones debe permitir que la gente se jubile después de tener 35 años cotizados, lo que facilitaría que la edad de jubilación no se siga ampliando como está previsto actualmente. Además, el foco debe ponerse en las pensiones más bajas –las pensiones mínimas y las de viudedad–, que deberían elevarse hasta alcanzar el umbral de ingresos que hemos propuesto en nuestra ley de Renta Garantizada (600 euros para hogares unipersonales, y 900 para hogares de dos personas).

¿Qué quieren decir cuando hablan de “blindar” las pensiones en la Constitución?

Que se debe constitucionalizar de forma expresa la garantía de que las pensiones se actualizarán por ley según el IPC.

También proponen contratos mínimos de un mes, pero ¿cómo se resolverían campañas como la de navidad?

La reforma laboral del 2012 no puso freno al fraude asociado a la temporalidad. Al contrario, ha seguido aumentando: en 2018 más de 6 millones de contratos fueron inferiores a siete días. Por eso vamos a plantear la transformación de los contratos temporales en indefinidos, y que se mantenga sólo una figura muy acotada y justificada para la contratación temporal, con al menos un mes de duración y un máximo de seis meses. Aquellas empresas que necesiten contratos inferiores siempre podrán usar los servicios de una Empresa de Trabajo Temporal, que en todo caso deberán mantener a los trabajadores de sus plantillas con contratos indefinidos.

Otra de sus propuestas es la jornada de 34 horas. ¿Evitaría tantas jornadas reducidas? ¿Puede explicar qué quiere decir que no iría acompañada de una bajada en el salario, sino que el Estado aportaría la diferencia “con cargo al derecho de los trabajadores a cobrar el subsidio de desempleo en el futuro”?

Planteamos una reducción general de la jornada laboral a 34 horas para impulsar la racionalización de horarios, la conciliación laboral y la reorganización de los trabajos de cuidados en nuestro país. A las 5 de la tarde donde hay que estar es recogiendo a los críos del cole, en el parque o disfrutando del ocio. No tienen sentido jornadas laborales interminables como las que abundan en nuestra economía.

Y esta reducción de la jornada ha de hacerse sin reducción salarial: debemos retomar una tendencia que se ha dado en las economías desarrolladas en los últimos 150 años, y que se frenó en los años ochenta. Otra cosa distinta son los ajustes en periodos de crisis. Puntualmente, en momentos de reducción de la demanda y para evitar despidos o reducciones salariales, la flexibilidad interna en las empresas debe permitir ajustes en la jornada laboral con cargo al subsidio de desempleo futuro de los trabajadores. Este modelo -que se utiliza en Alemania- se ha demostrado útil para evitar tanto despidos como rebajas salariales en periodos de crisis. Pero se trata en todo caso de un uso puntual en periodos de crisis.

Recientemente ha habido noticias sobre las indemnizaciones que ha pagado Podemos a los trabajadores que ha despedido (20 días en algunos casos, 12 en otros). Esto choca con las propuestas legislativas planteadas por la formación, ¿no supone una cierta incoherencia?

En el equipo económico de Podemos no llevamos estos temas, que tienen que ver con la gestión interna de recursos humanos. En todo caso, Podemos trabaja por cambiar la regulación laboral actualmente existente, pero como cualquier otra entidad u organización Podemos también debe atenerse a lo que marca la ley.

Convergencia de la tributación del trabajo y el capital

Hablan de subir el IRPF a quienes ingresen más de 100.000 euros anuales. ¿Cuál es el tipo máximo que proponen?

Propondremos una subida del tipo al 47% para rentas superiores a los 100.000 euros, y hasta el 55% para rentas superiores a los 300.000 euros. En todo caso, el debate relevante aquí es acercar los tipos nominales de los tipos efectivos. Para ello hay que eliminar ciertos privilegios fiscales –en forma de deducciones– de los que se benefician, fundamentalmente la rentas más altas. 

¿Qué le parece la dualidad entre rentas de capital y trabajo? Proponen elevar las primeras, pero ¿cree que deben equipararse del todo en algún momento?

Es necesario hacer converger progresivamente la tributación de las rentas del trabajo y del capital, puesto que el 80% de la recaudación por IRPF proviene de las primeras. La equiparación total no existe en ningún país europeo en este momento, pero sin duda en España hay margen para una subida de la tributación de las rentas del capital, y para eliminar los mecanismos de elusión fiscal que estas rentas utilizan.

Respecto del Impuesto de Sociedades, ¿cómo abordan, más allá de deducciones, la reducción de bases imponibles partiendo del beneficio de las empresas?

En especial por exención de dividendos por doble imposición internacional. En nuestro programa proponemos establecer un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15%, que sería del 20% para las entidades financieras. Después de la aplicación de deducciones fiscales, las empresas no podrían tener un tipo efectivo inferior a ese umbral. Esto afectará fundamentalmente a las grandes empresas. Para las pymes que facturan menos de 1 millón de euros proponemos reducir el tipo nominal del 25% al 23%.

La exención de dividendos por doble imposición internacional debe regularse, y permitirse sólo en el caso de que las empresas hayan tributado al menos un 15% efectivo en otros países, para desincentivar el uso de paraísos fiscales. Francia y Alemania tienen regímenes de exención por doble imposición más sensatos, y en esa dirección deberíamos movernos.

¿Cree que habría que ajustar los plazos de prescripción y de aplicación de deducciones y bases negativas para no dejar ejercicios fuera de control por Hacienda?

Sin duda, deben regularse los actuales plazos legales de compensación de las bases imponibles negativas: hoy las grandes empresas, en particular el sector financiero, acumulan más de 100.000 millones de créditos fiscales, lo que permitirá que estas empresas difieran de forma indefinida el pago de sus impuestos, salvo que se fije un límite en la utilización de este mecanismo fiscal. Nosotros proponemos un límite de 4 años.

¿Y qué piensan hacer con Sucesiones y Donaciones?

En primer lugar este impuesto ha de ser más progresivo, para ser más justo y fomentar una verdadera igualdad de oportunidades. Además, deben facilitarse cuotas reducidas y el fraccionamiento del pago en los momentos en los que se produce la herencia.

Sorprende en todo caso donde está instalado el debate en nuestro país: mientras los liberales en el Reino Unido piden un impuesto de sucesiones que grave las grandes herencias y garantice la igualdad de oportunidades, Partido Popular y Ciudadanos acuerdan con Vox en Andalucía reducirlo para las herencias superiores a 1 millón de euros. En nuestro país el liberalismo siempre ha estado sometido al pensamiento reaccionario.

Hace poco Pablo Iglesias hablaba de establecer un impuesto que las entidades pagarían en función del dinero del rescate, ¿esto implicaría tipos distintos según entidad? Y ¿pagarían en función de las cajas absorbidas?

Aquí no hay cambios en nuestra propuesta. Seguimos manteniendo un impuesto a la banca, en forma de recargo de 10 puntos en el tipo de Sociedades, para todas las entidades del sector. Todos los bancos se beneficiaron directa o indirectamente del rescate financiero, y por eso todos ellos pensamos que deben de colaborar en la devolución progresiva de este rescate. Las cajas saneadas con dinero público fueron después adquiridas como auténticos chollos de mercado por los bancos privados.

Impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas

En materia impositiva pensamos no obstante que el debate ha de centrarse no tanto en la tributación de la renta, sino en la tributación de la riqueza. Por eso vamos a plantear la creación de un nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas que grave los patrimonios netos por encima del millón de euros, con un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros.

El tipo será del 2% para patrimonios de más de 1 millón, del 2,5% para patrimonios superiores a los 10 millones, 3% para los de más de 50 millones y 3,5% para los patrimonios de más de 100 millones. Recaudaría unos 10.000 millones de euros y la mayor parte de esta recaudación recaería en los 1.000 grandes patrimonios del país. Es un impuesto muy similar al que propone Piketty en la UE, o al que ha propuesto la senadora estadounidense Elizabeth Warren.

Vicepresidencia de Transición Ecológica

Sugieren además una baja de paternidad-maternidad de seis meses. ¿Con qué configuración? ¿Se podría coger durante el primer año? 

Hasta ahora nuestros esfuerzos se han centrado en garantizar la equiparación de los permisos de paternidad y los de maternidad, para impulsar el reparto de cuidados en las familias y evitar la discriminación laboral que sufren las mujeres en el mercado de trabajo. Una vez que esta equiparación ha sido ya aceptada socialmente, pensamos que se debe legislar su inmediata entrada en vigor, y poder avanzar así hacia permisos de paternidad y maternidad de 24 semanas al final de la próxima legislatura.

La obligación de simultanear el permiso debe mantenerse en dos semanas, y debe seguirse utilizando a tiempo completo sin necesidad de acuerdo por parte del empleador. 

Uno de los grandes retos políticos y económicos es el de cómo reducir la contaminación. ¿Cuál es su propuesta para ello?

Efectivamente, la contaminación es un problema de salud pública muy importante: 30.000 personas mueren al año nuestro país de forma anticipada por enfermedades respiratorias derivadas de esta contaminación, la elevación de la temperatura es muy preocupante porque no tenemos un planeta de repuesto. Por ello, la principal prioridad de la política económica para Podemos en este momento es implementar un amplio programa de inversiones que desplace nuestra economía hacia un horizonte verde, que reduzca drásticamente las emisiones. Esto exige un rápido avance hacia las energías renovables, la rehabilitación de 500.000 viviendas al año para mejorar su eficiencia energética y el desarrollo de la movilidad eléctrica.

En consonancia con este objetivo, proponemos crear una Vicepresidencia de Transición Ecológica que impulse este proceso, y un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Ecológica (BITTE) que garantice su financiación e implementación.

¿Cuál es su postura en el conflicto entre el taxi y las VTC?

El ministro Ábalos ha actuado de forma irresponsable trasladando una patata caliente a comunidades autónomas y municipios en el conflicto Taxi-VTC. Para avanzar en la resolución de este conflicto es fundamental que se cumpla la regla de proporcionalidad 1/30 fijada por la Ley. En todo caso este conflicto evidencia el futuro que está por venir: la digitalización de la economía entraña enormes oportunidades, pero ha de regularse para garantizar que se produce en beneficio de la mayoría social.

España llegó tarde la revolución industrial. Ahora no puede llegar tarde a la nueva revolución tecnológica. Por eso en nuestro programa proponemos la creación del Centro Nacional de Robótica Aplicada. El sector público debe actuar como vector emprendedor que garantice la innovación, elevando la inversión en I+D+i al 2% del PIB. Asimismo, y de forma paralela, el Estado debe regular un nuevo marco de relaciones laborales que evite que esta digitalización se traduce en precariedad. Los riders del siglo XXI tienen condiciones laborales parecidas a las de los jornaleros del siglo XIX, y esto no es tolerable.