La Inspección de Trabajo mandará 85.000 cartas a empresas para perseguir contratos fraudulentos
Nueva campaña contra los abusos de las empresas en los contratos a tiempo parcial y temporal de sus empleados. El Gobierno en funciones ha anunciado este viernes la puesta en marcha de dos nuevos planes de choque de la Inspección de Trabajo contra estas formas de fraude en la contratación, que se desarrollarán entre finales de agosto y diciembre de 2019 y que repite la estrategia de la campaña específica que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado. La autoridad laboral mandarán unas 85.000 cartas a empresas en las que detecte presuntas irregularidades, un 4% más las enviadas en la campaña del año pasado.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha sido la encargada de anunciar estos dos nuevos planes de choque. Valerio ha agradecido la labor de la Inspección de Trabajo, cuyos sindicatos acaban de denunciar la falta de recursos y la “patética negociación” del Gobierno sobre su órgano director.
Los nuevo planes de la Inspección que arrancan a finales de mes repiten la fórmula –aunque con más extensión– de las dos campañas específicas contra la temporalidad y parcialidad abusivas que el Ejecutivo socialista desarrolló entre agosto y diciembre del pasado año. En las campañas de 2018, se transformaron 61.445 contratos temporales fraudulentos en indefinidos –el 76% de los afectados por el plan– , y 8.824 personas con contratos abusivos a tiempo parcial vieron ampliar su jornada de trabajo –el 17,5% de los casos analizados–.
Aviso por carta cuando se detecta fraude
En una primera fase, la Inspección enviará cartas a empresas en las que ha detectado indicios de fraude en contratos temporales y a tiempo parcial. Entre los mecanismos para encontrar a estas compañías incumplidoras, la ministra ha señalado la herramienta informática de lucha contra el fraude.
Entonces, la autoridad laboral da un plazo de un mes a las compañías para que justifiquen el cumplimiento de la ley o para la regularización de los contratos de sus empleados.
En la segunda fase del plan, comprobados los casos en que no se haya realizado la regularización, las empresas “recibirán la visita de la Inspección”, ha explicado Magdalena Valerio, para analizar el caso y, “si es menester”, que la autoridad laboral levante acta de infracción contra las compañías que no cumplan la legislación laboral.
Estos nuevos planes de choque elevan en un 4% las empresas investigadas a través del envío de cartas, respecto a las mismas campañas del año pasado, pero incrementan mucho más el número de trabajadores afectados por esos presuntos fraudes. En total, se prevé alcanzar a 238.015 personas trabajadoras, “un 81,9% más” que en 2018, ha explicado la ministra en funciones.
Casi 127.000 empleos irregulares aflorados
La ministra de Trabajo también ha presentado este viernes el tercer informe semestral de Ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado en julio del año pasado, que analiza once meses de ejecución de esta estrategia con la que “309.058 personas han visto mejorar sus condiciones de trabajo”.
Valerio ha explicado que durante el periodo de aplicación del Plan Director –agosto 2018 a junio 2019– se han convertido en indefinidos un total 173.957 contratos temporales fraudulentos, “un 83%” que en el mismo periodo del año anterior. Según el informe de ejecución del plan, al que ha tenido acceso eldiario.es, 112.512 de estos empleos corresponden a actuaciones ordinarias de la Inspección y 61.445 contratos se transformaron como consecuencia del Plan de Choque de 2018.
Además, en este periodo se han ampliado las jornadas de trabajo de 36.694 personas con contratos a tiempo parcial abusivos (un 58% más que el año anterior), se ha dado de alta como asalariados a 32.067 falsos autónomos (se ha multiplicado por cinco) y se ha logrado aflorar 126.751 empleos irregulares (un 45% más).
La ministra de Trabajo ha destacado que en estos casos no solo se recuperan derechos de los trabajadores afectados por las irregularidades, sino que se evita la competencia desleal entre empresas incumplidoras y aquellas que respetan la normativa y se logra aumentar los recursos públicos de la Seguridad Social, gracias a la mayor recaudación en cotizaciones sociales.
En el caso de los empleos aflorados de la economía sumergida, Valerio ha subrayado que supone una recaudación para la Seguridad Social de más de 1.100 millones de euros (en concreto 1.146.598.162), un 32% más que en el mismo periodo del año anterior.
