El Gobierno acuerda reformar legislación laboral de los empleados públicos para impulsar el teletrabajo y reducir la temporalidad

El Ministerio de Función Pública, dirigido por Carolina Darias, ha anunciado este jueves que ha acordado con los responsables de las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos “impulsar la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público”, la legislación laboral de los empleados públicos, para “adaptarlo a las necesidades actuales”. Los objetivos principales, que destaca Función Pública, son “impulsar el teletrabajo y avanzar en la reducción de la temporalidad”.

Las tres administraciones públicas se han marcado de meta un plazo de dos meses para que la Comisión de Coordinación del Empleo Público elabore una propuesta de reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula los derechos y las condiciones laborales de los funcionarios y otros empleados públicos.

La conferencia sectorial ha recordado que la crisis del COVID-19 ha traído en muchos casos el teletrabajo a las Administraciones Públicas, apenas desarrollado hasta el momento no solo en el sector público, sino también en el privado.

La reforma de la legislación laboral de los empleados públicos pretende impulsar y regular el trabajo a distancia, que los responsables de Función Pública coinciden “en calificar como herramienta útil en las administraciones y un instrumento que facilita la conciliación de la vida personal, profesional y familiar, además de contribuir a la reducción del impacto medioambiental y, en tiempos de COVID, a la protección de la salud”, destaca el Ministerio.

Función Pública apunta que el fomento del teletrabajo “requiere impulsar la formación de empleados y empleadas públicas en la transformación digital, invertir en tecnologías de la información y mejorar las competencias digitales del personal”.

Endurecer las consecuencias de la temporalidad

“Todas las administraciones públicas, en mayor o menor medida, tienen un problema estructural de falta de plantillas estables, por la elevada temporalidad en el empleo público”, reconoce el Ministerio de Función Pública. “Un tercio de los empleados públicos tienen o han tenido un vínculo profesional temporal con la Administración pública, lo que se traduce en un elevado porcentaje de empleados públicos temporales”, añaden.

El Ministerio recuerda el pacto con los sindicatos de empleados públicos, en la época del ministro Cristóbal Montoro y que continuó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para reducir la temporalidad a través de planes de estabilización, pero que no ha cumplido la meta de reducir la proporción de empleo temporal en el sector público al 8%. De hecho, de media la temporalidad ha aumentado en este periodo. En el primer trimestre de año, el 27,5% de los trabajadores del sector público tenían contratos temporales, según los datos de la EPA. Más de uno de cada cuatro.

“Las administraciones públicas asumen el compromiso para reducir la temporalidad en el empleo público, impulsado los mecanismos de coordinación necesarios para desarrollar adecuadamente los procesos de estabilización”, se compromete el Ministerio dirigido por Carolina Darias.

La intención, añade Función Pública, es “evitar que se generen nuevas bolsas de empleo temporal, intensificando el control y la responsabilidad de los gestores”, por lo que el Ministerio se propone endurecer las sanciones. “Es el momento de abordar una revisión de la normativa básica estatal para reformular o endurecer las consecuencias del incumplimiento de las previsiones normativas en materia de control de la temporalidad”, recoge la nota del Ministerio.

La conferencia sectorial también se ha comprometido en “avanzar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. En la actualidad, pese a su obligación, hay muchas administraciones públicas que no cuentan con planes de igualdad.

La ministra Darias ha puesto como ejemplo el III Plan de igualdad entre mujeres y hombres, que impulsa la AGE (Administración General del Estado), con objetivos como “combatir los roles y estereotipos que están en la base de las desigualdades, eliminar brechas salariales y crear las condiciones para que la igualdad sea real, especialmente en los puestos directivos”. Según un estudio de la AGE, existe una brecha salarial del 5,2%.