El Gobierno contempla que las socimis empiecen a pagar un 15% en Impuesto de Sociedades sobre parte de su beneficio
El Gobierno ha aceptado tocar el régimen fiscal de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis), aunque el cambio, de producirse, no va a ser muy radical. Estos vehículos de inversión inmobiliaria en alquiler mantendrían un régimen fiscal diferenciado y ventajoso, pero empezarán a tributar un 15% de Impuesto de Sociedades en sus beneficios no distribuidos. Para ello tendrían que salir adelante los acuerdos con Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019, y después aprobarse estas cuentas en el Parlamento.
Estas sociedades de inversión inmobiliaria, que para los sindicatos de inquilinos explican en parte la subida desbocada de los precios de los alquileres al haber hecho de éstos su principal negocio, están en la actualidad exentas del pago del Impuesto de Sociedades en las rentas obtenidas en su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) y tienen una fuerte bonificación (95%) en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Las socimis disfrutan el régimen especial de tributación de las Instituciones de Inversión Colectiva, y seguirán pagando un gravamen del 25% por las rentas que perciben en otro tipo de actividades distintas al alquiler y renta de inmuebles, aunque es en esta última donde está el grueso de su negocio.
En cuanto a la aplicación de un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades (que es lo que hasta ahora estaba exento y cambiaría, según los planes que han explicado fuentes de la negociación a eldiario.es), afectará, en principio, al 20% de sus beneficios, aquellos que no se distribuyen (están obligadas a hacerlo con un 80%).
“Avance en la buena dirección”
Carlos Sánchez Mato, de IU, es parte del equipo económico del grupo confederal Unidos Podemos. Considera “absolutamente vergonzosos” los privilegios fiscales de los que disfrutan las socimis, y que en este año 2018 tendrá un impacto para el erario público de casi 261 millones de euros por impuesto no recaudado. Un “regalo” con “poco más de un centenar de beneficiarios”, denuncia.
“Nuestra exigencia es que el beneficio no distribuido quede sometido al tipo general del impuesto de sociedades, con un tipo efectivo de, al menos, el 20%” (cinco puntos por encima del que, al parecer, el Gobierno está dispuesto a asumir). En todo caso, vería “un avance en la buena dirección” el establecimiento de gravamen, aunque sea menor. “Eso sí, tardío y que supone el reconocimiento por parte del gobierno del PSOE de la errónea e insolidaria medida adoptada en su momento”.
Un crecimiento que dobla al del IBEX
Aunque se crearon en 2009, no fue hasta 2013, en plena debacle del mercado inmobiliario, que se flexibilizaron los requisitos para crear estos vehículos y su fiscalidad. Ese primer año nacieron dos socimis, y su registro se ha ido acelerando hasta las 66 a día de hoy. La mayoría cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Cinco de ellas (Colonial, Merlin, Hispania, Axiare y Lar) son las mayores y están en el Mercado Continuo.
Estas cinco últimas registraron un beneficio conjunto de 2.385 millones de euros en 2017, un 69,8% más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento de estas sociedades dobla al del IBEX. Este año ha empezado a cotizar Témpore, la socimi de la Sareb (el “banco malo”), con una cartera de 1.553 pisos y un valor bruto de activos de 175 millones.
Las socimis se dedican a “a inversión, directa o indirecta, en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, incluyendo tanto viviendas como locales comerciales, residencias, hoteles, garajes u oficinas entre otros”. Comenzaron estando mayoritariamente en manos de inversores extranjeros, pero cada vez tienen más peso los grandes patrimonios nacionales, según los expertos del sector. Su funcionamiento consiste en la captación de financiación a través de inversores, institucionales o minoristas, para la inversión en bienes inmuebles que se destinen al mercado de alquiler. Aunque comenzaron centradas en la inversión en oficinas, locales comerciales y hoteles, desde 2017 pusieron el foco en la vivienda.
Con un mínimo de 5 millones de capital social, su balance debe estar formado al menos en un 80% por activos inmobiliarios destinados al arrendamiento, que deberán permanecer en alquiler durante, al menos, tres años. Están exentas del impuesto de sociedades pero tienen la obligatoriedad de repartir anualmente dividendos (por el que los accionistas sí tributan). Además, hay exenciones en actos jurídicos documentados; impuestos municipales y de plusvalía.
