Los dueños de las pipas Facundo vacían la sicav que crearon tras legalizar 11,2 millones en la amnistía fiscal

La familia Villagrá Blanco, propietaria del grupo palentino de aperitivos Facundo, está vaciando la sicav que crearon dos años después de legalizar en la amnistía fiscal de 2012 un patrimonio de 11,2 millones de euros que ocultaban al Fisco español en cuentas en Suiza.

Si otras grandes fortunas (entre ellas, multimillonarios que se acogieron a la amnistía y varios ex políticos del PP) están optando por liquidar estos instrumentos en vísperas del anunciado cambio legal que les espera para reforzar los controles y luchar contra el fraude fiscal, la sicav de los dueños de las pipas Facundo, Rodavi Capital, sigue activa, pero menguante.

El pasado jueves, la gestora de la sicav, Bankinter, comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “el pasado 27 de diciembre de 2019 se produjeron reembolsos equivalentes a un 64,7% del patrimonio existente al día inmediatamente anterior al reembolso”. Es la segunda operación de este tipo realizada por Rodavi, tras la que llevó a cabo el 11 de abril de 2019, cuando llevó a cabo reembolsos equivalentes al 45,39% de su capital.

Tras esa operación, y a cierre del tercer trimestre de 2019 (último dato disponible), el patrimonio de la sicav quedó reducido a 7,66 millones, frente a los 13 millones del cierre de 2018 y los 14,17 millones que llegó a tener a finales de 2017.

Rodavi, que en sus últimas cuentas anuales, de 2018, explicaba que “al cierre del ejercicio 2018 y 2017, una accionista, persona física, poseía acciones que representaban el 88,64%” de su capital (porcentaje que llegó a superar el 93% en 2014), se constituyó el 3 de noviembre de 2014, dos años después de la amnistía fiscal de los Villagrá Blanco.

Tal y como reveló en junio de 2016 la investigación de Los Papeles de la Castellana, con esa medida de gracia para los defraudadores la presidenta de esta sicav y una de las hijas de los fundadores del grupo Facundo, Rosa María Blanco, afloró un patrimonio de 10,96 millones pagando a Hacienda un 3%. Su marido, presidente de Facundo y expresidente durante 22 años de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, legalizó otros 262.762 euros.

Villagrá, cuya dimisión como presidente de la Cámara pidieron en vano PSOE y Podemos tras conocerse que se había acogido a la amnistía, fue el máximo representante de los empresarios palentinos hasta el pasado septiembre y en diciembre fue homenajeado con la medalla de oro de la Cámara de Palencia en un acto en el que estuvo arropado por, entre otros, el entonces alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco, y la presidencia de la Diputación de Palencia, la también popular Ángeles Armisén.

Villagrá, que también es consejero de esa sicav (el otro vocal es uno de los hijos del matrimonio y directivo de Pipas Facundo), hizo gala durante su largo mandato en la Cámara palentina de un discurso a favor de reducir el gasto público [“Hemos vivido un 30% por encima de nuestras posibilidades”, dijo en 2010], bajar impuestos o abaratar las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

“Que no se dé ni un solo paso atrás en la reforma laboral”, reclamó a finales de 2016, en un acto en el que también reclamó más carreteras, reforzar la línea de AVE para Palencia y un nuevo hospital para la capital de esa provincia.

Mayor control

La derogación de la reforma laboral es, precisamente, una de las medidas prometidas por el nuevo gobierno progresista cuyos ministros toman posesión este lunes, y que también tiene en el foco a las sicavs, que llevan años en el punto de mira de varias formaciones políticas.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos promete, dentro del paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal, “un mayor control” sobre ellas, otorgando “a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera”.

“Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)”, dice el acuerdo entre los socialistas y la formación de Pablo Iglesias.

Entre los requisitos que se establecen para crear una sicav están el tener un número de accionistas igual o superior a 100 y un capital mínimo de 2,4 millones de euros, entre otros, por lo que ese mayor control iría dirigido a aquellas sicavs en las que la mayoría de las acciones está en manos de un socio y el resto son los conocidos como 'mariachis', sin apenas participación.